Jurisprudencia

El TSJ de Andaluc铆a deniega el permiso de residencia a un hombre condenado por violencia sobre la mujer

La Sala de lo Contencioso-adminsitrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a, con sede en Granada, ha denegado el permiso de residencia a un hombre que ten铆a antecedentes penales por violencia sobre la mujer. La sentencia reconoce que la mayor铆a de la doctrina jurisprudencial defiende que la existencia de antecedentes penales no determina, autom谩ticamente, la denegaci贸n de la autorizaci贸n de residente de larga duraci贸n. 鈥淟o relevante es que se trate de antecedentes penales por delitos graves -por afectar a un inter茅s fundamental de la sociedad- o por delitos que pueden causar un riesgo o peligro en la paz social y tranquilidad p煤blica鈥.

El Tribunal Supremo considera despido improcedente el cese de una trabajadora extranjera por p茅rdida del permiso de trabajo

La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha destacado en una sentencia que los contratos a extranjeros no pueden incluir la p茅rdida sobrevenida del permiso de trabajo como causa v谩lida de extinci贸n, y por tanto no indemnizable. Indica el tribunal que 鈥渞esultar铆a cl谩usula abusiva aqu茅lla que se apoyara en una circunstancia sobre cuya concurrencia no puede ejercer ninguna influencia la conducta del trabajador鈥.

El Supremo rechaza el recurso de una empresa de limpieza contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dio la raz贸n a una empleada, nacional de un pa铆s de fuera de la UE, a quien, tras 8 a帽os trabajando, la compa帽铆a le comunic贸 el cese en noviembre de 2013 bas谩ndose en la p茅rdida de su permiso de residencia y trabajo. El alto tribunal madrile帽o consider贸 su despido improcedente, condenando a la empresa a pagarle una indemnizaci贸n de 16.363 euros.

驴La prestaci贸n por maternidad que abona la Seguridad Social est谩 exenta de tributar por el IRPF?

Una de las cuestiones m谩s interesantes sobre la que se han pronunciado los tribunales superiores de justicia de nuestro pa铆s en los 煤ltimos meses ha sido la que tiene que ver con la tributaci贸n en el IRPF de la prestaci贸n de maternidad, cuesti贸n que ha generado un gran revuelo medi谩tico y donde han participado agentes de todo tipo: tribunales, prensa, despachos especializados y la propia Administraci贸n tributaria. 聽

El TSJ de Madrid, y no en las 煤ltimas semanas sino hace ya un tiempo, dict贸 una sentencia con fecha 3 de febrero de 2010 que oblig贸 a la Administraci贸n tributaria a emitir un comunicado en el que hac铆a p煤blico que no estaba devolviendo cantidad alguna por ese concepto.

Desde aquel momento, la Direcci贸n General de Tributos ha emitido consultas en ese mismo sentido. Sin embargo, dos pronunciamientos judiciales recientes reavivan el debate: las SSTSJ de Madrid y de Andaluc铆a/Sevilla donde se discrepa sobre la exenci贸n de la prestaci贸n. Para m谩s informaci贸n consulte en la p谩gina http://www.fiscal-impuestos.com/ el comentario titulado 芦La tributaci贸n de la prestaci贸n por maternidad: un debate jur铆dico a las puertas del Supremo禄.

Recibo de salarios: soporte papel vs soporte digital (A prop贸sito de la STS de 1 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 3690/2014)

El Tribunal Supremo en sentencia de 1 de diciembre de 2016 (rec. n煤m. 3690/2014), entiende que la entrega al trabajador del recibo individual justificativo del pago del salario debe hacerse en el modelo correspondiente, pero no se establece en qu茅 soporte ha de entregarse, pudiendo el empresario decidir el cambio de formato (de papel a digital) unilateralmente aun cuando contravenga la pr谩ctica seguida hasta el momento en la empresa.

Selecci贸n de jurisprudencia (del 16 al 31 de diciembre de 2016)

La Directiva 98/59/CE, relativa a la aproximaci贸n de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional en virtud de la cual, a falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre un proyecto de despido colectivo, un empresario 煤nicamente podr谩 efectuar dicho despido si la autoridad p煤blica nacional competente a la que debe notificarse el proyecto no adopta, dentro del plazo previsto por dicha normativa y despu茅s de examinar el expediente y valorar las condiciones del mercado de trabajo, la situaci贸n de la empresa y el inter茅s de la econom铆a nacional, una resoluci贸n motivada por la que se deniegue la autorizaci贸n para realizar la totalidad o una parte de los despidos programados. Sin embargo, no sucede lo mismo si resulta que, atendiendo a los tres criterios de evaluaci贸n indicados en la mencionada normativa y al modo concreto en que los aplica esa autoridad p煤blica bajo el control de los tribunales competentes, tal normativa tiene como consecuencia privar de efecto 煤til a lo dispuesto en dicha directiva. (STJUE de 21 de diciembre de 2016, asunto C-201/15)

Tanto si han sido designados entre los representantes de los trabajadores de acuerdo a la f贸rmula del art铆culo 35.2 de la LPRL, como si se ha utilizado el mecanismo previsto en el convenio colectivo al amparo del art铆culo 35.4 de la LRPL, todos los delegados de prevenci贸n tienen la condici贸n de representantes de los trabajadores con funciones espec铆ficas en materia de prevenci贸n de riesgos, por lo que en aplicaci贸n del art铆culo 37.1 de la LPRL gozan, sin distinci贸n, de la garant铆a de cr茅dito horario del art铆culo 68 e) del ET. Si el art铆culo 30.4 de la LPRL hace extensivas ciertas garant铆as del art铆culo 68 del ET a los trabajadores designados por el empresario que no son representantes legales, con m谩s raz贸n deben reconocerse a los delegados de prevenci贸n que no re煤nen esa condici贸n, en tanto no son nombrados por el empresario sino por los propios trabajadores a trav茅s de sus representantes y asumen, en consecuencia, un mayor riesgo de sufrir prejuicios derivados del desempe帽o de esa actividad en defensa de intereses colectivos. En cualquier caso, no se puede perjudicar a quien ha sido nombrado en virtud de lo establecido en convenio colectivo con la privaci贸n de las horas suplementarias que supone el cr茅dito horario, ya que ser铆a tanto como obligarle en la pr谩ctica a desempe帽ar las funciones preventivas, al menos en parte, con car谩cter altruista fuera de su horario de trabajo, realizando un esfuerzo personal y econ贸micamente muy gravoso. Aunque en el supuesto de los delegados de prevenci贸n que no son representantes legales, el derecho a la aplicaci贸n de las garant铆as del art铆culo 68 del ET no tiene su origen en la LOLS, sino en la LPRL, esto no es 贸bice para que puedan reclamarlo en el ejercicio de una acci贸n individual de tutela de derechos fundamentales como la ejercitada en el presente supuesto, ya que la salvaguarda de la salud e integridad f铆sica de los trabajadores constituye sin duda uno de los aspectos m谩s importantes que pueden formar parte de la acci贸n sindical. (STS, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 3757/2014)

La utilizaci贸n del art铆culo 49.1 b) del ET (causas consignadas v谩lidamente en el contrato) para poner fin a la relaci贸n laboral no resulta ajustada a derecho. Tampoco resulta admisible en el caso de que las partes hubieran previsto como causa v谩lida de extinci贸n el acaecimiento sobrevenido de una circunstancia atinente a la propia capacidad negocial de la parte trabajadora. Teniendo en cuenta que son abusivas las cl谩usulas que se apoyan en una circunstancia sobre cuya concurrencia no puede ejercer ninguna influencia la conducta del trabajador, el supuesto analizado tiene mejor encaje en el art铆culo 49.1 l) del ET, guardando, en suma, visos de completa similitud con las causas que se prev茅n para el despido por causas objetivas (art. 52 ET). Procede, por tanto, la declaraci贸n de improcedencia del despido, ya que no se puede dejar sin protecci贸n a los trabajadores que han venido prestando servicios efectivamente y que ven extinguido su contrato por una causa legal. (STS, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 1341/2015)

La unidad esencial del v铆nculo no se rompe por dos interrupciones que suman cuatro meses en una prestaci贸n de servicios que dura 6 a帽os, ya que cuando media la concurrencia de fraude debe seguirse un criterio m谩s relajado 鈥揷on mayor amplitud temporal鈥 en la valoraci贸n del plazo que deba entenderse significativo como rupturista de la unidad contractual, habida cuenta de que la posici贸n contraria facilitar铆a el 茅xito de la conducta defraudadora. (STS, Sala de lo Social, de 8 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 310/2015)

Cuando no existe acto u omisi贸n imputable a la empresa que haya incidido en el accidente, habiendo recibido el trabajador con car谩cter previo formaci贸n suficiente en materia de prevenci贸n de riesgos laborales, disponiendo de los medios adecuados (equipos de trabajo y medios de protecci贸n) que no utiliz贸, no cabe establecer la relaci贸n causa efecto entre la omisi贸n por la empleadora de las medidas de seguridad y el resultado da帽oso, y ello aunque el accidente se produjera en presencia del jefe de equipo que actuaba a petici贸n del encargado, quien se hab铆a ausentado. (STS, Sala de lo Social, de 18 de octubre de 2016, rec. n煤m. 1233/2015)

La actual regulaci贸n legal (LGSS) y la reglamentaria (RD 295/2009) omiten la contemplaci贸n de estos supuestos pero no es tan cerrada como para impedir su interpretaci贸n en el sentido m谩s favorable a los objetivos constitucionales de protecci贸n al menor, con independencia de su filiaci贸n, y de conciliaci贸n de vida familiar y laboral. Existiendo una verdadera integraci贸n del menor en el n煤cleo familiar del padre subrogado, las prestaciones asociadas a la maternidad han de satisfacerse, salvo supuestos de fraude, previo cumplimiento de los requisitos generales de acceso a las mismas. Cuando el solicitante de las prestaciones por maternidad, asociadas a una gestaci贸n por subrogaci贸n, es el padre biol贸gico y registral de las menores, existen poderosas razones adicionales para conceder aquellas. La Sala Primera del Tribunal Supremo considera que las normas civiles espa帽olas que declaran nulo el contrato de maternidad por subrogaci贸n impiden que pueda inscribirse como hijos de quienes han recurrido a esa t茅cnica a los habidos en un tercer Estado, aunque exista resoluci贸n judicial (o equivalente) que as铆 lo manifieste. Pero advierte que si los menores poseen relaciones familiares de facto debe partirse de tal dato y permitir el desarrollo y la protecci贸n de esos v铆nculos. Sala General. Votos particulares. (STS, Sala de lo Social, de 25 de octubre de 2016, rec. n煤m. 3818/2015)

La nulidad de pleno derecho del contrato de gestaci贸n por sustituci贸n establecido en el art铆culo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, no supone que al menor que nace en esas circunstancias se le prive de determinados derechos. A la luz del art铆culo 8 del Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el inter茅s superior del menor ha de guiar cualquier decisi贸n que le afecte, por lo que no otorgar la prestaci贸n por maternidad implicar铆a una discriminaci贸n en el trato dispensado por raz贸n de su filiaci贸n, contraviniendo lo establecido en los art铆culos 14 y 39.2 de la Constituci贸n, que dispone que los poderes p煤blicos aseguran la protecci贸n integral de los hijos. Est谩 fuera de toda duda que el reconocimiento del derecho al descanso y prestaci贸n por maternidad entra帽a un adecuado cumplimiento del mandato constitucional de protecci贸n a la familia y a la infancia. En el supuesto de maternidad por subrogaci贸n se producen tambi茅n las especiales relaciones entre la madre y el hijo, durante el periodo posterior al nacimiento del menor, por lo que han de ser debidamente protegidas, en la misma forma que lo son los supuestos contemplados en el art铆culo 133 bis de la LGSS. Sala General. Votos particulares. (STS, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 3146/2014)

Para ver si se superan los 3.000 euros que dan acceso a la suplicaci贸n se atiende a la diferencia entre la pensi贸n reconocida y la reclamada, incluido el complemento por gran invalidez, ya que solo se excluye el c贸mputo de las mejoras y otras actualizaciones de la pensi贸n, pero no el de conceptos que forman parte sustancial de la misma. (STS, Sala de lo Social, de 1 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 1351/2015)

Las cantidades a tener en cuenta y que deben servir de base a la cobertura de garant铆a del FOGASA deben ser las relativas a la retribuciones brutas y no netas. La determinaci贸n del salario nada tiene que ver con qu茅 parte del mismo deba quedar afecta al cumplimiento de las obligaciones de cotizaci贸n y tributarias que inciden sobre la retribuci贸n, cuya 煤nica titularidad, una vez devengada, corresponde al trabajador. Ello es especialmente claro en el caso de las obligaciones tributarias, en cuanto que lo detra铆do a cuenta puede luego ser reembolsado en todo o en parte. (STSJ de Castilla-La Mancha, Sala de lo Social, de 13 de mayo de 2016, rec. n煤m. 1133/2015)

Aunque el legislador nacional distingue entre la extinci贸n del contrato por cumplimiento del t茅rmino y por resoluci贸n causal, de suerte que la extinci贸n por causas objetivas del contrato indefinido no ser铆a equiparable a la extinci贸n por la llegada de un t茅rmino, ya que, en el primer caso, nos hallar铆amos ante un caso de ineficacia contractual sobrevenida, mientras que en el segundo, nos estamos refiriendo a la ineficacia contractual derivada del cumplimiento del contrato, esto es, a la llegada del plazo inicialmente pactado por las partes, sin embargo no es este el parecer del TJUE, que considera que el Acuerdo Marco se opone a una normativa nacional que deniega cualquier indemnizaci贸n por finalizaci贸n de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras que permite la concesi贸n de tal indemnizaci贸n, en particular, a los trabajadores fijos comparables. Por tanto, la asimilaci贸n resultante de la jurisprudencia del TJUE entre la extinci贸n del contrato por causas objetivas del art铆culo 52 del ET y el cumplimiento de la condici贸n de interinidad conlleva la equiparaci贸n de la indemnizaci贸n, debiendo, en consecuencia, ser indemnizada la trabajadora a la expiraci贸n de su contrato a raz贸n de 20 d铆as de salario por a帽o de servicio. Pronunciamiento ajustado a la doctrina sentada en la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (Asunto C-596/14 鈥揇e Diego Porras鈥). (STSJ de Asturias, Sala de lo Social, de 2 de noviembre de 2016, rec. n煤m. 1904/2016)

La soluci贸n al caso consiste en aplicar la misma jurisprudencia consolidada en el Orden Social respecto de la utilizaci贸n abusiva de contrataciones temporales de empleados p煤blicos, esto es, anular la extinci贸n y considerar la relaci贸n como indefinida no fija, por lo tanto, prolongada la misma en el tiempo hasta la cobertura reglamentaria de la plaza o su amortizaci贸n, previo el an谩lisis de su consideraci贸n, o no, como plaza estructural. Indemnizaci贸n. En el supuesto de resultar necesario su cese, justificado este, percibir谩 el interesado la indemnizaci贸n se帽alada por el TJUE de mantenerse las circunstancias legales actuales. (STSJ del Pa铆s Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de diciembre de 2016, rec. n煤m. 735/2013)

No existiendo previsi贸n convencional de ultraactividad, las condiciones laborales, entendidas como respectivos derechos y obligaciones de las partes, que ven铆an rigiendo con anterioridad a la p茅rdida de vigencia del convenio colectivo en cuesti贸n, deber谩n mantenerse, puesto que forman parte del sinalagma contractual. Y ello es as铆 porque esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo en que se cre贸 la relaci贸n jur铆dico-laboral, a partir del cual habr谩n experimentado la evoluci贸n correspondiente. (STSJ de Asturias, Sala de lo Social, de 24 de mayo de 2016, rec. n煤m. 999/2016)

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El TSJ de Andaluc铆a avala mantener el t铆tulo de familia numerosa especial aunque un hijo cumpla 25 a帽os

La Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a ha desestimado un recurso interpuesto por la Junta de Andaluc铆a contra una sentencia que avalaba mantener la categor铆a de familia numerosa especial a una familia cuyo hijo mayor 鈥揹e los cuatro que la conformaban鈥 hab铆a cumplido 25 a帽os. La sentencia estima la pretensi贸n de la familia razonando que el art铆culo 6 de la Ley 40/2003 芦es aplicable tanto a las familias numerosas generales como especiales禄 porque cuando expresa que 芦el t铆tulo seguir谩 en vigor禄 se refiere 芦al inicialmente otorgado, que en el caso que nos ocupa era de la categor铆a especial禄.

La familia acudi贸 a la Delegaci贸n Territorial en Sevilla de la Consejer铆a de Igualdad y Pol铆ticas Sociales de 20 de octubre de 2015 para renovar el t铆tulo de familia numerosa, quien estim贸 su solicitud pero atribuyendo a la familia numerosa la clasificaci贸n de 芦categor铆a general禄. Constaba que la unidad familiar estaba compuesta por el recurrente, su c贸nyuge y cuatro hijos, pero uno de 茅stos hab铆a superado los 25 a帽os de edad y, por tanto, perd铆a su condici贸n de beneficiario, teniendo reconocido el hijo menor un grado de discapacidad superior al 33%.

El TSJPV anula la jornada de 35 horas de los funcionarios vascos

La Secci贸n tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco (TSJPV) ha dictado una sentencia 聽en la que estima el recurso presentado por la Abogac铆a del Estado contra el 'Decreto por el que se establece la jornada de trabajo anual para el a帽o 2016 para el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administraci贸n P煤blica de la Comunidad Aut贸noma de Euskadi', que fij贸 la jornada laboral en 1.592 horas al a帽o.

Nuevas sentencias a ra铆z del asunto "De Diego Porras"

Si hay una conclusi贸n clara que se desprenda de la famosa trilog铆a s铆smica, conformada por las sentencias dictadas por el TJUE el pasado 14 de septiembre de 20161 鈥揺ntre las que destaca el asunto 鈥淒e Diego Porras鈥, sobre el que gira el presente comentario鈥, esa es sin duda el poco conocimiento que existe en sede europea de nuestro derecho (alimentado quiz谩 tambi茅n por la parquedad del Gobierno espa帽ol en las explicaciones aportadas para justificar la diferencia de trato entre trabajadores con contrato de duraci贸n determinada y trabajadores fijos, al indicar 煤nicamente sin otra consideraci贸n que radica en su duraci贸n y en la expectativa de estabilidad de la relaci贸n laboral) y, por extensi贸n, la poca importancia que el Tribunal de Justicia le ha dado a las tres cuestiones prejudiciales planteadas por Espa帽a (teniendo todas ellas como denominador com煤n la interpretaci贸n del Acuerdo marco sobre el trabajo de duraci贸n determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo). Y decimos esto porque las tres sentencias son del mismo d铆a, cuentan con el mismo ponente, han sido instruidas 煤nicamente por tres jueces (en lugar de 5 o 15) y no existen conclusiones del abogado general.

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