La ampliación del Fondo Social de Viviendas destaca la apuesta del Gobierno por dar asistencia a familias y personas en situación vulnerable

Personas mayores, personas dependientes, familias en situación vulnerable o víctimas de violencia de género. Estos son algunos de los sectores de población a los que especialmente beneficiará la ampliación del Fondo Social de Viviendas hasta casi 9.900 viviendas, tal y como recoge el convenio.

En el Ministerio de Economía y Competitividad han firmado el convenio representantes de los departamentos de Economía, Fomento y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Tercer Sector de Acción Social y de las entidades bancarias.​

​La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha participado en la firma de un convenio que, entre sus múltiples ventajas, permite dar cumplimiento a uno de los aspectos fundamentales del reciente Plan Integral de Apoyo a la Familia, al igual que hace más relevantes las aportaciones y el papel de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Así, por ejemplo, las entidades de crédito, aparte de llegar a acuerdos con ayuntamientos y diputaciones provinciales, podrán alcanzarlos con las organizaciones integradas en la Plataforma del Tercer Sector. Éstas, a su vez, podrán verificar que los solicitantes cumplen las condiciones para acceder a las viviendas del Fondo y podrán dar prioridad a algunas solicitudes en función de la situación social de las personas o familias que las cursen.

Las viviendas, en definitiva, estarán disponibles exclusivamente para aquellas familias o personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia del impago de un préstamo hipotecario concedido por una entidad de crédito. Se dará prevalencia a las circunstancias sociales de ciudadanos y de familias afectados por la crisis en mayor medida, debido a la caída de sus ingresos durante los últimos años. 

Así, para acceder a las viviendas del Fondo se establece una serie de criterios, como que sean bajos los ingresos del solicitante o de los miembros de su unidad familiar, (es decir, que no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM) o bien, entre otros:

• ​​Tener hijos menores de edad.
• ​Ser unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargos.
• Ser familia numerosa.
• Que en su unidad familiar haya alguna persona con una discapacidad, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para desempeñar una actividad laboral.
• Que en su unidad familiar el deudor hipotecario haya perdido su vivienda y se encuentre en desempleo y haya acabado las prestaciones derivadas de ello.
• Ser víctima de violencia de género o que en su unidad familiar haya una víctima de violencia de género.
• Que sea persona en situación de dependencia o de discapacidad para el que tener la vivienda es un activo indispensable en aras de su inclusión social y autonomía.
• Que se haya prejubilado o jubilado, y que mediante aval haya asumido la deuda de sus hijos o nietos.
• Que presente cualquier otra circunstancia de vulnerabilidad social acreditada por los servicios sociales o por las organizaciones de la Plataforma del Tercer Sector.

En el convenio firmado se han añadido, como posibles circunstancias que permiten acceder a una vivienda del Fondo:

• ​Ser mayor de 60 años.
• Ser parte de un matrimonio sin hijos (y se cumplan los demás requisitos tipificados en el Convenio).
• Ser deudor no hipotecario (y cumpla los demás requisitos).

​​El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas disponibles, aportadas por los bancos, con el fin de dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). El Gobierno ha prorrogado dicho proyecto hasta enero de 2017.

LA MONCLOA