• En la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), se amplía la edad de los afectados más allá de los 26 años 
  
• Incorpora dos tipos de incapacidad temporal de carácter especial con mayor protección: derivada de trastorno menopáusico y para mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de género 
  
• Facilita el reconocimiento de la pareja de hecho para acceder a la pensión de viudedad
  
• Aumenta la protección por orfandad y otras pensiones para víctimas del terrorismo, entre otras medidas

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha aprobado, a propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un Real Decreto-ley que contempla un conjunto de nuevas medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales que suponen una extensión de derechos. En concreto, entre las medidas se incluye la ampliación de la edad de los afectados en la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) en situaciones determinadas.

• En relación con el amianto se cambia el paradigma limitando los valores de exposición y mejorando la metodología de medición
  
• Se trata de avanzar en la eliminación del amianto en el menor plazo posible
  
• Se refuerzan las medidas de registro y control para las empresas con exposición al amianto
  
• Se establecen nuevos valores límite ambientales y biológicos para el plomo y sus compuestos inorgánicos
  
• Se fijan valores límite de exposición profesional para los diisocianatos
  
• El plomo y sus compuestos pueden producir efectos adversos sobre la fertilidad
  
• Los diisocianatos están asociados a patologías cutáneas y respiratorias

Despido disciplinario de mujer que tiene la condición de víctima de violencia de género. Inversión de la carga de la prueba tras invocar vulneración de derechos fundamentales por discriminación.

Parece indudable que, el hecho de que una mujer haya sido o esté siendo víctima de violencia de género, no se contempla por sí solo en el artículo 55.5 del ET como un factor susceptible de provocar una calificación de nulidad de manera objetiva, tal como se prevé en las letras a), b) y c) de dicho precepto, y ello tanto si tal situación se considera de manera autónoma, como si se reconduce a un tipo de discriminación específica por razón de sexo. Por el contrario, para que tal factor pueda incidir en la calificación del despido, es necesario que la trabajadora haya intentado hacer valer derechos laborales en función de su condición de víctima de violencia de género, ya sea en el estricto ámbito de la organización empresarial, ya ante los órganos judiciales. Por tanto, con carácter general la mera circunstancia de que la mujer trabajadora haya sido o esté siendo víctima de violencia de género, fuera del caso ya enunciado, carece de entidad para sustentar aquella necesaria sospecha y alzarse como un indicio suficiente de que la empresa ha adoptado su decisión de manera relacionada con la situación de la trabajadora.

Se abordan dos supuestos distintos:

1. En primer lugar, se aborda la cuestión de si es posible percibir dos pensiones de jubilación activa cuando una persona que está integrada en dos regímenes distintos en situación de pluriactividad, [por ejemplo, en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) y en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS)], y accede a la pensión de jubilación en cada uno de los regímenes cumpliendo en ambos los requisitos para el acceso a la jubilación activa y mantiene o inicia en uno de ellos un trabajo.

2. En segundo lugar, se aborda la cuestión de cómo proceder en aquellos casos en los que la persona interesada se encuentra trabajando en dos regímenes distintos en situación de pluriactividad y pretende acceder a la pensión de jubilación activa únicamente en uno de ellos mientras continúa trabajando en el otro régimen.

• Criterio de gestión del INSS núm. 22/2026

(INSS: Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica)

• TS. Subcontratación en el sector de delivery: es lícita cuando la empresa contratada mantiene la dirección efectiva de sus trabajadores, asume el riesgo empresarial y opera mediante entornos tecnológicos técnicamente independientes
• TS. Protocolos empresariales sobre el disfrute de las vacaciones. ¿Cuándo precisan de negociación?
• TS. Permiso por hospitalización de familiares: el Tribunal Supremo confirma que no está sujeto a un límite anual acumulado, sino que nace de forma independiente cada vez que acontece un nuevo hecho causante
• TS. Despido colectivo: la mera iniciación del periodo de consultas antes de la declaración de concurso no preserva la competencia de la jurisdicción social si la decisión extintiva se formaliza tras el auto concursal
• TSJ. Permiso por fuerza mayor ex artículo 37.9 del ET: no viene condicionado a la previa presencia en el puesto de trabajo
• TSJ. Futbolistas profesionales: la declaración de incapacidad permanente total tras un despido improcedente no enerva el derecho a la indemnización del artículo 13 d) del RD 1006/1985
• TSJ. Subcontratar la limpieza no exime de responsabilidad a la empresa principal si el accidente laboral (caída grave de un empleado en suelo mojado) ocurre dentro de su centro de trabajo y bajo su esfera de control

Consulte aquí en formato pdf

El asunto versa sobre la procedencia del reintegro a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social del importe del subsidio por IT abonado a una persona a quien, por resolución judicial, se le reconoció una incapacidad permanente IP con efectos anteriores al inicio del proceso de IT.

• Criterio de gestión del INSS núm. 21/2026
  

(INSS: Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica)

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal y de Comunidades Autónomas publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2026.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2026.

• Normativa de las Comunidades Autónomas