El TC valida las normas b谩sicas dictadas por el gobierno sobre tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad porque garantizan su uso en condiciones de igualdad en todo el estado

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado en su pr谩ctica totalidad el conflicto positivo de competencia formulado por el Gobierno del Pa铆s Vasco contra el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, que regula las condiciones b谩sicas de emisi贸n y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. El Tribunal considera que el Gobierno no ha invadido la competencia auton贸mica en materia de asistencia social, sino que, en el ejercicio de la que el art. 149.1.1 CE atribuye en exclusiva al Estado, ha establecido las condiciones b谩sicas necesarias para garantizar el reconocimiento de un derecho o beneficio (la autorizaci贸n para el uso de plazas de estacionamiento reservado) a un determinado colectivo (personas con movilidad reducida) en condiciones de igualdad en todo el territorio. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Ricardo Enr铆quez, cuenta con el voto particular de la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua.

La sentencia recuerda, en primer lugar, que es doctrina constitucional consolidada que la competencia auton贸mica 鈥渘o impide el ejercicio de las competencias del estado ex art. 149.1 CE鈥. El primer apartado de ese precepto prev茅 la intervenci贸n del Estado cuando se trata de establecer unas condiciones b谩sicas, generales, que garanticen la igualdad de los ciudadanos, tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes, independientemente de la Comunidad Aut贸noma en la que residan.

En este caso concreto, a帽ade, la norma impugnada pretende asegurar 鈥渆sa homogeneidad regulatoria b谩sica鈥 para garantizar el ejercicio de la libertad de circulaci贸n (art. 19 CE) en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos. La sentencia se帽ala que la libertad de circulaci贸n comprende el derecho a circular por todo el territorio del Estado mediante veh铆culos a motor; asimismo, explica que todas las administraciones p煤blicas tienen el deber de remover los 鈥渙bst谩culos que impidan o dificulten鈥 el disfrute de ese derecho a las personas con alg煤n tipo de discapacidad (art. 9.2 CE) y est谩n obligadas a 鈥渁mparar especialmente鈥 a los 鈥渄isminuidos f铆sicos, sensoriales y ps铆quicos鈥 con el fin de que disfruten de los derechos que el T铆tulo I de la Constituci贸n otorga a todos los ciudadanos (art. 49 CE).

Por lo tanto, el Real Decreto impugnado halla su cobertura constitucional en la competencia del Estado para el establecimiento de las condiciones b谩sicas necesarias para garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos y deberes fundamentales; esto supone que, 鈥渆n aras de asegurar la igualdad sustancial de derechos y deberes de todos los espa帽oles鈥, el Estado puede introducir 鈥渃ondicionamientos normativos vinculantes鈥 en una regulaci贸n, como la de las tarjetas de estacionamiento reservado, que, al pertenecer al 谩mbito de la asistencia social, corresponde aprobar a la Comunidad Aut贸noma del Pa铆s Vasco.

Hechas las anteriores consideraciones, el Tribunal analiza cada uno de los preceptos impugnados, respecto de los que determina si su finalidad es o no la de establecer las condiciones b谩sicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos. Realizado dicho an谩lisis, declara la constitucionalidad de todos los preceptos impugnados, con dos excepciones: el art. 8, que establece una serie de obligaciones de los titulares de las tarjetas de aparcamiento, as铆 como un r茅gimen de sanciones en caso de incumplimiento, que 鈥渄enotan una voluntad de establecer un r茅gimen jur铆dico completo鈥 y que, en consecuencia, invaden la competencia auton贸mica; y el art. 10, que fija unas reglas muy concretas para la renovaci贸n de la tarjeta que, por su grado de detalle, tambi茅n corresponde establecer a la Comunidad Aut贸noma.

Por el contrario, no invaden la competencia auton贸mica, entre otros, los siguientes preceptos, que el Pleno declara conformes a la Constituci贸n:

  • Art. 2. Establece que las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad tienen car谩cter de documento p煤blico; es decir, define el 鈥渋nstrumento material鈥 en el que se basa el ejercicio del derecho y que debe ser igual en todo el territorio.
  • Art. 3. Especifica qu茅 personas en concreto tienen derecho a beneficiarse de las autorizaciones de estacionamiento. Exige un certificado m茅dico a las personas f铆sicas y, a las personas jur铆dicas, que sean titulares de veh铆culos utilizados para el transporte colectivo de personas con discapacidad o en situaci贸n de dependencia. Se trata tambi茅n de una condici贸n b谩sica que garantiza la igualdad en todas las CC.AA.
  • Art. 5 y disposici贸n adicional 2陋. Establecen la cantidad m铆nima de plazas que deben reservarse al estacionamiento de personas con discapacidad tanto en zonas de escasez (de zonas para aparcar) como en los establecimientos sanitarios; se trata de una regulaci贸n que pretende garantizar su existencia y disponibilidad en todo el Estado.
  • Art. 6. Establece unas condiciones comunes para el ejercicio del derecho especial de estacionamiento. As铆, la autorizaci贸n a personas f铆sicas ser谩 personal e intransferible, por lo que s贸lo tendr谩 validez si el titular conduce el veh铆culo o es transportado en 茅l; la autorizaci贸n a personas jur铆dicas se vincula, adem谩s, al n煤mero de matr铆cula y ser谩 operativa s贸lo si se transporta a personas con derecho a disfrutar de esa ventaja. Su objetivo es asegurar en todo el territorio que las tarjetas se usen solo para el transporte de personas con discapacidad, y no de terceros.
  • Art. 7. Regula el alcance de la autorizaci贸n, tanto en el sentido de lo que puede hacer el titular de la tarjeta (utilizar las plazas reservadas, pedir la reserva de una plaza cerca del domicilio o del lugar de trabajo, etc.), como de lo que no puede hacer (estacionar en pasos peatonales, salidas de emergencia, etc). La regulaci贸n dota de homogeneidad al contenido de la autorizaci贸n en todo el territorio del Estado.
  • Art. 9. Establece que el procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones queda en manos de las CC.AA.
  • Disposici贸n adicional 1陋. Se crea la tarjeta de estacionamiento provisional, que pretende dar cobertura transitoria, en todo el Estado por igual, a situaciones que pueden equipararse a las protegidas por la norma.

En su voto particular, la Vicepresidenta Asua considera que el Tribunal debi贸 estimar en su integridad el conflicto de competencias porque, al amparo de la competencia del art. 149.1.1 CE, el Gobierno ha establecido una 鈥渞egulaci贸n completa y detallada del r茅gimen jur铆dico aplicable鈥 en lugar de limitarse a fijar las condiciones b谩sicas para garantizar la igualdad en el acceso al derecho a una tarjeta de estacionamiento reservado. La garant铆a de la igualdad, a帽ade, 鈥渘o impone la uniformidad de regulaci贸n de los derechos y deberes afectados y, por tanto, no debe ser entendido como una prohibici贸n de divergencia auton贸mica鈥. Por otra parte, se帽ala que el contenido constitucional del derecho a la libre circulaci贸n (art. 19 CE) no incluye ni la libertad a circular en veh铆culo propio ni la garant铆a de estacionamiento, por lo que la norma impugnada no cumple el requisito de conexi贸n directa con un derecho fundamental.

Madrid, 14 de febrero de 2017.

NOTA INFORMATIVA N潞 8/2017
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Conflicto positivo de competencia n煤m. 2113-2015
Voto Particular