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No hay nada más triste para un trabajador que cumple con su trabajo eficaz y eficientemente que ver como otros compañeros que trabajan menos y peor consiguen aparentar hacer más de lo que realmente hacen, se llevan los méritos del trabajo en equipo y son más valorados por la dirección de la empresa.

Esta tristeza, que para muchos empleados es el pan nuestro de cada día, es uno de los factores que propicia la fuga de los mejores trabajadores de las empresas, que esperan encontrar en otras organizaciones el reconocimiento y valoración de su buen trabajo.

Y es que ya decía Julio César que «la mujer del César no debe serlo, sino también parecerlo», por lo que no basta con ser bueno haciendo un trabajo, es también necesario hacérselo ver a los superiores, siendo esto algo que se les atraganta a muchos buenos profesionales.

• El texto, fruto del acuerdo del Diálogo Social, garantiza a las personas que trabajan a distancia los mismos derechos que las que ejercen sus actividades en locales de la empresa
  
• El RD se fundamenta en la voluntariedad de este modelo de organización laboral, situando a España en la vanguardia del marco europeo en la regulación del trabajo a distancia
  
• El articulado contempla que la persona trabajadora no asumirá ningún gasto relacionado con los equipos, herramientas, medios y consumibles, vinculados al desarrollo de su actividad
  
• Se refuerza el papel de la negociación colectiva, a través de convenios y acuerdos que determinarán condiciones y aspectos relevantes como el derecho a la desconexión, la flexibilidad horaria y la reversibilidad del teletrabajo
  
• Se trata del quinto acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Diálogo Social, con patronal y sindicatos

En ambas reuniones, han asistido junto a la ministra el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, la subsecretaria, Dionisia Manteca, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel. En representación de las administraciones territoriales han asistido por videoconferencia los consejeros y directores generales autonómicos y de las ciudades de Ceuta y Melilla con competencias en Función Pública así como representantes de la FEMP.

Compromiso de la Conferencia Sectorial y Acuerdo de Mesa General

En la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública del pasado 11 de junio se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio sobre la temporalidad en el empleo público. Para ello, se dio un mandato a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que también están representadas las tres administraciones, para que elaborase una propuesta.

La covid-19 está provocando que muchos trabajadores y autónomos pierdan su puesto de trabajo, sobre todo en los sectores más azotados por la crisis, de manera que el ERTE, el ERE y el despido, se han convertido en algo necesario para garantizar la supervivencia de muchas empresas.

En el actual contexto de crisis sanitaria y económica, hay despidos inevitables, pero en otras ocasiones hay directivos que despiden con demasiada alegría, sin considerar los problemas que puede acarrear el despido de un trabajador.

No es la primera vez que incluso oigo jactarse a algún directivo de los despidos que ha realizado, o recrearse en comentar la jugada de un despido en concreto, pero en algunos casos un despido puede acarrear problemas importantes para la empresa, que pueden empezar en el mismo momento de presentar el finiquito y prolongarse durante algún tiempo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto que regula el teletrabajo entre los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. De esta forma, aquellos que decidan optar a esta nueva modalidad podrán solicitarlo a finales del mes de octubre en sus centros de trabajo, de cara a que se analice que las tareas que realizan puedan llevarse a cabo por vía telemática.

No obstante, el Decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico contempla que los trabajadores de la Administración regional puedan trabajar desde sus hogares de forma online desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en determinadas situaciones, como las emergencias sanitarias, obras o reformas en los centros de trabajo o prevención de riesgos laborales, entre otras.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre de 2020.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ampliará hasta el 31 de diciembre el plazo de presentación de solicitudes para poder percibir el Ingreso Mínimo Vital con efectos retroactivos a fecha 1 de junio. Además, se aumenta el plazo de resolución, que en un principio se había establecido en tres meses.

Así lo ha anunciado esta semana el ministro, José Luis Escrivá, en varias entrevistas en medios de comunicación. De este modo, todas aquellas personas que soliciten la prestación antes de que acabe 2020 y les sea concedida, la cobrarán con efectos económicos desde el 1 de junio.

Además, con la ampliación del plazo de resolución, nadie que haya presentado una solicitud del IMV y no haya recibido respuesta deberá reclamarla o presentarla de nuevo, su petición no será desestimada por silencio administrativo en las próximas semanas (el plazo de solicitud se abrió el 15 de junio, hace justo tres meses).

El Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado una Nota Informativa con pautas orientativas en relación a la suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor en la aplicación de la Disp. Adicional Primera 2 del RDL 24/2020 de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

Tras la regulación de los ERTE por fuerza mayor que tuviesen como causa directa las pérdidas de la actividad por la crisis sanitaria, prevista en el art. 22 del RD-L 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 , el citado RD-L 24/2020, de 26 de junio, ha limitado la aplicación del art 22 del RD-L 8/2020 a los ERTES solicitados antes de la entrada en vigor del mismo ( 27 de junio de 2020) y con una duración como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020.