La Orden ISM/386/2024, de 29 de abril, publicada en el BOE del 1 de mayo y con entrada en vigor el 1 de junio de 2024, establece el plazo, las condiciones y el procedimiento para que aquellos que en el pasado realizaron prácticas formativas, prácticas académicas externas, participaron como becarios en programas de formación no dirigidos a la obtención de un título o como graduados universitarios, a través de estudios oficiales de doctorado en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero, puedan suscribir convenio especial con la Seguridad Social de cara a futuras prestaciones de jubilación e incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes.

En el DOUE del 30 de abril se publica la Directiva (UE) 2024/1233, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril, por la que se establece un procedimiento único de solicitud para la expedición de un permiso único que autorice a los nacionales de terceros países a residir con el fin de trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente (excluidos, por tanto, los trabajadores migrantes indocumentados) en un Estado miembro (EM).

Esta directiva de refundición entra en vigor el 20 de mayo de 2024, disponiendo los EM de un plazo que finalizará el 21 de mayo de 2026 para trasponer a su Derecho interno las disposiciones constitutivas de una modificación de fondo con respecto a la Directiva 2011/98/UE , que se deroga.

Permisos retribuidos. Derecho a participar en asuntos públicos. Sufragio pasivo. Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Trabajador por cuenta ajena que se presenta como candidato de un partido político a unas elecciones municipales y solicita el reconocimiento de un permiso retribuido durante los quince días de campaña electoral, viéndose en la necesidad de trasladar la fecha de sus vacaciones ante la negativa de la empresa al reconocimiento del referido permiso.

A tal fin, en el ámbito de la función pública sí se permite un permiso de tales características, sea a nivel estatal o en ámbito inferior.

En España no se aprovecha el talento extranjero, a diferencia de lo que sucede en muchos países de nuestro entorno que contratan trabajadores españoles cualificados.

El 54% de los trabajadores extranjeros que trabajan en España tienen estudios universitarios y están sobrecualificados para los puestos que ocupan, según datos que se desprenden de la mayor encuesta laboral que se realiza en Europa.

Además de desaprovechar el talento extranjero, tampoco se aprovecha el talento nativo de nuestro país, y cada mes emprenden la huida hacia la Unión Europea (UE) muchos jóvenes con estudios y cualificación (ingenieros, médicos, enfermeros, etc.). Es larga la lista de profesionales que hacen las maletas en busca de un futuro mejor.

Para poner en contacto a trabajadores europeos con ofertas de empleo dentro de la UE, existe la plataforma EURES, pero también se puede dar el caso de que una multinacional quiera cubrir puestos vacantes con trabajadores de otras filiales, en este caso estaríamos ante el traslado intraempresarial.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de abril de 2024.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

• TS. Empleo público: en la intermediación laboral el Servicio Público de Empleo puede acudir al criterio de prioridad temporal en la presentación de la solicitud ante un empate en los factores sustantivos
• TS. COVID-19. Acuerdo sobre teletrabajo donde los empleados deben aportar los equipos necesarios para realizar la actividad. La compensación económica ofrecida por la empresa se desvanece desde que ella pasa a proporcionar tales medios
• TS. No hay base legal para aplicar el preaviso del artículo 34.2 del ET sobre distribución irregular de la jornada al trabajo a turnos
• TS. Trabajadores a tiempo parcial que durante el año han tenido ampliaciones de jornada. Momento en el que debe liquidarse la retribución de las vacaciones
• TS. En la presentación telemática de solicitudes cabe la subsanación, pues la Administración no puede fundar sus actos desfavorables en la mera falta de pericia de los particulares
• TS. Coeficiente reductor de la edad de jubilación para conductor de exterior en instalaciones mineras. Es necesario instruir el preceptivo procedimiento para su asignación regulado en el artículo 2.2 del Real Decreto 2366/1984
• TS. Es posible que el demandado alegue por primera vez en el acto del juicio la excepción de prescripción, aunque no la haya anunciado en la conciliación o mediación previa
• TS. Incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional. La empresa está legitimada para recurrir en suplicación la sentencia desestimatoria de la demanda de la mutua para que la contingencia se califique de enfermedad común
• TSJ. En materia de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social la imputación temporal de rentas ha de hacerse en función de la fecha de cobro efectivo de las mismas y no de la fecha de devengo
• TSJ. Competencia territorial de los juzgados de lo Social. Conductores. Puede entenderse como lugar de trabajo el parking de la empresa donde comienzan y finalizan su ruta, aunque se encuentre lejos de la sede social

Consulte aquí en formato PDF

En el dinámico mundo empresarial, la gestión eficiente de las nóminas y los seguros sociales se ha convertido en una tarea clave para las empresas y sus departamentos de recursos humanos. Sin embargo, esta labor no está exenta de desafíos y muchas empresas se enfrentan a una serie de problemáticas que pueden obstaculizar la gestión de este cometido.

Las empresas, especialmente las pymes, se enfrentan a una maraña de normativa y actualizaciones constantes que pueden generar errores, retrasos y costosas sanciones. Desde errores en el cálculo de nóminas hasta incumplimientos legales, la complejidad de la gestión de nóminas y seguros sociales puede ser una tarea de cierta dificultad para los empresarios y los departamentos de recursos humanos.

1. En el verano del año 2021, tras una larguísima espera de un cuarto de siglo, debido a las resistencias de los diferentes Gobiernos que desde entonces han sido en España, de uno u otro color político, el Reino de España ratificaba la Carta Social Europea Revisada (1996) –CSER–. Al tiempo, aceptaba someterse al control de cumplimiento por su órgano de garantías, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), mediante el sistema de reclamaciones colectivas (Protocolo Adicional de 1995), más incisivo que el sistema de informes, aunque haya continuidad. Entre los derechos que se consagran en este Tratado Internacional de derechos sociales fundamentales humanos, que no sería una norma internacional más en el sistema jurídico (discrepamos en esto de la, sin duda, interesante STS, Sala 4ª, 268/2022, de 28 de marzo), pues está calificado oficialmente como la Constitución Social de Europa (Informe de 2015 de Thorbjørn Jagland, anterior Secretario General del Consejo de Europa, sobre el Estado de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa. Una responsabilidad compartida para la seguridad democrática en Europa, presentado en la 125.ª sesión del Comité de Ministros, Bruselas, 19 de mayo de 2015), están los recogidos en su artículo 24.