Declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres

En 1977, las Naciones Unidas declararon el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En este 2025, bajo el lema: "Para TODAS las mujeres y niñas: Derechos. Igualdad. Empoderamiento" la comunidad internacional reivindica ampliar la igualdad de derechos, el poder y las oportunidades para todas las mujeres. En el núcleo de esta transformación se sitúan las mujeres jóvenes y las niñas, quienes serán las protagonistas del cambio hacia una sociedad igualitaria y justa. El Gobierno de España ratifica su firme compromiso con la lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Con este motivo, el Consejo de Ministras y Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:

"Como cada 8 de marzo, el Gobierno de España celebra los avances conseguidos y renueva su compromiso con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia sexual y de género y la plena autonomía personal de las mujeres.

Este 2025 se conmemora, además, el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 gobiernos durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995. Este documento sigue siendo la hoja de ruta fundamental para el avance de los derechos de las mujeres en todo el mundo.

La Plataforma establece las bases para el desarrollo de políticas, programas e inversiones en áreas que impactan en las vidas de las mujeres, como la educación, la salud, la paz, los medios de comunicación, la participación política, la independencia económica y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Además, desde Naciones Unidas se orienta a los Estados a abordar las prioridades relacionadas con la justicia climática, así como el impacto de las tecnologías digitales, que sufren especialmente las más jóvenes.

Tal como señala Naciones Unidas, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing cumple 30 años en un panorama de creciente inseguridad, incertidumbre, retrocesos y crisis acumuladas, que genera cada vez más desconfianza en la democracia y reduce la participación cívica.

Solo en el último año, 612 millones de mujeres y niñas vivieron la realidad brutal del conflicto armado, lo que representó un preocupante aumento del 50 por ciento en solo una década.

La agresión a Ucrania, las gravísimas violaciones de derechos humanos en Palestina, el grave drama humanitario de la franja de Gaza, o la sistemática violación de derechos de las mujeres y niñas en Afganistán, privadas de educación, libertad y participación en la vida pública, son algunos de los más lacerantes ejemplos de esta dolorosa realidad.

Ante  ello, el Gobierno de España quiere mostrar tanto su consternación como su solidaridad con todas las víctimas, al tiempo que reitera su compromiso tanto por proteger y proporcionar asistencia a colectivos especialmente vulnerables, como son las mujeres y niñas migrantes, como por el establecimiento de una política exterior feminista que sitúe los derechos de las mujeres dentro de la agenda internacional.

Este año 2025, en el que conmemoramos 50 años de libertad en España, queremos reconocer las contribuciones del feminismo al fortalecimiento de nuestra democracia y la mejora de nuestro país. La dictadura en España supuso un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres, relegándolas al ámbito doméstico, sometiéndolas a un sistema opresivo y negándoles la autonomía que con esfuerzo apenas habían comenzado a conquistar.

Las mujeres fueron consideradas menores de edad y despojadas de los derechos de civiles y políticos, en contraste con los avances que se habían producido durante la Segunda República.

Hoy, España es referente de igualdad entre mujeres y hombres y en avances en derechos. El Índice de Igualdad de Género 2024 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) ha confirmado que España se mantiene como el cuarto país más avanzado en igualdad de género dentro de la Unión Europea.

El Gobierno celebra los logros conseguidos, pero continúa trabajando para acabar con las desigualdades que todavía nos atraviesan como sociedad. El Gobierno de España pone de manifiesto su firme apuesta por la defensa de los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres.

Las políticas públicas de igualdad son el instrumento para mejorar no solo las vidas de las mujeres, sino de toda la ciudadanía. Porque cuando avanzan las mujeres, avanza la sociedad y avanza la democracia. Y en este ámbito no podemos olvidar la contribución y la riqueza que, a pesar de las dificultades que puedan encontrar, suponen las mujeres extranjeras a la sociedad española, así como las mujeres españolas residentes en el exterior. No podrá haber una verdadera transformación social si no se cuenta con la presencia y contribución de más de la mitad de la población.

Sin embargo, en la actualidad persisten brechas en el ámbito laboral que se reflejan en las diferencias salariales, en las menores opciones de introducirse y de promocionarse en el mercado de trabajo, y en los tipos de empleos a los que se opta. También en los puestos de responsabilidad y toma de decisiones, que continúan masculinizados, y en los cuidados, que siguen recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres.

En todos esos ámbitos, el compromiso del Gobierno por la igualdad entre mujeres y hombres ha logrado que en 2024 se hayan alcanzado cifras históricas en el empleo femenino en nuestro país, superando por primera vez los diez millones de mujeres trabajadoras, de las que 7,4 tienen contratos estables, al tiempo que, con la aprobación de normas sobre igualdad en el trabajo o la subida del Salario Mínimo Interprofesional -que ha experimentado un incremento del 61% desde 2018 y beneficia especialmente a las mujeres (el 65,8% del total de personas beneficiarias)-, se ha logrado reducir la brecha salarial de género en 6,83 puntos en la década 2012-2022.

En aras de avanzar en una democracia paritaria, esto es, en la integración plena de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, a todos los niveles y en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos, el Gobierno de España impulsó, y el Congreso aprobó, la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Esta ley introduce sustanciales modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico a fin de ahondar en esa realización efectiva de la igualdad de mujeres y hombres, esencialmente en los ámbitos decisorios de la vida política y económica, dando concreción al principio de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En el ámbito de la vida económica hemos avanzado mucho desde el año 2007 y las empresas españolas han asumido con ejemplar naturalidad el principio de igualdad, si bien la composición de algunos consejos de administración son el mejor reflejo de lo que todavía nos queda por hacer en este frente. Avanzar en este ámbito es crucial no solo por razones de justicia, sino de eficiencia. La economía española no se puede permitir desaprovechar el talento del cincuenta por ciento de la población. El apoyo a la implantación de las políticas de igualdad en nuestro tejido productivo es, por tanto, irrenunciable.

Unas políticas que ya tienen impacto en nuestra realidad empresarial, como muestran numerosos estudios, traduciéndose en resultados tangibles, como una mejor gobernanza, transparencia o una mejor conciliación de la vida laboral y familiar.

Por su parte, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global consagró como un elemento imprescindible, transversal y distintivo de la cooperación española para el desarrollo sostenible la promoción de la igualdad de género desde un enfoque feminista para contribuir a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en nuestros países socios, intensificar los esfuerzos para cerrar las brechas de género, combatir todas las formas de violencia y discriminación y fomentar el empoderamiento de las mujeres, las niñas y las adolescentes, así como afianzar sus derechos sexuales y reproductivos desde la óptica de derechos humanos y de salud pública universal.

La seguridad de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias es una condición sine qua non para que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos vitales y ejercer su plena ciudadanía. En la desigualdad entre mujeres y hombres, en la asimetría de poder, está la raíz de la violencia de género, en todas sus manifestaciones.

Por ello, el Gobierno de España celebra la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que representa el gran consenso que existe en España para luchar de manera unánime y firme contra esta violencia estructural, y que para su erradicación requiere del compromiso de todas las instituciones.

Mediante esta Declaración, el Gobierno también quiere reconocer el trabajo activo del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres, que ha sido y es esencial para avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La igualdad entre mujeres y hombres no es un acto de solidaridad, sino de eficiencia y de justicia social e histórica: ninguna democracia puede considerarse completa si la mitad de su población, a pesar de contar con derechos iguales, no puede ejercerlos y hacerlos efectivos de igual modo. La igualdad es una exigencia ética de la democracia".