Prestación de desempleo. Opción entre la reanudación de la suspendida y no agotada y la generada con un nuevo periodo de ocupación cotizada. Ausencia de notificación del derecho de opción. Efectos.

Cuando la Entidad Gestora dispone de los datos precisos para conocer que del mismo hecho causante pueden nacer dos o más prestaciones, entre las cuales debe optar el beneficiario, está obligada a informar por su propia iniciativa a este de sus diferentes derechos, con las necesarias precisiones y cuantificación (a fin de facilitar la mejor decisión), concediéndole entonces el derecho de opción a favor de una u otra, de manera que, si la Entidad Gestora incumple tal obligación, el beneficiario puede hacer valer su derecho de opción a favor de la otra prestación en cualquier momento, siempre que ese derecho prestacional no hubiera prescrito. No resulta admisible que el derecho de opción entre la antigua y nueva prestación de desempleo en casos de alternancia de periodos de desempleo y de ocupación, que presenta una relevante complejidad para conocedores de la legislación de la Seguridad Social, pueda entenderse ejercitado de forma tácita por un asegurado, que no tiene por qué ser versado en leyes, sin previo ofrecimiento o advertencia de la entidad gestora.

En sentencia del Pleno de la Sala de lo Social

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia de fecha 9 de octubre en la que se analiza la cuantía de la pensión de viudedad para una mujer víctima de violencia de género (VIOGEN). 

El debate se centra en sí las mujeres víctimas de VIOGEN deben percibir su pensión de viudedad con los límites que establece el artículo 220.2 de la Ley General de la Seguridad Social para todos los pensionistas de viudedad, hombres y mujeres, y que normalmente provoca reducción; o por el contrario la regla especial del artículo 220.3 establece la cuantía para las mujeres víctimas de VIOGEN sin que a la misma se le imponga limitación alguna caso de superar la pensión compensatoria que venía percibiendo tras el divorcio o separación.

Prestación por nacimiento y cuidado de menor. Cálculo de la base reguladora. Trabajador que en los 3 años anteriores al hecho causante alterna periodos de reducción de jornada por cuidado de hijo con otros a jornada completa.

En el caso analizado, el trabajador disfrutaba de una reducción de jornada del 50 % por cuidado de hijo desde el 1 de abril de 2021. Durante los tres años posteriores alternó periodos de reducción con otros en los que trabajó a jornada completa. Tras el nacimiento de un nuevo hijo en mayo de 2024, solicitó la prestación por nacimiento y cuidado de menor, tomando como referencia el mes de abril de 2024, cuando nuevamente se encontraba con reducción de jornada. El INSS calculó la base reguladora sobre la cotización efectivamente realizada durante ese periodo reducido, es decir, sobre el 50 % de la jornada, al entender que el beneficio previsto en el artículo 237.3 de la LGSS ya se había agotado. A su juicio, el plazo de tres años debía computarse de forma ininterrumpida desde el inicio de la primera reducción de jornada, por lo que el periodo protegido había finalizado el 31 de marzo de 2024. Para la correcta resolución del caso hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una materia especialmente protegida por el ordenamiento jurídico, relacionada con el cuidado de menores, la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad. Por ello, las normas aplicables deben interpretarse de acuerdo con la finalidad perseguida por el legislador, favoreciendo la efectividad de los derechos reconocidos y evitando interpretaciones restrictivas que limiten su alcance. Desde esta perspectiva, la ficción legal consistente en computar las cotizaciones como si la jornada no se hubiera reducido pretende evitar cualquier perjuicio para quien ejerce este derecho. La reducción de jornada para el cuidado de menores es una medida expresamente reconocida por el artículo 37 del ET y su disfrute no puede traducirse en una merma de la protección social.

Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo. Responsabilidad empresarial por incumplimiento de sus obligaciones de cotización durante varios meses anteriores al hecho causante.

Ante la falta de desarrollo reglamentario del artículo 167 de la LGSS se sigue aplicando a casos como el debatido los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 907/1966 (TALSS). Así, el artículo 94 del TALSS sitúa la responsabilidad «a partir del segundo mes siguiente» al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y excluye el efecto liberatorio del pago extemporáneo salvo aplazamiento o fraccionamiento concedido. Ante la falta de reglamento que desarrollara esos supuestos, esa responsabilidad automática u objetiva fue sustituida jurisprudencialmente por un juicio de proporcionalidad, inaugurado en STS de 8 de mayo de 1997 (rec. núm. 3824/1996) y consolidado en la STS (Sala General) de 1 de febrero de 2000 (rec. núm. 694/1999). La regla resultante de ese inicial pronunciamiento era que no todo descubierto genera responsabilidad, solo el que, por su entidad y circunstancias, revelara un incumplimiento «definitivo y voluntario», expresivo de una voluntad deliberadamente rebelde al deber de cotizar, frente al incumplimiento meramente ocasional, esporádico o transitorio -típicamente por dificultades de tesorería-, en cuyo caso la responsabilidad permanecería en la entidad que asegura la contingencia (la mutua). Sobre esa regla general, se introdujo por nuestra jurisprudencia una aclaración con relación a las contingencias profesionales.

Prestación por nacimiento y cuidado de menor. Trabajadora encuadrada en el RETA que incrementa su base de cotización encontrándose embarazada, produciéndose el parto pocos meses después. Determinación de si esta conducta se encuentra comprendida dentro de la infracción administrativa muy grave tipificada en el artículo 26.1 del TRLISOS (actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan).

En el supuesto analizado, la trabajadora venía cotizando por la base mínima del RETA (944,40 euros) e incrementó su base de cotización con efectos de 1 de abril de 2019 a la cantidad máxima de 4.070,10 euros. Tras el parto acaecido en julio de 2019, solicitó la prestación por nacimiento y cuidado de menor. La Dirección Provincial del INSS le impuso la sanción de pérdida de la prestación durante seis meses en aplicación de los artículos 26.1 y 47.1.c) del TRLISOS al considerar que actuó fraudulentamente para obtener prestaciones superiores. Frente a la pretensión de la entidad gestora, debe precisarse que la presunción de certeza de las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se limita a los hechos constatados directamente por el funcionario actuante a través de su apreciación sensorial, no alcanzando a las deducciones ni a las conclusiones y valoraciones jurídicas, en cuyo ámbito rige el principio iura novit curia. Por tanto, en este ámbito no opera presunción de certeza alguna, porque el órgano judicial no está vinculado por la interpretación y aplicación del derecho que haya realizado el funcionario inspector.

En el BOE del 23 de octubre de 2026 se publican dos reales decretos que refuerzan la protección de las personas trabajadoras frente a la exposición a sustancias peligrosas. Las novedades afectan, por una parte, a los valores límite de exposición profesional al plomo y sus compuestos inorgánicos y a los diisocianatos y, por otra, a la regulación de los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Se trata de dos reformas de distinto alcance:

• El Real Decreto 846/2026, de 21 de octubre, modifica los Reales Decretos 665/1997 y 374/2001, actualizando los límites de exposición y determinadas obligaciones preventivas frente a agentes cancerígenos, mutágenos, reprotóxicos y químicos.
• El Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre, establece una nueva regulación de los trabajos con riesgo de exposición al amianto, sustituyendo íntegramente al Real Decreto 396/2006.

Ambas normas incorporan al ordenamiento español las modificaciones introducidas por las Directivas (UE) 2024/869 y 2023/2668, respectivamente, y entran en vigor, con las excepciones y regímenes transitorios previstos, el 24 de octubre de 2026.

• TS. Subcontratación en el sector de delivery: es lícita cuando la empresa contratada mantiene la dirección efectiva de sus trabajadores, asume el riesgo empresarial y opera mediante entornos tecnológicos técnicamente independientes
• TS. Protocolos empresariales sobre el disfrute de las vacaciones. ¿Cuándo precisan de negociación?
• TS. Permiso por hospitalización de familiares: el Tribunal Supremo confirma que no está sujeto a un límite anual acumulado, sino que nace de forma independiente cada vez que acontece un nuevo hecho causante
• TS. Despido colectivo: la mera iniciación del periodo de consultas antes de la declaración de concurso no preserva la competencia de la jurisdicción social si la decisión extintiva se formaliza tras el auto concursal
• TSJ. Permiso por fuerza mayor ex artículo 37.9 del ET: no viene condicionado a la previa presencia en el puesto de trabajo
• TSJ. Futbolistas profesionales: la declaración de incapacidad permanente total tras un despido improcedente no enerva el derecho a la indemnización del artículo 13 d) del RD 1006/1985
• TSJ. Subcontratar la limpieza no exime de responsabilidad a la empresa principal si el accidente laboral (caída grave de un empleado en suelo mojado) ocurre dentro de su centro de trabajo y bajo su esfera de control

Consulte aquí en formato pdf

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal y de Comunidades Autónomas publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2026.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas