Jurisprudencia

Selecci贸n de jurisprudencia (del 1 al 15 de febrero de 2017)

Dado que ha quedado constatado, con valor de hecho probado, que los trabajadores que no secundaron la huelga ese d铆a no llevaron a cabo funciones distintas de las que vienen siendo habitualmente, siendo funciones propias de su categor铆a, no cabe entender, por este lado, la concurrencia de una vulneraci贸n del derecho de huelga por esquirolaje interno. Utilizaci贸n de medios t茅cnicos no habituales. No hay duda de que la libertad del empresario, por lo que respecta a sus facultades de organizaci贸n y direcci贸n de los trabajadores, queda restringida por el ejercicio del derecho de huelga, mas no hay precepto alguno que, durante este ejercicio, proh铆ba al empresario usar los medios t茅cnicos de los que habitualmente dispone en la empresa para mantener su actividad. De otra parte, exigir al empresario que no utilice medios t茅cnicos con los que cuenta en la empresa supone imponerle una conducta de colaboraci贸n en la huelga no prevista legalmente. La utilizaci贸n de medios ya existentes en la empresa es compatible con el derecho de huelga y no puede extenderse, por v铆a anal贸gica, a este supuesto, la prohibici贸n prevista en el art铆culo 6.5 del RDLRT, que se refiere al empleo de los recursos humanos en la empresa, pero no a la utilizaci贸n de sus recursos materiales y tecnol贸gicos. Voto particular.

(STC de 2 de febrero de 2017, rec. n煤m. 1168/2014 )

Esta medida implica una discriminaci贸n directa y es contraria al derecho al mantenimiento y preservaci贸n de las condiciones de trabajo, ya que penaliza el ejercicio del derecho a la protecci贸n por maternidad, limitando, por tanto, la plenitud del mismo. Esta prohibici贸n de discriminaci贸n alcanzar铆a tambi茅n a los progenitores varones, bien por adopci贸n o acogimiento, bien por cesi贸n del permiso de maternidad,聽 por cuanto las medidas de protecci贸n del ejercicio de los deberes parentales se configuran como instrumentos de corresponsabilidad familiar que act煤an de mecanismos activos de igualdad de mujeres y hombres. En cualquier caso, es un hecho indiscutiblemente notorio que en nuestro pa铆s sigue siendo absolutamente mayoritario el uso de estos permisos por parte de las mujeres, por lo que, aun si se afirmara la neutralidad de la medida, en todo caso, la discriminaci贸n femenina se producir铆a por v铆a indirecta, por ser las mujeres las perjudicadas en un n煤mero mucho mayor que los hombres. En consecuencia, y para evitar toda discriminaci贸n y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los trabajadores que se hayan acogido a un permiso parental no pueden estar en una posici贸n de desventaja con respecto a los trabajadores que no se hayan acogido a tal permiso. Y, para que tal situaci贸n desfavorable no se produzca, no puede exigirse la presencia f铆sica de los trabajadores en el mes anterior al del abono de los incentivos, pues es este un requisito que la situaci贸n de permiso hace imposible.

(STS, Sala de lo Social, de 10 de enero de 2017, rec. n煤m. 283/2015)

Si la antigua contratista puede disminuir la plantilla por causas objetivas cuando durante la ejecuci贸n de la contrata se reduce su volumen y cuando esa reducci贸n opera en el pliego de condiciones de la nueva adjudicaci贸n, con mayor motivo puede la nueva contratista, que por imposici贸n convencional se subroga en el personal de la antigua, hacer lo mismo en el supuesto de que la reducci贸n de la contrata venga impuesta en el nuevo pliego de condiciones, minoraci贸n que no pudo hacer su predecesora al sobrevenir la reducci贸n con la nueva adjudicaci贸n.

(STS, Sala de lo Social, de 10 de enero de 2017, rec. n煤m. 1077/2015 )

Solo en el caso de reconocimiento de deuda ante un servicio administrativo de mediaci贸n, arbitraje o conciliaci贸n, o en el de acta de conciliaci贸n en un proceso judicial, cabe entender que es posible, por v铆a de excepci贸n, la interrupci贸n de la prescripci贸n frente al Fogasa, de modo que queda excluido cualquier otro supuesto, que pudo igualmente preverse en la norma y no se hizo, por lo que quedan fuera no solo los reconocimientos privados sino incluso los p煤blicos que no tengan el car谩cter de alguno de los antes referenciados. Procede la condena de la empresa a su abono declar谩ndose prescrita la responsabilidad del Fondo.

(STS, Sala de lo Social, de 21 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 1800/2015)

Este plazo de prescripci贸n de un a帽o se refiere a las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan se帽alado plazo especial, y se asientan en el derecho laboral, en tanto que la acci贸n ejercitada en el procedimiento de oficio por la Inspecci贸n de Trabajo sirve de presupuesto necesario para la aplicaci贸n de normas de la Seguridad Social, en cuyo campo ser谩 posible alegar u oponer la prescripci贸n cuando, como consecuencia de la sentencia estimatoria de la demanda de oficio, pueda proseguir su curso el expediente administrativo sancionador que ha quedado interrumpido con la admisi贸n de la demanda, seg煤n el art铆culo 148 d) de la LRJS. La prescripci贸n que en su caso pueda excepcionarse no ser谩 la prevista y regulada en el art铆culo 59.1 del ET, sino la que regula el art铆culo 21.1 c) de la LGSS, a cuyo tenor prescribe a los cuatro a帽os la acci贸n para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad Social.

(STS, Sala de lo Social, de 21 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 1778/2015)

La disposici贸n transitoria decimoctava de la LGSS es aplicable tanto a quienes en el periodo transitorio rompieron la relaci贸n matrimonial sin reconocimiento de pensi贸n compensatoria, cuanto a los que siendo titulares de ella, tambi茅n re煤nen los requisitos impuestos por el art铆culo 174.2 de la LGSS, pues si bien la finalidad de la transitoria es permitir el acceso a la pensi贸n a quienes 鈥揷on determinados requisitos鈥 no tienen reconocida compensatoria por causa de su separaci贸n o divorcio, no lo es menos que la finalidad de la reforma de la Ley 40/2007, origen de la transitoria, es retomar la situaci贸n de necesidad como base de la pensi贸n de viudedad, por lo que es contrario a esa finalidad que se privilegie a quien aparentemente carece de necesidad (el importe de la pensi贸n no tiene l铆mite en la compensatoria) frente a quien en principio la acredita (tendr铆a el l铆mite de su compensatoria). Sala General.

(STS, Sala de lo Social, de 22 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 1466/2015)

A efectos de la prestaci贸n de maternidad es situaci贸n asimilada al alta la de la trabajadora en los noventa d铆as siguientes a la baja en el sistema, incluso tras la promulgaci贸n del RD 295/2009. Tambi茅n cuando entre la extinci贸n de la incapacidad temporal por alta m茅dica y el inicio de la situaci贸n por maternidad no haya soluci贸n de continuidad, bien por producirse el alta m茅dica por incapacidad temporal y el inicio del descanso por maternidad el mismo d铆a, bien por tener lugar esta al d铆a siguiente de aquella.

(STS, Sala de lo Social, de 19 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 602/2015 )

Para determinar si se sobrepasa el umbral num茅rico del art铆culo 51.1 del ET y comprobar si, efectivamente, se hab铆a alcanzado aquel, el 贸rgano judicial no puede entrar a examinar si los contratos de trabajo afectados eran o no fraudulentos, pues es esta una cuesti贸n previa 鈥搎ue no cabe en el marco impugnatorio del art. 124 LRJS鈥 de la que habr铆a de depender que estuvi茅ramos o no ante un despido colectivo irregular (aquel que se produce al margen de que la empresa utilice el procedimiento del art. 51 ET) o de hecho (cuando la empleadora oculta su car谩cter colectivo). Por consiguiente, la competencia para conocer de la acci贸n de impugnaci贸n de la terminaci贸n del contrato de trabajo corresponde al Juzgado de lo Social a trav茅s del cauce de los art铆culos 103 a 113 y 120 a 123 de la LRJS. Sala General. Voto particular.

(STS, Sala de lo Social, de 22 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 10/2016 )

La incorporaci贸n por el trabajador en el recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina de sentencia firme del Juzgado de lo Social revocando el alta m茅dica, al considerar que era prematura por no tratarse de un proceso con secuelas definitivas sino susceptible de mejora, as铆 como una posterior resoluci贸n del INSS reconoci茅ndole en situaci贸n de incapacidad permanente total, implica que deba decretarse la nulidad de actuaciones aunque no haya existido infracci贸n procesal, ya que puede producirse indefensi贸n material del recurrente en virtud de una circunstancia sobrevenida que no le es imputable. Procede la nulidad de lo actuado desde que se dict贸 la sentencia de instancia a fin de que se dicte una nueva integrando los hechos probados con el contenido de los documentos incorporados.

(STS, Sala de lo Social, de 20 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 3522/2014)

  1. Declara la inadecuaci贸n del procedimiento respecto de varios trabajadores que discut铆an la regularidad de su readmisi贸n por cuestiones individuales (salario, antig眉edad, circunstancias personales o cuestiones acaecidas despu茅s de la constituci贸n del t铆tulo ejecutivo). Se estima parcialmente este motivo del recurso puesto que, por un lado, la ejecuci贸n colectiva de un despido colectivo impide el ejercicio de acciones individuales declarativas que, en el fondo, tienen la misma finalidad; y, por otro, la normativa vigente contiene instrumentos procesales para poder pronunciarse sobre estas cuestiones particulares en el seno de la ejecuci贸n colectiva, siempre que se refieran al hecho propio de la readmisi贸n o a circunstancias b谩sicas de la misma.
  2. Declara el desistimiento de varios trabajadores por cuanto que los mismos han llegado a acuerdos transaccionales homologados por la sala ejecutante. Pronunciamiento firme por no combatido.
  3. Declara la estimaci贸n parcial de la pretensi贸n ejecutiva referida a los trabajadores cuya readmisi贸n se produjo en centros distintos (alejados geogr谩ficamente) de aquellos en los que prestaban servicios y que fueron cerrados antes de la sentencia que estableci贸 la nulidad del despido colectivo. Se declara que la readmisi贸n fue irregular y, ante la imposibilidad de efectuarla en las mismas condiciones, se declaran extinguidos sus contratos de trabajo con derecho a la indemnizaci贸n por despido y a los salarios de tramitaci贸n calculados a la fecha del auto. Se confirma: a) No procede la readmisi贸n in natura al resultar imposible por estar los centros de origen cerrados, cierre ajeno al ejercicio del derecho de huelga y previo a la sentencia que declar贸 la nulidad del despido. b) No procede la indemnizaci贸n adicional por no haberse solicitado y no acreditarse perjuicios espec铆ficos derivados de la readmisi贸n irregular.
  4. Declara la estimaci贸n de la ejecuci贸n relativa a seis trabajadoras que prestaban servicios en el centro de Valencia y fueron readmitidas en el centro de Martorell. Se declara la irregularidad de la readmisi贸n y se ordena la readmisi贸n en el centro de Valencia, con abono de salarios de tramitaci贸n hasta a la fecha del auto. Pronunciamiento que qued贸 firme al no ser impugnado en esta sede.
  5. Declara la estimaci贸n parcial de la pretensi贸n ejecutiva interpuesta por CC. OO. respecto de trabajadores del centro de Fuenlabrada. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional estableci贸 la regularidad de la readmisi贸n, pero conden贸 a salarios de tramitaci贸n hasta la fecha del auto. Se confirma: a) La movilidad funcional que han sufrido los trabajadores con motivo de su readmisi贸n se considera v谩lida por cuanto que resulta plenamente adecuada a las previsiones del art铆culo 39 del ET y, por tanto, no constituye modificaci贸n sustancial de condiciones de trabajo. b) La readmisi贸n regular no impide la aplicaci贸n de las facultades directivas del empresario siempre que se ejecuten dentro de los l铆mites legales. No hay que olvidar que el centro de Fuenlabrada se reabri贸 como centro log铆stico y no como f谩brica, habi茅ndose ofrecido la readmisi贸n a todos los ejecutantes en los grupos profesionales y niveles retributivos previstos para sus antiguas categor铆as profesionales en el vigente convenio colectivo, respet谩ndoles retribuciones, jornada y horarios, pero no sus funciones, puesto que el centro ya no es una f谩brica, sino un almac茅n o centro de log铆stica. Sala General. Voto Particular.

(STS, Sala de lo Social, de 18 de enero de 2017, rec. n煤m. 108/2016 )

El precepto convencional no puede derogar en modo alguno el sistema de responsabilidades empresariales establecido en el art铆culo 44 del ET, porque una cosa es que convencionalmente se establezcan unos requisitos para que produzca efecto la subrogaci贸n y otra muy distinta que por el incumplimiento de una de las empresas puedan verse disminuidos los derechos de los trabajadores afectados por aquella, perdiendo las garant铆as salariales que les reconoce la norma estatutaria. Por ello, entiende la sala que ha de aplicarse el primer p谩rrafo del n煤m. 3 del citado art铆culo 44, a cuyo tenor, sin perjuicio de lo establecido en la legislaci贸n de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responder谩n solidariamente durante tres a帽os de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisi贸n y que no hubieran sido satisfechas. Y en este caso, dado que las cantidades reclamadas por la actora son anteriores a la transmisi贸n, la responsabilidad debe ser solidaria de las dos empresas demandadas, procediendo la estimaci贸n del recurso en este sentido. Que estamos ante una sucesi贸n empresarial se ve claramente como consecuencia de que concurre la transmisi贸n de una contrata de mera actividad y la entrante se hace cargo de la plantilla, por lo que deviene de aplicaci贸n el art铆culo 44 mencionado.

(STSJ de Castilla y Le贸n/Valladolid, Sala de lo Social, de 22 de junio de 2016, rec. n煤m. 1131/2016)

La amplitud conceptual del art铆culo 44.1 del ET permite incluir dentro de su supuesto de hecho cualquier negocio jur铆dico de transmisi贸n, compraventa, sociedad, donaci贸n, arrendamiento, reversi贸n, daci贸n en pago, venta judicial, contrata de servicios o concesi贸n administrativa, etc., y hasta la pura continuaci贸n de hecho en la titularidad empresarial. Sin perjuicio de los efectos y consecuencias que en otros 谩mbitos jurisdiccionales pudieran atribuirse al pacto de exclusi贸n de las consecuencias laborales de un negocio traslativo de la empresa, lo cierto y decisivo para apreciar la subrogaci贸n laboral no est谩 en que el nuevo titular quiera o no continuar la actividad en los mismos y exactos t茅rminos que el anterior, sino en que tenga la posibilidad de hacerlo.

(STSJ de Arag贸n, Sala de lo Social, de 25 de abril de 2016, rec. n煤m. 260/2016)

Aun cuando el subsidio de IT no deba percibirse cuando la situaci贸n de la trabajadora causante de la baja proceda de una intervenci贸n de cirug铆a est茅tica, sin constancia de enfermedad previa que la requiera, s铆 que se produce el devengo de dicho subsidio cuando la IT derive de intervenciones quir煤rgicas realizadas para solventar complicaciones o riesgos para la salud derivados de la cirug铆a est茅tica, como as铆 sucede en el caso, pues no cabe duda de que la retirada de las pr贸tesis mamarias fue el tratamiento prescrito por la sanidad p煤blica inicialmente. Ello es independiente del hecho de que, por su conveniencia, adem谩s de la retirada se la hayan implantado otras nuevas, pues la causa originaria no fue la reimplantaci贸n.

(STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, de 4 de octubre de 2016, rec. n煤m. 2907/2015)

La demandante no es trabajadora fija discontinua, sino interina por vacante, ocupando una plaza de trabajo fijo discontinuo en tanto aquella no sea cubierta mediante el correspondiente proceso de selecci贸n o promoci贸n para su cobertura definitiva. Toda vez que su contrato es temporal, puede extinguirse v谩lidamente una vez que la plaza sea cubierta por los procedimientos de selecci贸n correspondientes, por lo que no le es aplicable la exclusi贸n del derecho al subsidio prevista para los trabajadores fijos discontinuos.

(STSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 9 de mayo de 2016, rec. n煤m. 208/2016)

En el supuesto de autos ha quedado acreditado el corte d茅spota del trato vertido a la trabajadora, al ser trasladada reiteradamente a desempe帽ar actividades consideradas聽 penosas, y ser asimismo objeto de un continuo seguimiento en relaci贸n con su desenvolvimiento laboral, ampar谩ndose para ello en una acusaci贸n de robo que, curiosamente, en el acto del juicio la empresa ha silenciado. Procede la declaraci贸n de responsabilidad solidaria respecto de empresa y acosador, al quedar acreditado que aquella no ejerci贸 procedimiento disciplinario alguno contra este, ante la conducta omisiva y, en cierto modo, permisiva de la situaci贸n. Para la apreciaci贸n de la pretensi贸n de indemnizaci贸n adicional se requiere un da帽o concreto, al margen de la vulneraci贸n de un derecho fundamental, el cual est谩 objetivado en la enfermedad o alteraci贸n ps铆quica derivada del trastorno ansioso-depresivo reactivo a la situaci贸n laboral. La cuant铆a se fija en relaci贸n con los d铆as impeditivos.

(SJS n.潞 3 de A Coru帽a de 23 de enero de 2017, n煤m. 23/2017)

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El uso de medios t茅cnicos a disposici贸n de la empresa no vulnera el derecho a la huelga cuando los empleados que acuden a trabajar realizan sus funciones habituales sin sustituir a los huelguistas

El Pleno del Tribunal Constitucional ha denegado el amparo al Sindicato Confederaci贸n General del Trabajo y ha declarado que la emisi贸n por Telemadrid de un partido de f煤tbol durante la jornada de huelga general del 29 de septiembre de 2010 no vulner贸 el derecho a la huelga, amparado por el art. 28.2 CE. La sentencia explica que el uso por los trabajadores que no secundan el paro de los medios t茅cnicos de los que dispone la empresa no vulnera el citado derecho siempre que aqu茅llos no realicen funciones que son ajenas a su cargo para sustituir a los huelguistas. La protecci贸n constitucional del derecho a la huelga, a帽ade, impone limitaciones al empresario, pero no le obliga -ni a 茅l ni a los empleados que deciden ejercer su derecho a trabajar- a contribuir al 茅xito de la protesta. Ha sido ponente el Presidente del Tribunal, Francisco P茅rez de los Cobos; ha emitido voto particular discrepante el Magistrado Fernando Vald茅s Dal-R茅, al que se han adherido la Vicepresidenta, Adela Asua, y el Magistrado Juan Antonio Xiol.

El TC valida las normas b谩sicas dictadas por el gobierno sobre tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad porque garantizan su uso en condiciones de igualdad en todo el estado

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado en su pr谩ctica totalidad el conflicto positivo de competencia formulado por el Gobierno del Pa铆s Vasco contra el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, que regula las condiciones b谩sicas de emisi贸n y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. El Tribunal considera que el Gobierno no ha invadido la competencia auton贸mica en materia de asistencia social, sino que, en el ejercicio de la que el art. 149.1.1 CE atribuye en exclusiva al Estado, ha establecido las condiciones b谩sicas necesarias para garantizar el reconocimiento de un derecho o beneficio (la autorizaci贸n para el uso de plazas de estacionamiento reservado) a un determinado colectivo (personas con movilidad reducida) en condiciones de igualdad en todo el territorio. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Ricardo Enr铆quez, cuenta con el voto particular de la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua.

Absueltos dos administradores de una empresa de dos delitos contra los derechos de los trabajadores de un matrimonio

La Secci贸n Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a , Luis Miguel V. A. y Andr茅s T. L. administradores de la empresa LUJAMA S. A, de dos delitos contra los derechos de los trabajadores. El tribunal, bas谩ndose en la prueba practicada en el acto del juicio oral, considera que no ha quedado acreditado que los acusados hayan cometido los delitos de los que ven铆an siendo acusados por el Ministerio Fiscal y la acusaci贸n particular y por los que se enfrentaban a un a帽o y seis meses de prisi贸n.

Los jueces suspenden de forma cautelar los acuerdos del Ayuntamiento de Madrid por los que se reduce a 35 horas la jornada de trabajo semanal

La Secci贸n S茅ptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la suspensi贸n cautelar de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Madrid para estipular a los funcionarios municipales la jornada de 35 horas en lugar de las 37,5 horas de trabajo semanales, una medida adoptada el 30 de junio de 2016 y que hab铆a sido recurrida por la Abogac铆a del Estado.

Selecci贸n de jurisprudencia (del 16 al 31 de enero de 2017)

Comporta 鈥搒i se abona la prima correspondiente鈥 el desplazamiento de la responsabilidad a la compa帽铆a aseguradora, de manera que la posterior insolvencia de esta no puede reactivar la originaria obligaci贸n de pago que correspond铆a a la empresa, al haberse producido una novaci贸n subjetiva de la persona del deudor, por mandato legal. As铆 lo prescribe el Real Decreto Legislativo 1/2002 y es consecuencia obligada de la asunci贸n de deuda conforme al art. 1206 del CC, y ello con independencia de si en el pacto se hace o no previsi贸n en tal sentido. Por expresa disposici贸n legal, no enerva tal consecuencia que las rentas pactadas como complemento de prestaciones sean sustitutorias de la indemnizaci贸n legal o que se califiquen expresamente como tal. Sala General. Voto particular. (STS, Sala de lo Social, de 23 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 815/2015)

El momento que ha de entenderse como determinante para analizar la posible existencia de una cesi贸n ilegal de trabajadores (art. 43.2 del ET) no es el del juicio oral u otro anterior o posterior, sino el de la presentaci贸n de la demanda en el Juzgado de lo Social (debiendo estar viva en esa fecha la relaci贸n laboral), pues es en ese instante cuando se producen los efectos de la litispendencia. (STS, Sala de lo Social, de 5 de octubre de 2016, rec. n煤m. 276/2015)

Para que la empleadora pueda oponerse al car谩cter de delegado sindical ex art铆culo 10 de la LOLS es preciso que plantee (cosa que en el supuesto no hizo), con el fin de que quede constancia f谩ctica en la sentencia combatida de contrario, posibles hechos relativos a la mayor representatividad sindical, al n煤mero de trabajadores de la empresa y a la presencia sindical en los 贸rganos de representaci贸n unitaria que priven al demandante de tal condici贸n plena y de las correlativas garant铆as. No hay que olvidar que se pueden constituir secciones sindicales de empresa en cualquier empresa o centro de trabajo, aunque su dimensi贸n sea igual o inferior a 250 trabajadores, pues as铆 lo reconoce el art铆culo 8 de la LOLS, pero si estas secciones nombran delegados sindicales (impropios), estos carecer谩n de los derechos y garant铆as que el art铆culo 10 de la LOLS otorga a los delegados sindicales de las empresas 鈥搊, en su caso, centros de trabajo鈥 de m谩s de 250 trabajadores. (STS, Sala de lo Social, de 22 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 1319/2015)

Puede considerarse como tal la denuncia ante la inspecci贸n de trabajo cuando su contenido llega a conocimiento del deudor antes de transcurrir el plazo prescriptivo, por cuanto en ella est谩 impl铆cita la voluntad del acreedor de reclamar contra el impago de dichas horas extras, y ello aunque tal 贸rgano resulte incompetente para resolver sobre reclamaciones salariales, ya que s铆 lo es para controlar el cumplimiento de la normativa laboral y proponer a la autoridad laboral la imposici贸n de sanciones levantando la oportuna acta. As铆 lo impone, igualmente, el principio de buena fe que preside la ejecuci贸n del contrato. Voto particular. La necesaria coherencia con el criterio que hasta ahora ha venido manteniendo la sala, consistente en negar la interrupci贸n de la prescripci贸n cuando se trata del ejercicio de acciones distintas pero entre las que existe una evidente vinculaci贸n, siendo la antecedente de utilidad para el conocimiento por la parte demandada del inter茅s del trabajador en obtener los restantes beneficios que de aquella se deriven, debe conducir a su aplicaci贸n cuando el antecedente es una actuaci贸n administrativa con un objeto sancionador, de suerte que las notificaciones que provengan del expediente sirvan para dar a conocer al futuro demandado el inter茅s del trabajador en conseguir otra conducta de aquella, distinta de lo que se persigue promoviendo la acci贸n inspectora. (STS, Sala de lo Social, de 1 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 2110/2015)

En el caso analizado, no estamos en presencia de una diferencia meramente aritm茅tica, ni ante una cantidad no controvertida que pueda analizarse al margen del acto jur铆dico del que dimana y trae causa. Al contrario, nos hallamos ante una controversia que afecta directamente a la propia decisi贸n extintiva, que depende de la interpretaci贸n de una cl谩usula contractual cuyo an谩lisis y valoraci贸n de su validez y vigencia no puede realizarse al margen del acto extintivo que constituye el hecho b谩sico sobre el que se proyecta la controvertida cl谩usula, lo que determina que sea el proceso de despido y no el ordinario el adecuado para la resoluci贸n de los diferentes problemas que condicionan la determinaci贸n de la indemnizaci贸n reclamada. Sala General. Voto particular. (STS, Sala de lo Social, de 2 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 431/2014)

Una vez calculado el porcentaje de parcialidad en funci贸n del promedio de horas trabajadas durante los 煤ltimos 180 d铆as que determina el importe de la base reguladora, aquel habr谩 de proyectarse 煤nicamente sobre el c谩lculo del IPREM aplicable, y despu茅s observar si se rebasan los topes m谩ximos y m铆nimos previstos en el art铆culo 211.3 de la LGSS. De forma que no se trata de aplicar ese 铆ndice sobre la base reguladora, lo que implicar铆a una doble reducci贸n (la del 70 % para los primeros 180 d铆as y del 50 % para el resto, y sobre ella el 铆ndice de temporalidad correspondiente a los 180 煤ltimos d铆as cotizados), sino de observar esos topes m谩ximos en funci贸n de los periodos cotizados. Ejemplo. Porcentaje de parcialidad del 60 %. Base reguladora de 35 euros d铆a. Primer paso: c谩lculo del IPREM del a帽o 2013. Si el IPREM m谩s 1/6 arroja una cantidad de 20,70 euros diarios, sobre esa cifra se aplica el porcentaje de reducci贸n del 60 %, obteni茅ndose a estos efectos la cantidad de 12,42 euros como valor espec铆fico del IPREM. Segundo paso: cuant铆a m谩xima de la prestaci贸n. Es el 175 % de los 12,42 euros mencionados, lo que arroja un total de 21,74 euros, cifra que es inferior a los 24,50 euros que se obtienen de aplicar el 70 % a la base reguladora mencionada de 35 euros d铆a. (STS, Sala de lo Social, de 27 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 3132/2015)

No existe norma alguna que impida el acceso a la incapacidad en cualquiera de sus grados a los deportistas profesionales a partir de una determinada edad. No puede entenderse que un futbolista a los 30 a帽os est茅 al final de su carrera, pues es sobradamente conocido que muchos de ellos alargan su vida profesional m谩s all谩 de los 30 a帽os con 茅xito. En el supuesto analizado, el deportista se encontraba en activo cuando solicit贸 la pensi贸n, al pertenecer a la plantilla de un club de f煤tbol aunque no jugara, cumpliendo los requisitos para el reconocimiento de la incapacidad solicitada. Resulta indiferente que el deportista se lesionara durante el mundial de f煤tbol de Alemania 2006 mientras jugaba con la selecci贸n de Togo y que el club al que pertenec铆a cuando solicit贸 la prestaci贸n fuera franc茅s, ya que lo relevante es su pertenencia a un club espa帽ol al tiempo de lesionarse. (STS, Sala de lo Social, de 20 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 535/2015)

No re煤nen ese requisito quienes presentaron la demanda de divorcio pocos d铆as antes de morir el causante y convivieron con 茅l, junto con su c贸nyuge, hasta despu茅s del 贸bito, firmando el convenio regulador cuatro meses despu茅s renunciando a pensi贸n compensatoria. (STS de 21 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 2255/2015)

La acci贸n ejecutiva se entiende prescrita, pero la ejecuci贸n de la deuda dineraria de salarios de tramitaci贸n que se contiene en la sentencia en la que se condena al pago de los mismos, como consecuencia de la declaraci贸n de la improcedencia del despido, prescribe al a帽o, tal y como se dice en el art铆culo 243 de la LRJS. Ambas condenas
鈥搑eadmisi贸n y salarios de tramitaci贸n鈥 tienen perfiles distintos: la primera impone una obligaci贸n de hacer; la segunda el pago de determinada cantidad. De ah铆 que para aquella establezca la LRJS un tr谩mite espec铆fico en orden a su ejecuci贸n, no aplicable a la segunda. (STS, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 1596/2015)

Son nulas las cl谩usulas que se utilizan para modificar en perjuicio de los trabajadores lo pactado con car谩cter general en el convenio colectivo aplicable, vulnerando el sistema de negociaci贸n colectiva. Ello aunque la empresa no haya realizado un n煤mero de horas extras que exceda de los l铆mites cuantitativos establecidos en el ET (80 al a帽o) y en el convenio. La autonom铆a individual no puede ser una v铆a que permita eludir la funci贸n negociadora de las organizaciones sindicales o vac铆e sustancialmente de contenido efectivo al convenio. (STSJ de Arag贸n, Sala de lo Social, de 11 de octubre de 2016, rec. n煤m. 598/2016)

Siendo esencial la regla general de la libertad de contrataci贸n temporal en la relaci贸n especial de artistas, lo que a priori no resultar铆a compatible con la adquisici贸n de fijeza por el transcurso de 24 meses en un periodo de 30, no puede omitirse que la regulaci贸n del art铆culo 15.5 del ET constituye la incorporaci贸n a la legislaci贸n espa帽ola de la Directiva 1999/70/CE, de 29 de junio, sobre el trabajo de duraci贸n determinada, no existiendo dudas respecto a su aplicabilidad a los contratos temporales celebrados con los artistas (a excepci贸n de los formativos, de relevo o interinidad) pese a la singularidad de su actividad, si tenemos en cuenta el amplio concepto de trabajador que rige en el derecho comunitario y la inexistencia de reservas o excepciones a este aspecto en la propia directiva. Ello hace que resulte irrelevante el dato atinente a la regularidad de los contratos temporales suscritos entre las partes y su posible vinculaci贸n a la duraci贸n de una o m谩s contratas. (STSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 21 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 771/2016)

No cabe estimar de oficio la indemnizaci贸n derivada de la doctrina comunitaria mencionada, dado que ninguna de las partes plante贸 esta cuesti贸n en la instancia, ni posteriormente en suplicaci贸n, ni tampoco reclam贸 el trabajador ning煤n otro tipo de indemnizaci贸n alternativa para el caso de que la finalizaci贸n de su contrato fuese declarada ajustada a derecho. No puede por tanto la sala condenar al pago de una indemnizaci贸n que nadie ha pedido y que no tiene v铆nculo directo o indirecto con la pretensi贸n de despido. Cabe, no obstante, que el trabajador inste nuevo procedimiento, esta vez bajo la modalidad de reclamaci贸n de cantidad, para reclamar aquello a lo que pudiera tener derecho de aplicarse la doctrina del asunto De Diego Porras o de reclamar al Estado los da帽os y perjuicios que la incorrecta transposici贸n de la directiva ha ocasionado. Sala General. Voto particular. (STSJ de Catalu帽a, Sala de lo Social, de 30 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 3593/2016)

Debe hacerse por jornadas completas y no por minutos como hab铆a hecho la entidad demandada, de forma que en el caso concreto la trabajadora no alcanzaba el nivel de absentismo (y s铆 en el c贸mputo por minutos), soluci贸n que se considera acorde a la interpretaci贸n restrictiva que debe presidir esta materia, m谩xime cuando ha existido cierta tolerancia empresarial (desde hace siete a帽os ejerc铆a el cargo sin objetar la demandada la duraci贸n de las ausencias). Se desestima tambi茅n el recurso de la trabajadora, al no figurar indicios de vulneraci贸n de un derecho fundamental, no constando traba alguna para el ejercicio por la demandante del cargo de concejal. (STSJ de Andaluc铆a, Sala de lo Social, de 19 de mayo de 2016, rec. n煤m. 1402/2015)

Un coche de esas caracter铆sticas, puesto en conexi贸n con la actividad declarada (asesoramiento, gesti贸n y coordinaci贸n de obras), proporciona unas garant铆as de seguridad y fiabilidad que no tienen otros que puedan considerarse de una gama o calidad inferior. Tales caracter铆sticas siempre son evaluables positivamente cuando se han de realizar tareas en las que los desplazamientos son lo habitual. El hecho de que el trabajador dispusiera de otros 4 veh铆culos no empece lo dicho, ya que el 煤ltimo fue adquirido hace 10 a帽os, l铆mite temporal significativo al ser objeto de especial control administrativo en forma de ITV anual. (STSJ del Pa铆s Vasco, Sala de lo Social, de 3 de mayo de 2016, rec. n煤m. 709/2016)

El hecho de que el propietario de los terrenos por los que discurre la carretera o camino vecinal donde acaece el accidente no sea de la sociedad demandada sino de los titulares de las fincas colindantes no exonera a la empresa de la obligaci贸n de garantizar el buen estado del camino y de su contorno, bien mediante acciones directas, como la realizaci贸n a su cargo de los trabajos de mantenimiento o la colocaci贸n de carteles de limitaci贸n de velocidad, cuyo car谩cter no vinculante no les priva de eficacia, bien mediante la proposici贸n a los propietarios de los terrenos de las medidas necesarias para aumentar la seguridad en la circulaci贸n en el caso de que no pudiese ejecutarlas por s铆 misma. La seguridad vial laboral se proyecta tambi茅n en el terreno preventivo. Se impone un recargo del 40 %. Aplicaci贸n de doctrina contraria a la sentada con car谩cter de obiter dicta por la STS de 25 de junio de 2008, FJ 5.潞 (rec. n煤m. 70/2007). (STSJ del Pa铆s Vasco, Sala de lo Social, de 17 de mayo de 2016, rec. n煤m. 786/2016)

El hecho de que el interesado se halle en situaci贸n de IT con arreglo al Derecho nacional, de duraci贸n incierta, a causa de un accidente laboral no significa, por s铆 solo, que la limitaci贸n de su capacidad pueda ser calificada de duradera, con arreglo a la definici贸n de discapacidad mencionada por la Directiva 2000/78/CE, interpretada a la luz de la Convenci贸n de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entre los indicios que permiten considerar que tal limitaci贸n es duradera figuran, en particular, el que, en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio (el despido), la incapacidad del interesado no presente una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalizaci贸n a corto plazo o el que dicha incapacidad pueda prolongarse significativamente antes del restablecimiento de dicha persona. Al comprobar ese car谩cter duradero el tribunal debe basarse en todos los elementos objetivos de que disponga, en particular, en documentos y certificados relativos al estado de dicha persona, redactados de los conocimientos y datos m茅dicos y cient铆ficos actuales. La perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo, que hace que el mantenimiento del contrato de trabajo del actor no se considere rentable para la empresa, deber谩 ceder, necesariamente, ante la prohibici贸n de discriminaci贸n por discapacidad 鈥揹irecta e indirecta鈥 establecida en la directiva, como m铆nimo cuando tal incapacidad pueda devenir duradera. (SJS n.潞 33 de Barcelona, de 23 de diciembre de 2016, n煤m. 472/2016)

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Recepci贸n de la jurisprudencia un谩nime sobre el c贸mputo de los plazos administrativos por meses/a帽os en la nueva Ley de procedimiento administrativo

La Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas, incorpora en su art铆culo 30.4 la aceptada interpretaci贸n de la jurisprudencia (incluida la menor) sobre el art铆culo 48.2 Ley 30/1992, respecto del c贸mputo de los plazos fijados en meses o en a帽os, regulando ya no solo el momento exacto en que comienza sino tambi茅n aquel en que finaliza. La sentencia del聽TSJ de la Comunidad Valenciana, sala de lo Contencioso-Administrativo, de聽9 de noviembre de 2016,聽a cuyo comentario en la p谩gina http://www.fiscal-impuestos.com/聽remitimos, no destaca por su previsible conclusi贸n jur铆dica, pero s铆 por la fundamentaci贸n que conduce a la misma y que tiene como origen el cambio normativo referido.

El TC ampara a una mujer a la que no se dio la opci贸n de mejorar sus condiciones laborales por encontrarse de baja por embarazo de riesgo

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha amparado a una mujer que no pudo optar a mejorar sus condiciones laborales en la empresa porque, en el momento en que surgi贸 esa posibilidad, se encontraba de baja por embarazo de riesgo y, despu茅s, por maternidad. El Tribunal afirma que la empresa debi贸 avisar a su empleada de la posibilidad de cambiar de puesto y, al no hacerlo, lesion贸 su derecho a no ser discriminada por raz贸n de sexo (art. 14 CE), pues la causa de su baja deriva de su condici贸n de mujer. La Sala anula la resoluci贸n recurrida, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (TSJA). Ha sido ponente el Magistrado Antonio Narv谩ez; firma un voto particular el Magistrado Pedro Gonz谩lez-Trevijano.

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