El Congreso convalida la prórroga del plan PREPARA y la reducción del número de peonadas para acceder al subsidio agrario
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explicó en la Cámara Baja que la prórroga del plan PREPARA -un programa de seis meses de duración dirigido a recualificar y mejorar la empleabilidad de aquellas personas que han agotado su prestación por desempleo- ha sido una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno a la vista de que la crisis económica estaba teniendo efectos sociales muy intensos, que requerían un esfuerzo colectivo y una especial sensibilidad hacia las personas más vulnerables.
Consulte aquí el Real Decreto-Ley 1/2013
Báñez afirmó en su intervención que el Gobierno "quiere dar más certidumbre a miles de españoles que se encuentran en situación de mayor dificultad".
La norma posibilita una prórroga automática del programa por períodos de seis meses cuando la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), fuera superior al 20 por ciento.
Báñez subrayó que el Gobierno tomó esta decisión tras la constatación de que nuestra economía acumula ya cinco trimestres de crecimiento negativo y una tasa de paro del 26 por ciento.
El Programa mantiene las mismas condiciones que en la actualidad, de manera que los parados de larga duración o con cargas familiares que agoten la prestación o subsidio por desempleo de nivel contributivo y no tengan otros ingresos percibirán durante seis meses una ayuda de 400 euros mensuales. Dicha cantidad se eleva a 450 euros para los parados con mayores cargas familiares.
La ministra de Empleo y Seguridad Social destacó, por otra parte, que en este momento algo está empezando a cambiar en el mercado de trabajo.
En su intervención puso de relieve dos datos que "son señales de que algo está cambiando": la reducción del ritmo de destrucción de empleo y el crecimiento del empleo autónomo en 2012, por primera vez desde que comenzó la crisis. Así, desde julio del año pasado, el paro se ha incrementado en 275.000 personas frente a 440.000 en el mismo período del año 2011. Y en 2012, por primera vez desde que comenzó la crisis, el empleo autónomo se incrementó en 53.300 personas, mientras que entre 2008 y 2011 se destruyeron 625.000 empleos autónomos. "Son señales de que algo está cambiando", afirmó.
Trabajadores eventuales agrarios
El Real Decreto-ley incluye también la reducción, de 35 a 20, del número de jornales necesarios para acceder al subsidio o renta agrarias para paliar la caída de la producción de aceituna, cercana al 60 por ciento, que ha afectado de forma especial a Andalucía y Extremadura.
"Esta caída de la producción, explicó Báñez, tiene un impacto considerable en términos de empleo al tratarse de cultivos muy intensivos en mano de obra que, además, se focaliza en comarcas en las que apenas existe una actividad económica alternativa al campo".
En este sentido subrayó que con esta medida "ningún trabajador del campo se va a quedar sin percibir su derecho al subsidio o a la renta agraria".
Báñez destacó en su intervención que la reducción del número de peonadas para acceder al subsidio o renta agraria, que venía siendo demandada por asociaciones de trabajadores e instituciones públicas de las zonas afectadas, es fruto del análisis llevado a cabo en sucesivas reuniones con los representantes de las organizaciones agrarias, COAG y ASAJA, y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
Otras medidas urgentes para el empleo y la protección social
Otra de las medidas que contempla el Real Decreto-ley convalidado hoy por el Congreso es la relativa al mantenimiento del derecho a las prestaciones por desempleo para los trabajadores que han visto extinguidos sus contratos como consecuencia de acuerdos de flexibilidad interna, como la suspensión temporal del contrato de trabajo. Con ella se incentiva el uso de medidas de flexibilidad interna alternativas al despido.
Por último, la norma prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2013, el plazo para mantener la posibilidad de efectuar contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional.
De esta forma, la actividad formativa asociada a este tipo de contratos podrá seguir estando constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.
La ministra de Empleo y Seguridad Social concluyó que el conjunto de medidas que contempla el Real Decreto-ley convalidado hoy "muestra que el Gobierno, a la vez que lleva a cabo su impulso reformista para retornar al crecimiento económico generador de empleo, mantiene su compromiso con los más afectados por la crisis económica"
LA MONCLOA 14-02-2013