El contrato indefinido de apoyo a emprendedores: Un nuevo ejemplo de modalidad fracasada en el Sistema Español de Relaciones Laborales
Para facilitar el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Unión Europea en materia de política de empleo, el Gobierno dictó una serie de reformas de la legislación laboral entre las que se encuentra la Ley 3/2012, uno de cuyos objetivos es fomentar el empleo. A tal fin, su artículo 4 crea el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, cuya misión consiste en potenciar la iniciativa empresarial, pero solamente de aquellas empresas con un menor tamaño, es decir, con menos de 50 trabajadores y que, a pesar de la situación de crisis, apuesten por la creación de empleo.
Desde su entrada en vigor, este contrato ha estado sometido a un exhaustivo control judicial, pues su peculiaridad más importante, el periodo de prueba de un año, ha terminado por convertirse en un importante foco de litigiosidad. El presente estudio analiza las decisiones judiciales que examinan si la regulación del contrato cumple o no la legislación española e internacional. La conclusión fundamental es que a pesar de las dudas planteadas, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Constitucional español han validado esta modalidad contractual y la duración de su periodo de prueba.
Palabras claves: contrato indefinido de apoyo a emprendedores, periodo de prueba, libre desistimiento y control de constitucionalidad.
Roberto Fernández Fernández
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de León
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RTSS. CEF. NÚM. 404 (noviembre 2016)
SUMARIO
1. La justificación para la creación de una nueva modalidad contractual y su escasa utilización desde su entrada en vigor
2. El alcance de la noción de emprendedor: El todo incluido frente a una interpretación restrictiva
3. Peculiaridades en las condiciones laborales: En particular el polémico periodo de prueba
3.1. Aspectos comunes del periodo de prueba
3.2. El carácter imperativo de la regulación del periodo de prueba en esta modalidad contractual: Limitaciones al juego de la autonomía colectiva
4. La duración del periodo de prueba: La medida más contestada y causa de una elevada tasa de litigiosidad
4.1. La duración del periodo de prueba de un año bajo el crisol de las normas internacionales
4.2. La duración del periodo de prueba y su compatibilidad con el ordenamiento constitucional y legal español4.2.1. La corriente judicial proclive a considerar la medida como ilícita
4.2.2. El refrendo constitucional de la regulación legal sobre el periodo de prueba de un año
4.2.3. Una cuestión todavía no pacífica: Contestación y refuerzo de los argumentos del Tribunal Constitucional
5. Reflexiones finales