El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha acordado este viernes la prórroga, con efectos hasta el 15 de abril de 2018, del Programa de Activación para el Empleo (PAE) con una serie de modificaciones para ampliar el acceso al mismo.
Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo de 2.708,42 millones de euros a 31 de marzo de 2017, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social. Los ingresos netos por cotizaciones alcanzan los 26.068 M€ al crecer en tasa anual el 4,24% frente al 2,72% registrado en el mismo periodo de 2016. Se trata de la mayor cifra de recaudación líquida por cuotas de los últimos 8 años (en 2009 se registraron 25.694,37 M€).
Por primera vez el ritmo de crecimiento de las cotizaciones, que excede el 4% anual, supera al de la afiliación media, que avanza el 3,4% en marzo.
Este saldo positivo de 2.708,42 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 32.770,66 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de 30.062,24 millones de euros.
La Seguridad Social ha dedicado más de 432,8 millones de euros al pago de las prestaciones por maternidad (360.196.038,04) y paternidad (79.626.250), entre enero y marzo de 2017. Este año, el gasto en la prestación por paternidad experimenta un incremento del 62,99% debido a la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la ampliación del permiso a 4 semanas.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha gestionado 68.423 prestaciones económicas por maternidad hasta marzo. Del conjunto de prestaciones reconocidas, la mayor parte, 67.145, corresponden a permisos disfrutados por la madre
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha subrayado la disposición al consenso del Gobierno y que "desde el diálogo entre administraciones avanzaremos en materia de servicios sociales". Ha sido en el primer Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia de la legislatura, en el que el Ministerio y las Comunidades Autónomas han acordado por unanimidad un nuevo modelo mixto para las ayudas sociales del 0,7% del IRPF.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presidido hoy la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo para la Tarjeta Social. En esta reunión han participado también la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el Secretaria General de Administración Digital, Domingo Molina, los consejeros y representantes de las Comunidades Autónomas (CCAA) y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La constitución de este grupo de trabajo es fruto de un mandato de la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 17 de enero. Está compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias.
En mayo de 2015, la Comisión introdujo el enfoque de «puntos críticos» a fin de ayudar a Grecia y a Italia a afrontar el repentino y drástico incremento de migrantes irregulares que llegaban a sus fronteras exteriores. En este informe, el Tribunal concluye que el enfoque de puntos críticos garantizó, en 2016, la identificación, el registro y la toma de impresiones dactilares de la mayoría de los migrantes y el cotejo de sus datos con las correspondientes bases de datos de seguridad. Sin embargo, a pesar de la considerable ayuda de la UE, a finales de 2016 las instalaciones de acogida existentes en ambos países todavía no eran apropiadas. Además, todavía faltaban instalaciones apropiadas para alojar a los menores no acompañados y efectuar sus trámites de conformidad con las normas internacionales. Por otro lado, el enfoque de puntos críticos requiere que los migrantes pasen por los procedimientos de seguimiento pertinentes, como una solicitud de asilo nacional, la reubicación, cuando proceda, en otro Estado miembro o el retorno al país de origen. La ejecución de estos procedimientos de seguimiento a menudo es lenta y pasa por diversos tipos de obstrucciones, lo que puede repercutir en el funcionamiento de los puntos críticos.
El impacto económico global de las actuaciones en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social desde 2012 se estima en más de 18.237 millones de euros. Son datos ofrecidos por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante la firma un Convenio de Colaboración relativo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha resaltado que “gracias a la labor desarrollada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha logrado la conversión de más de 265.710 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos”.
Casi el 80% de los 1.700 millones del presupuesto del Ministerio de Justicia irán destinados a gastos de personales. Casi 81 millones se dedicarán a gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano, y otros 2,4 millones a la modernización tecnológica del Registro Civil.
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, han comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar la distribución del presupuesto de Justicia para 2017. Un ejercicio en el que la asignación ha crecido un 7,7% en relación con el año anterior, demostrando así el compromiso claro y rotundo del Gobierno con el impulso de la Justicia como servicio público esencial.
