Declaración institucional del Día Internacional de las Mujeres
El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, que fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1977, con el objetivo de eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad.
El Gobierno de España muestra su firme compromiso con un país feminista, con la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como con las políticas públicas que resuelvan las desigualdades materiales, simbólicas y de valor que enfrentan las mujeres.
Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:
"España se consolida, año tras año, como un país feminista, gracias al impulso de la sociedad y de un gobierno que da pasos firmes para que la igualdad de género sea la piedra angular de la transformación social, y materializa este compromiso en el reconocimiento de derechos y en el desarrollo de políticas públicas.
La magnitud de los retos y desafíos que como sociedad internacional y como país afrontamos hoy sólo puede abordarse desde una salida inclusiva, resiliente y en clave de género. Con esa convicción, España abordó la recuperación de la crisis provocada por la pandemia, la inestabilidad causada por las consecuencias de la guerra en Ucrania y la crisis climática que requiere de medidas urgentes para hacerle frente.
Estos últimos años han servido para demostrar que una transición justa y con perspectiva de género, articulada desde ese compromiso en clave feminista y que incide en todas las dimensiones que la reacción ante las diferentes crisis requiere, no solo es posible, sino que resulta imprescindible para evitar el sufrimiento y mejorar la vida de las personas.
Prueba de ello son los retos presentes que continúan siendo prioridades en la agenda de las políticas de igualdad de nuestro país. En primer lugar, la violencia contra las mujeres, aspecto en el que España ha abanderado iniciativas legislativas que, durante las dos últimas décadas, han sentado los pilares para la edificación de una arquitectura estatal e internacional de recursos para todas las víctimas de todas las violencias machistas. Los últimos avances normativos para la erradicación de la violencia sexual, en cumplimiento de lo mandatado por las organizaciones internacionales y, especialmente, por la ciudadanía, sitúan de nuevo a nuestro país en la vanguardia para la construcción de sociedades y de vidas libres de violencia contra las mujeres. La aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual va a suponer el despliegue por todo el territorio de centros de crisis 24 horas con servicios de asistencia psicológica, jurídica y social que van a permitir acompañar a las víctimas de violencias sexuales desde un enfoque integral. Dicha ley reconoce la condición de víctimas de violencias sexuales a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa, y como efecto de dicho reconocimiento, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, otorga a las mujeres extranjeras víctimas de violencia sexual la misma protección que la prevista para las víctimas de violencia de género.
España se mantiene firme en su compromiso con los más exigentes estándares y referencias internacionales en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres, mostrando así su firmeza en esta tarea con la ratificación de los principales instrumentos, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), así como a través de la adhesión a los acuerdos globales, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la propia Agenda 2030 y, por último, mediante el impulso de los principales instrumentos de la Unión Europea en materia de igualdad de género. Nuestro país pasa de los compromisos a la acción, a través de políticas públicas innovadoras y consecuentes, como el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, con el que se pretende abordar todas las formas de trata de seres humanos más allá de una respuesta penal, o el Plan Camino, el primer plan de inserción para mujeres víctimas de trata y explotación sexual, dotado con más de 200 millones de euros, que materializan la voluntad de abordar todas las formas de violencia contra las mujeres, tal y como establece el citado Convenio de Estambul, que confiamos sea ratificado en breve por la Unión Europea.
Este compromiso exige seguir profundizando y trabajando con todos los recursos posibles para erradicar la violencia machista, que, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde el año 2003 ha asesinado a 1.190 mujeres, de las cuales ocho solo en el inicio de 2023. La violencia machista se ha cobrado también la vida de 49 personas menores de edad y 390 se han quedado huérfanos y huérfanas desde que se computan datos en nuestro país. Frente a esta problemática, España se compromete con todas las instituciones, agentes, y herramientas posibles, a través de una Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas (2022-2025) renovada, que pone el acento en la coordinación entre administraciones e instituciones, con una necesaria mirada desde los derechos humanos y la interseccionalidad, a fin de blindar los derechos de las víctimas a la atención y a la reparación de esas violencias, incluyendo la atención a las mujeres españolas víctimas de violencia en el exterior. Asimismo, se apuesta por reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para dotar a los territorios de los fondos necesarios para desplegar las políticas públicas en toda su capacidad. Para ello, nuestro país ha comprometido un presupuesto histórico, con una partida en políticas contra las violencias machistas que llega a los 320 millones de euros, un 56% del total de las políticas de igualdad de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, lo que constituye un aumento del 217% de las mismas y supone siete veces más recursos de promedio que los destinados durante el período 2011-2018. A este refuerzo en recursos se le suma una apuesta por la formación de todos los agentes implicados y la sensibilización de toda la sociedad para la prevención de las violencias machistas, donde juega un importante papel la educación sexual.
En el plano laboral, año tras año, las estadísticas ponen de manifiesto que las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres en todos los ámbitos siguen existiendo en todos los países y que la igualdad avanza de forma lenta en la mayoría de los países del mundo, y, desgraciadamente, retrocede de forma dramática en otros. En el contexto español, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2020 el 13,2% de las mujeres sufrían retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos. Además, el 36,6% de las mujeres no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos. Las estructuras patriarcales hacen que las mujeres tengan peores condiciones de partida para vivir sus vidas y que sufran las peores consecuencias en los contextos de crisis. Las mujeres concentran en España las tres cuartas partes del empleo a tiempo parcial, y la casi totalidad de quienes trabajaron a tiempo parcial para disponer de más tiempo para cuidar a personas dependientes fueron mujeres. Cuatro de cada cinco personas que piden una excedencia por cuidados familiares son mujeres, y la maternidad sigue penalizando a las mujeres en el empleo.
Las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, pese a mostrar una positiva tendencia a la baja, con una reducción de 2,7 puntos en la brecha retributiva, se mantienen en cifras insostenibles. Las mujeres cobraron de media en 2020 un 18,72 % menos que los hombres, según la Encuesta de Estructura Salarial. Estos datos muestran una realidad incontestable, que las mujeres siguen sosteniendo los cuidados, imprescindibles para la vida, que permiten y habilitan que todo lo demás sea posible, a costa del pleno ejercicio de sus derechos. De hecho, la presencia de mujeres se concentra en las ramas de actividad de los hogares, sanitarias y servicios sociales, el 77,2%, y educación el 68,1%; todas ellas esenciales para el desarrollo y mantenimiento de la sociedad, donde se concentran las mayores brechas retributivas. Y su presencia retrocede en las áreas relacionadas con la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, con las previsibles consecuencias tanto laborales como relacionadas con la transmisión de sesgos de género en el desarrollo de dispositivos de inteligencia artificial, androcentrismos en los algoritmos y la perpetuación de las brechas de género.
La extraordinaria subida del salario mínimo interprofesional en un 46,76% respecto a 2018, la ratificación del convenio 189 de la OIT, que reconoce los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, la aprobación del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, sobre planes de igualdad, y del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, sobre igualdad retributiva, así como de la reducción de los contratos temporales y la precariedad provocada por la reforma laboral, empiezan a tener efecto en la reducción de la tasa de temporalidad y la brecha de género en el mercado laboral, que ha descendido en 2,7 puntos en los últimos dos años. Asimismo, la puesta en marcha del Plan Corresponsables, como primera política pública que pone a disposición bolsas de cuidados para menores de 16 años, la inversión histórica en educación infantil de 0 a 3 años, el Plan de Choque de la Dependencia o el Anteproyecto de Ley de Familias, redundan en la apuesta feminista del Gobierno de España por el fortalecimiento de los servicios públicos que han de garantizar el derecho universal al cuidado, desde un enfoque de género, de derechos humanos y de corresponsabilidad.
Para avanzar en la eliminación de las brechas retributivas y lograr una igualdad plena en todos los ámbitos es prioritario que el Estado reconozca el valor social y económico de los cuidados, asuma la corresponsabilidad respecto a los mismos y traduzca esa corresponsabilidad en servicios públicos, medidas en el ámbito laboral, en el uso del tiempo, en la dignificación de las y los trabajadores del sector y en la ampliación de los permisos y de las necesidades que estos atienden, de modo que permitan reconciliar la vida y los cuidados que la sostienen con el ámbito laboral.
Por ello, es necesario seguir avanzando en la aplicación de políticas públicas feministas que aborden la redistribución de los trabajos, los tiempos y la riqueza, y a ello está contribuyendo el pleno desarrollo del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, aprobado hace un año, que recoge la agenda política en materia de igualdad para los próximos cuatro años (2022-2025). Definir y reconocer el cuidado como un derecho humano, desplegando todos los servicios públicos y medidas necesarias para garantizar, proteger, respetar y promover este derecho, y garantizar las condiciones para hacerlo efectivo; la plena incorporación de la educación sexual como contenido transversal de nuestro sistema educativo y el desarrollo de políticas activas en este ámbito, así como impulsar medidas para promover la presencia de las mujeres en la economía digital o la verde, son retos urgentes e ineludibles.
Todo este avance en derechos exige una perspectiva interseccional que contemple las diferentes desigualdades y discriminaciones para dar una respuesta diligente y coherente a las mismas. A través de la misma se ha podido avanzar teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres y las necesidades y demandas que existen en sus contextos, como la especial situación de las mujeres migrantes, desplazadas, víctimas de trata de seres humanos o en situación de especial vulnerabilidad. Así, las mujeres con discapacidad han visto por fin materializarse en España una reivindicación histórica del colectivo, la eliminación de las esterilizaciones forzosas que atentaban contra su autonomía y sus derechos sexuales y reproductivos y su reconocimiento como una forma de violencia contra las mujeres.
Este recorrido normativo y político se refleja en los datos que avalan el trabajo que está realizando nuestro país en materia de igualdad: España sigue estando entre los diez estados con mayor igualdad entre hombres y mujeres de la Unión Europea. El último Índice Europeo de Igualdad de Género, publicado en 2022, con datos del año 2020, ofrece una imagen sobre el estado y la evolución de la igualdad de género, así como un análisis del impacto de las políticas de igualdad en cada país, y sitúa a nuestro país en sexta posición, con 74,6 puntos, por encima de la media europea (68,6 puntos), y con una mejora de 0,9 puntos respecto al año anterior.
Frente a los avances feministas y su aceleración en los últimos tiempos, España tampoco es ajena a la ofensiva reaccionaria que atraviesa Europa y que cuestiona los logros obtenidos para la igualdad entre mujeres y hombres, la validez de estas políticas y el trabajo en defensa de los derechos de las mujeres. Frente a estos posicionamientos que socavan las democracias, España continúa fortaleciéndose en derechos. Así, la recientemente aprobada Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, no solo blinda el aborto libre, seguro y gratuito, sino que amplía el enfoque para incorporar al ordenamiento jurídico nuevos derechos sexuales y reproductivos, como los relativos a salud menstrual, a la anticoncepción o a la propia educación sexual, poniendo el acento en la importancia de que la educación sexual sea un derecho y que, por tanto, constituye una obligación del Estado garantizarla.
Por ello, este 8 de marzo reiteramos el compromiso del Gobierno de España con la inclusión efectiva de la educación sexual en todas las etapas educativas. La educación es una herramienta clave para avanzar en igualdad; para sensibilizar y transmitir valores basados en los derechos humanos, la igualdad de género, la autonomía corporal, la diversidad; para el cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas, que son la base de la reproducción de las violencias; y para la identificación y las acciones preventivas frente a amenazas tales como la discriminación, el abuso y las violencias sexuales.
Del mismo modo, la recién aprobada Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que reconoce el derecho a la autodeterminación de género, avanzando en la despatologización, atendiendo las recomendaciones de los organismos internacionales y garantizando también el acceso a técnicas de reproducción asistida y la filiación para mujeres lesbianas y bisexuales, que podrán inscribir a sus hijos e hijas como propios sin necesidad de estar casadas, es otra muestra de que avanzando en derechos feministas avanzamos todas las personas. Todas estas políticas han sido diseñadas desde y con la participación activa de la sociedad civil y de los movimientos feministas, como garantía de un proceso de empoderamiento social y colectivo que no deje a nadie atrás.
En el plano internacional, el año 2023 supone el refuerzo de la internacionalización de las políticas feministas de nuestro país, a través no solo de una ambiciosa agenda exterior feminista, o la aprobación de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, que reconoce el compromiso con la cooperación feminista, sino también de la asunción de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año. España apuesta por las alianzas internacionales, regionales y comunitarias para reforzar las agendas comunes y compartidas de la igualdad. Buena prueba de ello es su activa participación en los diferentes instrumentos que brinda la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en lo relativo a la incorporación del enfoque de género en la lucha contra el cambio climático, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, el Foro Generación Igualdad, o la Alianza Global por los Cuidados y en todos aquellos espacios donde está presente la cooperación española. En la 67 Comisión de los Derechos de la Mujer de Naciones Unidas (CSW), que se celebra estas semanas en la ciudad de Nueva York, España se suma al debate sobre los retos de futuro que suponen la innovación y el cambio tecnológico, y sobre la educación en la era digital como herramienta para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
Nuestro país también ha situado entre sus prioridades las relaciones con América Latina y toda la región Iberoamericana, especialmente a través de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde participó recientemente en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer, en la que se abordó la sociedad del cuidado como horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género; participando asimismo en la IV Conferencia Iberoamericana de Género, preparatoria de la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Santo Domingo el 24 y 25 de marzo. En ese mismo compromiso de vecindad, nuestro país ha sido anfitrión de la V Conferencia Ministerial de Igualdad de la Unión por el Mediterráneo, donde los países participantes se comprometieron a reforzar el papel de las mujeres en la sociedad en respuesta a las crisis regionales.
Hoy, ante nosotros y nosotras se presenta la oportunidad de hacer de la agenda de esta España feminista una prioridad en Europa. La futura Presidencia española llevará la impronta de este compromiso y de sus resultados, y con esa convicción, nuestro país incidirá en los logros y desafíos pendientes en materia de violencia sexual, de cuidados, de derechos sexuales y reproductivos, de derechos LGTBIQ y de igualdad étnico-racial y cultural, con perspectiva de género. Nuestro país continuará así su marcha con la convicción de que un país feminista en marcha puede contribuir también a una Europa feminista como una casa común de derechos y libertades."
(CONSEJO DE MINISTROS 7-3-2023)