Jurisprudencia

El Tribunal Supremo considera discriminatorio no computar la baja maternal a efectos de retribuci贸n de incentivos

La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que es discriminatoria y contraria a derecho 鈥渓a pr谩ctica empresarial consistente en computar como ausencias la baja maternal as铆 como la baja por riesgo de embarazo a los efectos de d铆as productivos para tener derecho a las retribuciones de los variados incentivos鈥.

El alto tribunal estima la demanda de conflicto colectivo planteada por CC.OO. de Andaluc铆a contra la empresa CATSA, referido a sus trabajadoras en los centros de Granada y M谩laga. Los hechos probados indicaban que las empleadas que 鈥減or causa de embarazo y/o maternidad han visto suspendida su actividad laboral por disfrutar de los permisos correspondientes, el primer mes de reincorporaci贸n a su puesto de trabajo no perciben cantidad alguna por ninguno de los referidos incentivos, y s贸lo comienzan a percibir cantidad por incentivos al mes inmediatamente posterior al de su reingreso y en funci贸n de los servicios laborales efectivamente prestados a partir de tal reincorporaci贸n鈥.

El Tribunal Supremo avala el despido de un trabajador de Correos en Alicante que acos贸 sexualmente a una compa帽era

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado el despido de un trabajador de Correos en Alicante por acoso sexual a una compa帽era de trabajo, a quien delante de otros cuatro empleados le 聽baj贸 los pantalones hasta las rodillas al tiempo que realizaba comentarios sobre su "huchita" o "lo f谩cil que se lo pones a tu novio".

El despido se produjo tras la tramitaci贸n de un expediente disciplinario que concluy贸 que el trabajador hab铆a cometido una infracci贸n disciplinaria muy grave. Tras producirse los hechos, el empleado reconoci贸 a su jefe los hechos pero declar贸 que hab铆a sido una broma y que se disculp贸 con su compa帽era al ver que se sent铆a dolida por lo ocurrido. Despu茅s, en el expediente, realiz贸 alegaciones manifestando, entre otras cosas, que su compa帽era 鈥渓levaba como de costumbre unos pantalones los cuales dejaban ver medio trasero y la ropa interior鈥.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho a cobrar una pensi贸n vitalicia a un futbolista que se retir贸 tras una lesi贸n

La Sala de lo Social reconoce el derecho de un futbolista profesional a cobrar una pensi贸n vitalicia porque considera que con 30 a帽os, fecha en la que solicit贸 la incapacidad permanente total por accidente de trabajo, no hab铆a finalizado su carrera profesional, por lo que podr铆a haber seguido en activo si no estuviera lesionado.

La sentencia estima el recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina interpuesto por Amevou Ludovic Assemoassa, exjugador del Club de F煤tbol Ciudad de Murcia y del Granada 74, Sociedad Deportiva, y revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalu帽a que deneg贸 la prestaci贸n al entender que por su edad, 30 a帽os, ya hab铆a concluido la vida profesional activa del deportista.

El efecto perverso del reconocimiento como discapacidad de las incapacidades laborales temporales: A prop贸sito de la SJS n.潞 33 de Barcelona de 23 de diciembre de 2016

El Magistrado D. Joan Agust铆 Maragall, titular del Juzgado de lo Social n.潞 33 de Barcelona, que en su d铆a solicit贸 al TJUE respuesta sobre si era posible entender como discriminatorio, y por tanto nulo, el despido de un trabajador -hasta aquel momento bien conceptuado profesionalmente- por el solo hecho de estar en situaci贸n de incapacidad temporal de duraci贸n incierta por causa de un accidente laboral, da respuesta al caso concreto en su Sentencia n煤m.472/2016, de 23 de diciembre, que se resume a continuaci贸n.

El TSJ de Canarias reconoce el acceso a la prestaci贸n por maternidad en caso de gestaci贸n subrogada

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha pronunciado por primera vez sobre las prestaciones por maternidad en caso de gestaci贸n subrogada. La sentencia de la Sala Social recoge el caso de un matrimonio homosexual, en el que uno聽de los c贸nyuges solicit贸 el abono de las prestaciones por maternidad, tras la inscripci贸n registral de una menor nacida en San Francisco, previo contrato de gestaci贸n por sustituci贸n, figura jur铆dica regulada y v谩lida en el Estado de California.

El Tribunal Supremo condena al ayuntamiento de Calpe (Alicante) a readmitir a 14 trabajadores al declarar nulos sus despidos

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado nulos los despidos de 14 trabajadores del ayuntamiento de Calpe y ordena la inmediata readmisi贸n de los mismos en las condiciones anteriores al despido, con abono de los salarios dejados de percibir.

El Tribunal Supremo confirma la ejecuci贸n de la sentencia sobre el despido colectivo de Coca Cola

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha examinado los recursos de casaci贸n respecto de los autos de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional relativos a la ejecuci贸n de la Sentencia dictada en su momento sobre el despido colectivo de Coca Cola.

Selecci贸n de jurisprudencia (del 1 al 15 de enero de 2017)

El art铆culo 45 del聽TFUE y el art铆culo 7.2 del Reglamento (UE) n.潞聽492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, deben interpretarse en el sentido de que debe entenderse por hijo de un trabajador transfronterizo, que puede beneficiarse indirectamente de las ventajas sociales a las que se refiere el art铆culo 7.2 mencionado, como es la financiaci贸n de los estudios acordada por un Estado miembro a los hijos de los trabajadores que ejerzan o hayan ejercido su actividad en dicho Estado, no solo el hijo que tenga un v铆nculo de filiaci贸n con este trabajador, sino tambi茅n el hijo del c贸nyuge o de la pareja registrada de dicho trabajador, cuando este provee a la manutenci贸n del mismo. Esta 煤ltima exigencia resulta de una situaci贸n de hecho, cuya apreciaci贸n incumbe a la Administraci贸n y, en su caso, a los 贸rganos jurisdiccionales nacionales, sin que sea necesario que determinen los motivos de esta manutenci贸n, ni que calculen de forma precisa su cuant铆a. (STJUE de 15 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-401/15 a C-403/15)

El legislador tiene potestad exclusiva para configurar el sistema de infracciones y sanciones atendiendo a los bienes jur铆dicamente protegidos, de suerte que la proporci贸n entre las conductas que se pretenden evitar y las sanciones con las que intenta conseguirlo es puramente un juicio de oportunidad, que corresponde realizar al legislador, estando el juicio de constitucionalidad limitado a verificar que la norma penal no produzca un patente derroche in煤til de coacci贸n que convierta la norma en arbitraria y que socave los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho. A partir de ah铆, corresponde primordialmente a los tribunales ordinarios determinar si se ha respetado la garant铆a del art铆culo 25.1 de la CE en el plano aplicativo. Para que el Tribunal Constitucional pudiera declarar que el art铆culo 47.1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2000, al establecer la sanci贸n de extinci贸n del subsidio por desempleo cuando se incurra en la infracci贸n prevista en el art铆culo 25.3 del referido real decreto legislativo, ha vulnerado el art铆culo 25.1 de la CE en relaci贸n con el art铆culo 14 de la CE, por ser desproporcionado, ser铆a preciso que el precepto cuestionado incurriese en un patente derroche in煤til de coacci贸n, convirtiendo la sanci贸n de extinci贸n del subsidio por desempleo, ante la infracci贸n consistente en la no comunicaci贸n tempor谩nea a la autoridad competente de la percepci贸n de rentas incompatibles, en arbitraria. Sin embargo, tal norma tiene por objeto una finalidad constitucionalmente leg铆tima, como es la de combatir las percepciones fraudulentas y, consecuentemente, afianzar la sostenibilidad del sistema. En todo caso, desde el punto de vista de la proporcionalidad de la sanci贸n, el legislador no est谩 obligado constitucionalmente a graduar la sanci贸n en funci贸n de si el beneficiario ha incurrido en el referido il铆cito con intenci贸n fraudulenta o por simple negligencia, ni a tomar en consideraci贸n la cuant铆a de la cantidad ocultada. La determinaci贸n de si tales extremos han de ser o no tomados en consideraci贸n a efectos de definir la reacci贸n sancionadora que corresponde a la infracci贸n cometida es una cuesti贸n que 煤nicamente corresponde valorar al legislador, que es quien, en el ejercicio del amplio margen de libertad que la Constituci贸n le reconoce, debe tipificar las infracciones y sanciones. El Tribunal Constitucional inadmite la cuesti贸n de inconstitucionalidad. (ATC de 15 de noviembre de 2016, n煤m. 187/2016)

La actuaci贸n de la empresa es ajustada a derecho, aun cuando contravenga la pr谩ctica seguida hasta ese momento, pues no puede calificarse de gravoso el hecho de que si el trabajador quiere una copia de su n贸mina en soporte papel tenga que dar la orden de imprimir y esperar breves segundos a que la impresi贸n se efect煤e. Se cumple con ello tanto la eventual finalidad probatoria como la de comprobaci贸n de la liquidaci贸n efectuada y los descuentos practicados. (STS, Sala de lo Social, de 1 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 3690/2014)

De la transmisi贸n de empresas se deriva una responsabilidad solidaria con respecto a las deudas laborales preexistentes a la transmisi贸n respecto de un trabajador no cedido, ello sin perjuicio de que la empresa sucesora pueda reclamarlas del verdadero deudor, constituyendo tal previsi贸n de solidaridad una garant铆a de seguridad jur铆dica tanto a favor de los trabajadores frente a posibles transmisiones fraudulentas llevadas a cabo en su perjuicio y en ocasiones sin su consentimiento, como a favor de los empresarios responsables, si se tiene en cuenta que esta responsabilidad adem谩s de solidaria no es ilimitada en el tiempo, sino que solo se mantiene viva durante tres a帽os a contar desde la transmisi贸n. Entre tales obligaciones laborales est谩n incluidas todas las derivadas de la eventual declaraci贸n de improcedencia o nulidad de un despido anterior a la sucesi贸n y que no hubieren sido satisfechas. (STS, Sala de lo Social, de 30 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 825/2015)

Esa revelaci贸n, por ser un diagn贸stico m茅dico, fuera o no acertado, en ning煤n caso puede considerarse una manifestaci贸n atentatoria al honor, sino m谩s bien al derecho a la privacidad o intimidad de la persona, lo que constituye un concepto y bien jur铆dico distinto y no extrapolable. No obstante, cuando lo que se emite es un informe de complacencia, este no est谩 dotado de la especial protecci贸n que resulta de un peritaje, m谩xime si se utiliza en situaci贸n de crisis matrimonial en contra del sujeto que, se dice, padece un trastorno celot铆pico, uno de los rasgos del maltratador en los litigios relativos a la violencia de g茅nero. Desde este punto de vista, el grado de afectaci贸n del derecho al honor es indudable. Se reconoce una indemnizaci贸n por da帽os morales por importe de 6.000 euros. (STS, Sala de lo Civil, de 30 de septiembre de 2016, rec. n煤m. 2254/2014)

No se trata de dos indemnizaciones separadas e independientes, una de 8 d铆as por a帽o de servicio con cargo al Fondo y otra de 12 d铆as por la empresa, cada una con el l铆mite de una anualidad, sino de una indemnizaci贸n 煤nica de 20 d铆as por a帽o de servicio con el l铆mite m谩ximo de 12 mensualidades, de la que excepcionalmente se libra al empresario del pago de un 40 % que pasa a correr a cargo del Fogasa, con la particularidad de que en el c谩lculo de dicha pensi贸n 煤nica han de respetarse los l铆mites del art铆culo 33.2 del ET. Dicho art铆culo, por tanto, representa el l铆mite de la responsabilidad total del Fondo, por lo que la responsabilidad subsidiaria del 60 % debe determinarse de acuerdo con la forma y topes all铆 recogidos, descontando del referido tope m谩ximo lo ya percibido del 40 % directamente. (STS, Sala de lo Social, de 23 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 3842/2014)

Denuncia y promoci贸n de la nueva negociaci贸n del convenio colectivo son actos distintos. Quien promueve simult谩neamente ambos actos debe contar con legitimaci贸n plena, pero la mera denuncia del convenio puede activarse por cualquiera de los sujetos con legitimaci贸n inicial, aunque la representatividad ostentada en la unidad de negociaci贸n pudiera desembocar en una posici贸n minoritaria dentro de la comisi贸n negociadora. Impedir a un sindicato legitimado para negociar que active la denuncia casa mal con el reconocimiento representativo que se le atribuye y con la defensa de los intereses de sus representados. La activaci贸n de la denuncia, desde esa perspectiva, constituye una manifestaci贸n de la actividad sindical que solo debe restringirse si existe una justificaci贸n seria para ello. Sala General. (STS, Sala de lo Social, de 2 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 14/2016)

La funci贸n de garant铆a que ostenta la Mutua frente a la Administraci贸n de la Seguridad Social no se extiende a un supuesto en que la prestaci贸n ha sido abonada
鈥揷orrectamente鈥 por el empresario incumplidor de sus obligaciones, pero que indebidamente ha realizado ese abono como pago delegado y lo ha descontado de las correspondientes cotizaciones, ya que la Mutua no ha realizado ning煤n pago al trabajador para cubrir la desprotecci贸n causada por el incumplimiento del empresario. Ese descuento constituye una infracci贸n por parte del empresario responsable de las normas sobre recaudaci贸n en periodo voluntario, al proceder a compensar un pago, que, aunque real, no hab铆a hecho en nombre de la Mutua ni por delegaci贸n de esta, sino cubriendo una responsabilidad propia. Esa infracci贸n no puede dar lugar a una acci贸n atendible de garant铆a por parte de la Mutua frente a la Administraci贸n de la Seguridad Social, cabiendo 煤nicamente el recurso a la v铆a ejecutiva para recuperar lo indebidamente descontado. La responsabilidad del Fondo de Garant铆a de Accidentes no se extiende a cubrir los perjuicios que la entidad colaboradora pueda sufrir por el funcionamiento irregular de la repercusi贸n del pago delegado en la recaudaci贸n en periodo voluntario. (STS, Sala de lo Social, de 29 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 1235/2015)

Partiendo de que las tareas efectivamente realizadas por el beneficiario en el periodo discutido corresponden a una categor铆a profesional concreta y a unas tablas salariales fijadas en los sucesivos convenios colectivos de naturaleza normativa, con relaci贸n a las cuales la empresa estaba legalmente obligada a cotizar, no cabe negar al trabajador el que sus bases de cotizaci贸n de dicho per铆odo, a efectos de la determinaci贸n de la base reguladora de la prestaci贸n contributiva de jubilaci贸n, no se correspondan con las m铆nimas legalmente exigibles, restableci茅ndose as铆 el equilibrio entre el trabajo realizado, la contraprestaci贸n econ贸mica recibida, las cotizaciones efectuadas y las bases de cotizaci贸n computables. (STS, Sala de lo Social, de 30 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 2018/2015)

Como el acceso y reconocimiento del complemento por m铆nimos requiere unos determinados y propios requisitos, que condicionan su concesi贸n y permanencia por la concurrencia de ciertas circunstancias, con problemas espec铆ficos (absorci贸n, incompatibilidad, fecha de efectos del reconocimiento y p茅rdida del derecho) que aproximan su r茅gimen jur铆dico al de otras prestaciones, es necesario concluir que tales prestaciones aunque complementarias tienen propia autonom铆a, por lo que a las mismas resulta aplicable lo dispuesto en el art铆culo 191.3 c) de la LRJS, en cuanto admite la posibilidad de recurrir en suplicaci贸n las sentencias de instancia reca铆das en procesos que versen sobre el reconocimiento o denegaci贸n del derecho a obtener prestaciones de la Seguridad Social. (STS, Sala de lo Social, de 22 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 2561/2015)

Ni el art铆culo 40 del convenio ni el 46 del ET regulan un posible derecho del trabajador a obtener una pr贸rroga sino el derecho a solicitar el reingreso. En este caso, cuando quedaban catorce d铆as para la finalizaci贸n, no quince como indica el convenio, se limit贸 la trabajadora a solicitar su pr贸rroga, no habiendo pedido en ning煤n momento el reingreso, por lo que perdi贸 el derecho. Esto es as铆 porque el derecho a la pr贸rroga depende de su discrecional reconocimiento por la empresa, y en el presente caso, la denegaci贸n est谩 justificada por no haber solicitado el reingreso con la antelaci贸n que fija el convenio aplicable, el cual sanciona el incumplimiento del citado plazo con la p茅rdida del derecho a la reincorporaci贸n. Esta circunstancia no var铆a por el hecho de que con ocasi贸n de la primera, segunda y tercera pr贸rrogas presentara su solicitud sin una antelaci贸n de quince d铆as, pues de tal discrecional concesi贸n no se puede concluir que la pr贸rroga pudiera presentarse sin solicitar el reingreso y despu茅s de haber vencido el plazo para solicitar esto 煤ltimo, a modo de condici贸n m谩s beneficiosa. (STSJ de Murcia, Sala de lo Social, de 17 de junio de 2016, rec. n煤m. 1214/2015)

No debe acudirse a la noci贸n de hecho causante sino a la de riesgo asegurado, al resultar imposible determinar el momento en el que se contrae la enfermedad de la silicosis tras una exposici贸n al s铆lice durante m谩s de 20 a帽os, dificultad que, precisamente, fue la que llev贸 en su d铆a al aseguramiento a trav茅s de un mecanismo de reparto. Habiendo distribuido la juzgadora la responsabilidad entre las aseguradoras de la contingencia, de forma proporcional al tiempo de riesgo pulv铆geno a que estuvo sometido el trabajador, procede la desestimaci贸n del recurso interpuesto por el INSS y la TGSS, con confirmaci贸n de la sentencia de instancia. (STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 29 de junio de 2016, rec. n煤m. 4825/2015)

No existe principio alguno en el sistema espa帽ol de Seguridad Social (tal vez por ello el recurso adolece de cita normativa alguna en tal sentido) que impida computar el mismo per铆odo de cotizaci贸n para distintas prestaciones. El per铆odo de cotizaci贸n de 180 d铆as necesario para el reconocimiento de derecho al subsidio por incapacidad temporal tiene que computarse dentro de los cinco a帽os anteriores al hecho causante de la prestaci贸n, sin ninguna otra limitaci贸n. No quedan, por tanto, consumidas las anteriores cotizaciones por ser necesarias para alcanzar la situaci贸n de jubilaci贸n activa. (STSJ de Arag贸n, Sala de lo Social, de 3 de junio de 2016, rec. n煤m. 386/2016)

Esta potestad judicial ha sido entendida doctrinal y jurisprudencialmente como una forma de evitar las consecuencias econ贸micas que, para las empresas concursadas, pueden comportar esas cl谩usulas de elevada cuant铆a. Esta finalidad, si realmente quiere cumplirse, no puede distinguir a estos efectos entre blindajes de alto directivos y blindajes de trabajadores con contrato ordinario, pues no es la naturaleza de la relaci贸n la determinante de la situaci贸n que quiere solventar la facultad de moderaci贸n indemnizatoria, sino la cuant铆a del blindaje, cuant铆a que puede desequilibrar injustamente la situaci贸n de los acreedores de la empresa en concurso. (STSJ de Navarra, Sala de lo Social, de 22 de abril de 2016, rec. n煤m. 112/2016)

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