El BOE de 4 de noviembre de 2026 publica el Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia.

La norma establece un régimen extraordinario de ayudas económicas para las víctimas y sus familiares, incorpora medidas específicas de protección laboral y de Seguridad Social y modifica la legislación de consumidores y usuarios para limitar los incrementos de precios en determinadas situaciones de emergencia.

Desde la perspectiva sociolaboral, destacan especialmente dos medidas: la protección de las personas trabajadoras afectadas por los problemas de movilidad derivados del accidente y la consideración excepcional de determinadas prestaciones de Seguridad Social como derivadas de accidente de trabajo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que mejora la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) con una nueva regulación, sistemática y coherente, que adapta esta prestación de la Seguridad Social a las nuevas realidades sociales y familiares.

El nuevo reglamento CUME, que sale adelante tras un intenso proceso de participación -cuya audiencia pública recibió más de 1.200 aportaciones- integra en un único cuerpo normativo todas las mejoras que se han ido haciendo necesarias y desarrolla las contempladas en el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales, aprobado por el Gobierno el pasado 19 de octubre.

A continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés sociolaboral publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea del 1 al 31 de octubre de 2026, sombreando aquellas que ha sido objeto de análisis en esta página.

• TS. Permiso de 5 días por intervención quirúrgica sin hospitalización: puede disfrutarse en su integridad, aunque haya terminado la indicación de reposo domiciliario, en tanto subsista la baja médica
• TS. El Tribunal Supremo establece que la condición de víctima de violencia de género requiere indicios concomitantes para invertir la carga de la prueba en el despido
• TS. IT derivada de accidente de trabajo. Responsabilidad empresarial por incumplimiento de sus obligaciones de cotización: cinco meses de descubierto, sin más, no son suficientes para deducir un comportamiento contumaz, grave y rebelde
• TS. El Tribunal Supremo establece que no actúa fraudulentamente la trabajadora embarazada encuadrada en el RETA que 3 meses antes del parto incrementa su base de cotización a la cantidad máxima
• TSJ. Cesta de Navidad: no existe condición más beneficiosa cuando, en un periodo de 23 años, la empresa la entrega o no en función de los resultados económicos
• TSJ. Compensación económica de vacaciones no disfrutadas: la falta de información empresarial impide la prescripción y vincula al Fogasa en supuestos de insolvencia
• TSJ. Reducción de jornada por cuidado de menor: las cotizaciones incrementadas al 100 % durante los 3 primeros años no se computan de forma ininterrumpida si se alternan periodos a jornada completa
• TSJ. Prestación por desempleo: el derecho de opción entre la suspendida y no agotada y la generada por un nuevo periodo de ocupación cotizada no puede entenderse ejercitado de forma tácita sin previa notificación al interesado

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Permiso de cinco días por intervención quirúrgica sin hospitalización. Determinación de si puede disfrutarse íntegramente, aun cuando el reposo domiciliario tenga una duración inferior.

No hay razón alguna para no aplicar al caso los mismos criterios sentados por la Sala para el permiso por hospitalización de familiares. Así, este debe ser reconocido cuando concurran el resto de elementos que configuran el derecho, aunque el familiar no siga hospitalizado, y ello porque el alta hospitalaria no equivale al alta médica, en cuanto tras la primera alta hospitalaria pueden subsistir, como de hecho ocurre habitualmente, tanto la necesidad de asistencia médica (no hospitalaria), como la personal vinculada a la recuperación del paciente. En definitiva, la persona trabajadora no puede dedicar el permiso o licencia en cuestión a la holganza o el asueto cuando el familiar hospitalizado ya se encuentra recuperado o incluso trabajando. Pero tal resolución final de la convalecencia del enfermo no puede darse por supuesta tras el alta hospitalaria, si no consta luego la definitiva alta médica. Como puede observarse, no se trata de que el artículo 37.3 b) del ET prevea un permiso «de» cinco días o «de hasta» cinco días, sino más bien de la persistencia de la causa que justifica la licencia.

Prestación de desempleo. Opción entre la reanudación de la suspendida y no agotada y la generada con un nuevo periodo de ocupación cotizada. Ausencia de notificación del derecho de opción. Efectos.

Cuando la Entidad Gestora dispone de los datos precisos para conocer que del mismo hecho causante pueden nacer dos o más prestaciones, entre las cuales debe optar el beneficiario, está obligada a informar por su propia iniciativa a este de sus diferentes derechos, con las necesarias precisiones y cuantificación (a fin de facilitar la mejor decisión), concediéndole entonces el derecho de opción a favor de una u otra, de manera que, si la Entidad Gestora incumple tal obligación, el beneficiario puede hacer valer su derecho de opción a favor de la otra prestación en cualquier momento, siempre que ese derecho prestacional no hubiera prescrito. No resulta admisible que el derecho de opción entre la antigua y nueva prestación de desempleo en casos de alternancia de periodos de desempleo y de ocupación, que presenta una relevante complejidad para conocedores de la legislación de la Seguridad Social, pueda entenderse ejercitado de forma tácita por un asegurado, que no tiene por qué ser versado en leyes, sin previo ofrecimiento o advertencia de la entidad gestora.

En sentencia del Pleno de la Sala de lo Social

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia de fecha 9 de octubre en la que se analiza la cuantía de la pensión de viudedad para una mujer víctima de violencia de género (VIOGEN). 

El debate se centra en sí las mujeres víctimas de VIOGEN deben percibir su pensión de viudedad con los límites que establece el artículo 220.2 de la Ley General de la Seguridad Social para todos los pensionistas de viudedad, hombres y mujeres, y que normalmente provoca reducción; o por el contrario la regla especial del artículo 220.3 establece la cuantía para las mujeres víctimas de VIOGEN sin que a la misma se le imponga limitación alguna caso de superar la pensión compensatoria que venía percibiendo tras el divorcio o separación.

Prestación por nacimiento y cuidado de menor. Cálculo de la base reguladora. Trabajador que en los 3 años anteriores al hecho causante alterna periodos de reducción de jornada por cuidado de hijo con otros a jornada completa.

En el caso analizado, el trabajador disfrutaba de una reducción de jornada del 50 % por cuidado de hijo desde el 1 de abril de 2021. Durante los tres años posteriores alternó periodos de reducción con otros en los que trabajó a jornada completa. Tras el nacimiento de un nuevo hijo en mayo de 2024, solicitó la prestación por nacimiento y cuidado de menor, tomando como referencia el mes de abril de 2024, cuando nuevamente se encontraba con reducción de jornada. El INSS calculó la base reguladora sobre la cotización efectivamente realizada durante ese periodo reducido, es decir, sobre el 50 % de la jornada, al entender que el beneficio previsto en el artículo 237.3 de la LGSS ya se había agotado. A su juicio, el plazo de tres años debía computarse de forma ininterrumpida desde el inicio de la primera reducción de jornada, por lo que el periodo protegido había finalizado el 31 de marzo de 2024. Para la correcta resolución del caso hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una materia especialmente protegida por el ordenamiento jurídico, relacionada con el cuidado de menores, la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad. Por ello, las normas aplicables deben interpretarse de acuerdo con la finalidad perseguida por el legislador, favoreciendo la efectividad de los derechos reconocidos y evitando interpretaciones restrictivas que limiten su alcance. Desde esta perspectiva, la ficción legal consistente en computar las cotizaciones como si la jornada no se hubiera reducido pretende evitar cualquier perjuicio para quien ejerce este derecho. La reducción de jornada para el cuidado de menores es una medida expresamente reconocida por el artículo 37 del ET y su disfrute no puede traducirse en una merma de la protección social.