Nueva revisión del «Pacto de Toledo»: ¿Es la garantía esperable para un sistema de pensiones «adecuadas y seguras»?

1. La crónica de una anunciada muerte inminente, la del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en un escenario de déficit de más de 20.000 millones de euros, ha vuelto a precipitar el –recurrente– debate sobre la –pretendida– insostenible situación financiera del sistema de pensiones públicas. Sin embargo, por enésima vez, tiene un fuerte aire de déjà vu. El debate alarmista sobre los problemas de viabilidad financiera de las pensiones suele armarse, desde 1984 en España, sobre situaciones de riesgo –actuales y futuros– presentadas como inexorables, al modo de los fatalismos y automatismos típicos de las «catástrofes naturales». Así, el aumento de la esperanza de vida de la población, sumado a una baja natalidad –en los años 50-60 del siglo pasado sucedió lo contrario (los efectos de ese baby boom se dejan sentir en el coste de las pensiones)–, llevaría irremisiblemente al envejecimiento poblacional –riesgo demográfico– que, a su vez, conllevaría un importante quebranto económico en el sistema, a añadir al que deriva de la profunda y larga crisis –riesgo económico–. Una crisis que merma la capacidad del sistema para abordar aquel –inmenso y creciente– coste de las «pensiones públicas» en un contexto de transformaciones económico-productivas que, no ya solo de modo coyuntural sino también de forma estructural, presiona a la baja aquella capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque la producción, tecnológicamente automatizada hasta el extremo, y más que lo estará en el futuro próximo, cada vez se hace menos sobre el factor productivo que cotiza, el trabajo, y más sobre otros que no, la tecnología –el riesgo del fin del trabajo en la era digital (el riesgo de digitalización)–. En suma, la demografía y la economía –más si es digital (4.0)–, se presentarían como riesgos naturales del desarrollo humano temibles para la sostenibilidad de las pensiones públicas, una suerte de misión prácticamente imposible, si no es al precio de (1) contener su gasto, de modo que se mantenga constante respecto del PIB, incluso reduciéndolo, aunque crezca el volumen de pensionistas y las cuantías de sus pensiones, y de (2) buscar el «complemento privado» de pensión pública, alimentándose mutuamente ambas «soluciones político-institucionales».

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