Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo. Responsabilidad empresarial por incumplimiento de sus obligaciones de cotización durante varios meses anteriores al hecho causante.

Ante la falta de desarrollo reglamentario del artículo 167 de la LGSS se sigue aplicando a casos como el debatido los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 907/1966 (TALSS). Así, el artículo 94 del TALSS sitúa la responsabilidad «a partir del segundo mes siguiente» al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y excluye el efecto liberatorio del pago extemporáneo salvo aplazamiento o fraccionamiento concedido. Ante la falta de reglamento que desarrollara esos supuestos, esa responsabilidad automática u objetiva fue sustituida jurisprudencialmente por un juicio de proporcionalidad, inaugurado en STS de 8 de mayo de 1997 (rec. núm. 3824/1996) y consolidado en la STS (Sala General) de 1 de febrero de 2000 (rec. núm. 694/1999). La regla resultante de ese inicial pronunciamiento era que no todo descubierto genera responsabilidad, solo el que, por su entidad y circunstancias, revelara un incumplimiento «definitivo y voluntario», expresivo de una voluntad deliberadamente rebelde al deber de cotizar, frente al incumplimiento meramente ocasional, esporádico o transitorio -típicamente por dificultades de tesorería-, en cuyo caso la responsabilidad permanecería en la entidad que asegura la contingencia (la mutua). Sobre esa regla general, se introdujo por nuestra jurisprudencia una aclaración con relación a las contingencias profesionales.

Condición más beneficiosa. Cesta de navidad en forma de tarjeta regalo de El Corte Inglés. Empresa que en un periodo de 20 años solo la abona cuando existen beneficios.

En el caso analizado, ya al menos desde el año 2004 la empresa abonaba a sus empleados la cesta de Navidad. Y contemplando todo el periodo hasta el año 2024, en el que arranca el conflicto, resulta que la empresa ha abonado la cesta de navidad los años 2004 a 2010 (7 años) y en los años 2018 a 2023 (6 años), tratándose de ejercicios en que la empresa ha obtenido siempre beneficios. No se ha abonado en ejercicios en los que la empresa ha presentado pérdidas de 2011 a 2013 y de 2016 a 2017, e incluso no se ha abonado en los ejercicios de 2014 a 2015, pese a haber obtenido resultados positivos. Aunque la sentencia recurrida considera que estamos ante una permanencia, y reiteración a lo largo de varios años, contemplando al efecto los últimos años en que se abonó, debe entenderse que es más correcto considerar todo el periodo, esto es, el que transcurre desde que se instauró el abono de la cesta, el año 2004, y el momento en que deja de abonarse, esto es, el año 2024. Contemplando todo el periodo, resulta que la empresa sí ha abonado la cesta durante 7 años consecutivos, no la ha abonado durante otros siete 7 años consecutivos, y ha pasado a abonarla de nuevo otros 6 años consecutivos, para dejar de abonarla en 2024 y en 2025. En la situación acreditada debe estimarse que no se da una sucesión de actos mantenida en el tiempo, en conjunción con la voluntad inequívoca de la empresa de incorporar al contrato de trabajo la ventaja en que consiste el abono de la cesta de Navidad, que entrega cuando lo considera y en atención a las circunstancias económicas que pueden darse en cada momento.

Prestación por nacimiento y cuidado de menor. Trabajadora encuadrada en el RETA que incrementa su base de cotización encontrándose embarazada, produciéndose el parto pocos meses después. Determinación de si esta conducta se encuentra comprendida dentro de la infracción administrativa muy grave tipificada en el artículo 26.1 del TRLISOS (actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan).

En el supuesto analizado, la trabajadora venía cotizando por la base mínima del RETA (944,40 euros) e incrementó su base de cotización con efectos de 1 de abril de 2019 a la cantidad máxima de 4.070,10 euros. Tras el parto acaecido en julio de 2019, solicitó la prestación por nacimiento y cuidado de menor. La Dirección Provincial del INSS le impuso la sanción de pérdida de la prestación durante seis meses en aplicación de los artículos 26.1 y 47.1.c) del TRLISOS al considerar que actuó fraudulentamente para obtener prestaciones superiores. Frente a la pretensión de la entidad gestora, debe precisarse que la presunción de certeza de las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se limita a los hechos constatados directamente por el funcionario actuante a través de su apreciación sensorial, no alcanzando a las deducciones ni a las conclusiones y valoraciones jurídicas, en cuyo ámbito rige el principio iura novit curia. Por tanto, en este ámbito no opera presunción de certeza alguna, porque el órgano judicial no está vinculado por la interpretación y aplicación del derecho que haya realizado el funcionario inspector.

En el BOE del 23 de octubre de 2026 se publican dos reales decretos que refuerzan la protección de las personas trabajadoras frente a la exposición a sustancias peligrosas. Las novedades afectan, por una parte, a los valores límite de exposición profesional al plomo y sus compuestos inorgánicos y a los diisocianatos y, por otra, a la regulación de los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Se trata de dos reformas de distinto alcance:

• El Real Decreto 846/2026, de 21 de octubre, modifica los Reales Decretos 665/1997 y 374/2001, actualizando los límites de exposición y determinadas obligaciones preventivas frente a agentes cancerígenos, mutágenos, reprotóxicos y químicos.
• El Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre, establece una nueva regulación de los trabajos con riesgo de exposición al amianto, sustituyendo íntegramente al Real Decreto 396/2006.

Ambas normas incorporan al ordenamiento español las modificaciones introducidas por las Directivas (UE) 2024/869 y 2023/2668, respectivamente, y entran en vigor, con las excepciones y regímenes transitorios previstos, el 24 de octubre de 2026.

El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales (publicado en el BOE de 21 de octubre de 2026 y con distintas entradas en vigor), introduce diversas medidas para adaptar la acción protectora de la Seguridad Social a los cambios sociales, económicos y demográficos actuales. La norma busca garantizar una protección suficiente y adecuada a las necesidades de la población, por lo que incorpora medidas dirigidas a mejorar tanto las prestaciones como su gestión, dando respuesta a nuevas realidades sociales y sanitarias que requieren una cobertura específica. Asimismo, corrige disfunciones detectadas en la aplicación de la normativa vigente para reforzar la eficacia y la seguridad jurídica e introduce ajustes destinados a mejorar la suficiencia y la equidad de la protección social. Estas medidas se articulan principalmente mediante modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social y de otras normas laborales y de Seguridad Social, tal y como se expondrá a continuación.

• TS. Subcontratación en el sector de delivery: es lícita cuando la empresa contratada mantiene la dirección efectiva de sus trabajadores, asume el riesgo empresarial y opera mediante entornos tecnológicos técnicamente independientes
• TS. Protocolos empresariales sobre el disfrute de las vacaciones. ¿Cuándo precisan de negociación?
• TS. Permiso por hospitalización de familiares: el Tribunal Supremo confirma que no está sujeto a un límite anual acumulado, sino que nace de forma independiente cada vez que acontece un nuevo hecho causante
• TS. Despido colectivo: la mera iniciación del periodo de consultas antes de la declaración de concurso no preserva la competencia de la jurisdicción social si la decisión extintiva se formaliza tras el auto concursal
• TSJ. Permiso por fuerza mayor ex artículo 37.9 del ET: no viene condicionado a la previa presencia en el puesto de trabajo
• TSJ. Futbolistas profesionales: la declaración de incapacidad permanente total tras un despido improcedente no enerva el derecho a la indemnización del artículo 13 d) del RD 1006/1985
• TSJ. Subcontratar la limpieza no exime de responsabilidad a la empresa principal si el accidente laboral (caída grave de un empleado en suelo mojado) ocurre dentro de su centro de trabajo y bajo su esfera de control

Consulte aquí en formato pdf

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal y de Comunidades Autónomas publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2026.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2026.

• Normativa de las Comunidades Autónomas