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El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde iniciar la tramitación de la proposición de ley denominada "ley 25 de emergencia social", impulsada por diputados del grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Mixto, y dos proposiciones no de ley del PNV sobre sector siderúrgico y de Compromís, enmendada por el Grupo Socialista, sobre financiación autonómica. 

La sesión ha comenzado este martes 12, a las 16:00 horas con el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular para el impulso de la contratación indefinida, y modificación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que ha quedado rechazada con 115 votos a favor, 163 en contra y 54 abstenciones. 

Madrid se mantiene, con un índice de 2.644, como la comunidad con un menor índice de incidencia de accidentes de trabajo (nº de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo referidos al período febrero 2015-enero 2016. Se trata de una cifra un 16,34% inferior a la media nacional, que ha registrado 3.160,07, y la menor de todas las regiones.

Además, como viene sucediendo desde 2004, Madrid presenta un índice menor a la media nacional, concretamente un 28,56% inferior en lo que respecta a los accidentes mortales, un 61,24% menos con respecto a los graves y un 15,99% sobre los leves.

El magistrado de Nules 1 amplía la instrucción de 6 a 18 meses y denuncia dilaciones en la tramitación por la falta de medios. La petición, formulada en septiembre, de un sistema de videograbación, de un programa de transcripción de declaraciones y de un escáner no ha sido aún atendida.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules ha declarado la complejidad de la causa que se sigue contra los máximos responsables de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación concedidas a organizaciones empresariales.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apelado durante su intervención en los Desayunos informativos de Europa Press al consenso político y social para llevar a cabo una gran estrategia nacional dirigida a la consecución de una Justicia fuerte, solvente y eficaz, que afronte la reforma estructural pendiente como uno de los retos institucionales más decisivos que España debe resolver en este siglo.

Catalá, que considera que los españoles siempre han hecho lo mejor desde el consenso, aportando como prueba la Constitución de 1978, el ingreso en la Unión Europa en 1985, la firma del Pacto de Toledo en 1995 o el reciente acuerdo político para combatir la gran amenaza de nuestras libertades que es el terrorismo, ha planteado transitar más allá del mero pacto de Estado para conformar una verdadera estrategia dotada de mayor futuro y estabilidad.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentado la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2016-2020, impulsada por la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria, que desarrolla toda una serie de acciones dirigidas a reducir la siniestralidad de las Illes Balears. Este plan de acción ha sido consensuado con los agentes económicos y sociales, y quiere incidir en los aspectos preventivos donde más accidentes se producen y donde las consecuencias son más graves. La puesta en funcionamiento de este plan se hace muy necesaria, teniendo en cuenta los altos índice de siniestralidad que sufre la Comunidad.

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a los que ha tenido acceso la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en el primer mes de este año, un total de 3.182 trabajadores en paro solicitaron la capitalización de su prestación por desempleo para poner en marcha una actividad económica. La gran mayoría, 2.792, lo hicieron para hacerse autónomos, 195 para constituir una sociedad mercantil, 150 para una cooperativa y 41 para formar una sociedad laboral. Resulta significativo el aumento de las capitalizaciones que tienen como objetivo constituir una sociedad mercantil, opción que nació en la última modificación de la normativa de fomento del autoempleo en el pasado año 2015.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que traspone una Directiva comunitaria de 2014, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (Directiva ATEX).

El Real Decreto establece los requisitos de salud y seguridad exigibles a estos productos cuando constituyan una novedad en el mercado de la Unión Europea en el momento de introducirse en el mismo con la finalidad de proteger a las personas, a los animales domésticos y a los bienes de los riesgos de explosión y combustión que existen en determinadas industrias. Además, regula la certificación de los productos y los requisitos de los organismos de control.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado que el Gobierno andaluz va a poner en marcha en el mes de mayo una nueva convocatoria destinada a formación para el empleo, en la que se invertirán 140 millones de euros.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, Díaz ha concretado que la primera convocatoria estará dirigida a las escuelas taller y casas de oficio, con una previsión presupuestaria de 50,3 millones de euros; la segunda, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, con 71,5 millones de euros; y la tercera, destinada prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, con 20,7 millones de euros.