Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la siguiente declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, después de que en 1966 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamara el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Shaperville (Sudáfrica 1960):
"El Gobierno de España reafirma su compromiso con la erradicación del racismo, con especial énfasis en el racismo estructural, y de la discriminación racial o étnica, abordándolos desde una perspectiva interseccional. En esta línea, desde este Gobierno se prioriza la promoción activa de los valores de igualdad, tolerancia, respeto y convivencia, pilares fundamentales de una sociedad más justa, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes y acceder a las mismas oportunidades sin distinción alguna.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora por Naciones Unidas desde 1966 en memoria de las sesenta y nueve víctimas asesinadas por la policía en una acción pacífica en Sharpeville (Sudáfrica) contra el Apartheid, resulta más importante que nunca recordar la necesidad de condenar y luchar de forma activa contra toda forma de discriminación basada en el lugar de procedencia, el color de piel u otras características personales, incluyendo manifestaciones como el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas conexas de intolerancia.
En 2025, además, se conmemoran los 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a España, lo que ha motivado la declaración de este año como Año del Pueblo Gitano en España, con el fin de reconocer y celebrar la profunda huella cultural, social y lingüística que el Pueblo Gitano ha impreso en nuestra nación, sin dejar de lado la necesaria reflexión sobre los retos históricos y actuales que aún persisten.
Aún quedan grandes desafíos por afrontar. Con ocasión de la conmemoración de este Día, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y el Ministerio de Igualdad han publicado el último estudio sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico en España, por parte de las potenciales víctimas, con el título "El impacto del Racismo en España 2024". En este estudio se señala que la proporción de personas que dicen haber sufrido algún tipo de discriminación, en primera persona o por parte de algún familiar cercano, aumenta en dos puntos respecto de la anterior edición del informe, de 2020, pasando del 31 al 33 %. Entre los principales motivos de discriminación, disminuyen las experiencias motivadas por creencias religiosas y costumbres culturales, pero aumentan las relacionadas con el color de piel o los rasgos físicos (lo que acentúa el componente étnico y racial de la discriminación), de acuerdo con los datos que reflejan que este factor ha ganado peso en los últimos años en el incremento de los discursos de odio raciales.
Al hilo de lo anterior, el discurso de odio racista y la desinformación en las plataformas digitales constituyen amenazas crecientes para las sociedades democráticas en las que, a través de las redes sociales, se facilita la propagación y normalización del odio y la polarización de nuestras sociedades, contribuyendo a la estigmatización de las personas racializadas, especialmente en contextos electorales o de crisis o emergencias.
España ha avanzado de manera decidida en la lucha contra el racismo, la discriminación y los incidentes y delitos de odio, con medidas tales como la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, para la igualdad de trato y la no discriminación; la creación de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación; o los trabajos y cooperación que se desarrollan en el marco del Acuerdo Interinstitucional para Cooperar en la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia, la LGTBIfobia y Otras Formas de Intolerancia. En el ámbito de la monitorización del discurso de odio en línea, se han producido notables avances, incluyendo la publicación, en tiempo real, de los resultados de dicha monitorización desde marzo de 2025. Además, el Gobierno ha aprobado el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027).
Asimismo, el Gobierno ha adoptado importantes medidas en el ámbito de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, considerando colectivos de atención prioritaria para la política de empleo a las personas migrantes, las personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional y las personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos étnicos o religiosos.
En esta línea, también se celebra la creación de una subcomisión en el Congreso para combatir los discursos de odio. Por su parte, el Ministerio de Igualdad promoverá un gran acuerdo para combatir los discursos de odio que estigmatizan, culpan y señalan, representando un desafío para la convivencia social, y para el que espera contar con un gran consenso social y político.
La puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato garantizará el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad, reforzará la protección de las víctimas y velará por la efectiva erradicación del racismo estructural y la discriminación racial o étnica, en línea con los compromisos internacionales y europeos en esta materia. Este organismo, entre otras cuestiones, podrá realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y solicitar la actuación de las administraciones competentes para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.
El Gobierno manifiesta su firme convicción en la necesidad de colaborar con la sociedad civil y reconocer el trabajo que realiza a través de las organizaciones y asociaciones de personas del pueblo gitano, de personas africanas y afrodescendientes, árabes, amazigh, latinoamericanas y asiáticas, entre otros grupos poblacionales y étnicos, así como de personas migrantes y de apoyo a los derechos humanos, en general, y a la lucha contra el racismo, en particular, cuyo esfuerzo debe verse respaldado y acompañado por políticas públicas dotadas de mayores medios y recursos.
La protección de las víctimas, la puesta en marcha de mecanismos adecuados de denuncia y la lucha contra la todavía abrumadora infradenuncia constituyen también líneas prioritarias de acción. La creación del teléfono 021, destinado a la atención a víctimas de racismo y reforzado en los últimos años para ampliar la cobertura territorial y horaria, es un claro ejemplo de ello.
Asimismo, el Gobierno impulsará el fortalecimiento de los marcos normativos orientados a la eliminación del racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, mejorando los sistemas de recogida de los datos necesarios para prevenir y combatir el racismo, así como la puesta en marcha de nuevas medidas para mejorar la respuesta institucional frente a la discriminación, tanto a nivel nacional como internacional.
En el ámbito de la acción exterior, la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global considera objetivo prioritario de esta política la erradicación de toda normativa o práctica discriminatoria y el trabajo con los países socios para asegurar el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones, así como la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes; y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 señala como líneas de acción el apoyo a las oficinas nacionales de equidad racial, a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y antirracistas de los países socios, y a las organizaciones de pueblos indígenas y personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe, desde un enfoque interseccional e intercultural.
España es, además, miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el trienio 2025-2027, y continuará luchando contra el racismo y la discriminación en el seno de esta organización, impulsando la aplicación universal del Convenio para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
El Gobierno de España celebra igualmente el anuncio de una futura Estrategia de la Unión Europea contra el Racismo en este año 2025, una iniciativa crucial para reforzar el marco de actuación común en la lucha contra la discriminación racial y la xenofobia en Europa. La cooperación y el compromiso de los Estados miembros serán esenciales para garantizar medidas eficaces que promuevan la igualdad de trato, prevengan los discursos de odio y fortalezcan la cohesión social en nuestras sociedades diversas. España reitera su disposición a colaborar activamente en el desarrollo e implementación de esta estrategia.
En este Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la promoción de políticas antirracistas que garanticen la igualdad de trato y la erradicación de cualquier forma de racismo y discriminación. Es fundamental seguir avanzando en la sensibilización de la ciudadanía, promoviendo una cultura de respeto y convivencia y reconociendo el valor que aporta la diversidad a nuestra sociedad. En un contexto global cada vez más complejo, donde los discursos de odio y la intolerancia amenazan los derechos fundamentales, es imprescindible extremar la vigilancia y reforzar nuestra acción colectiva en la lucha contra el racismo. España continuará impulsando medidas concretas y trabajando junto a la sociedad civil para consolidar una sociedad más justa, inclusiva y libre de discriminación. Porque el único camino para acabar con el racismo es ser, tanto desde el ámbito institucional, como en los ámbitos social y personal, abiertamente antirracistas".
(CONSEJO DE MINISTROS 18-3-2025)