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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que avanza en la mejora del marco legal aplicable en la actividad de la estiba.

El Real Decreto-ley 8/2017 modificó profundamente el régimen de funcionamiento de la estiba, estableciendo la libertad de contratación para la prestación de este servicio, que hasta dicha fecha debía realizarse preferentemente por las Sociedades de Estiba (las denominadas SAGEP), de las que formaban parte los estibadores como trabajadores de las mismas.

Tras la experiencia acumulada en los dos años de aplicación del Real Decreto-ley 8/2017, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley con el objeto de completar y fortalecer el marco jurídico, asegurando una transición ordenada al nuevo marco de competencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el sistema para la admisión de miembros y socios de EURES en nuestro país, con el objetivo de proceder al desarrollo normativo preciso para la aplicación efectiva en España del Reglamento EURES.

EURES constituye una red de cooperación entre la Comisión Europea y los Servicios Públicos de Empleo de los estados miembros creada para facilitar la libre circulación de trabajadores dentro de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Es el principal instrumento a escala europea para facilitar la movilidad laboral.

Para poder adaptarse a la evolución del mercado de servicios de contratación es conveniente ampliar la composición de la red EURES, lo que mejorará la eficiencia en la prestación de servicios e incrementará la cuota de mercado de la Red, en la medida en que los nuevos participantes aportarán ofertas y demandas de empleo, currículum vitae, y brindarán servicios de apoyo a los trabajadores y empresarios.

La Diputación Permanente del Congreso debatirá el próximo miércoles 3 de abril, a partir de las 11:30 horas, sobre la convalidación o derogación de cuatro reales decretos-leyes aprobados en Consejo de Ministros durante las reuniones celebradas a comienzos del mes de marzo.

En primer lugar, se debatirá el Real Decreto-Ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la UE. Dichas medidas se orientan a dos objetivos: preservar los intereses de los ciudadanos, españoles y británicos, que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada y preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España, aunque también prevé normas de cooperación policial y judicial.

​El Ministerio de Justicia informa de que la oferta de empleo público para el ingreso en la carrera judicial y fiscal en 2019 incluirá 300 nuevas plazas que se destinarán a la sustitución paulatina del empleo temporal en ambas carreras y a la cobertura de las necesidades de la Administración de Justicia.

El anuncio lo ha comunicado el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, por carta dirigida al CGPJ , la Fiscalía General del Estado  y a la Comisión de Selección de las pruebas de acceso al empleo público. En la misma se indica que la oferta para ambas carreras ha de ser nuevamente de 300 plazas, umbral máximo previsto en la Ley de PGE para 2018.

En el día de hoy, la Comisión Europea ha decidido inscribir en el registro una iniciativa ciudadana europea titulada «#NewRightsNow - Reforzar los derechos de los trabajadores "uberizados"».

Los organizadores hacen un llamamiento a la Comisión para que «las plataformas digitales tengan la obligación de abonar unos ingresos mínimos garantizados a los trabajadores "por cuenta propia" que trabajan para ellos habitualmente». Los organizadores sostienen que esa medida «garantizaría y estabilizaría sus ingresos y[…], en concreto, frenaría la inseguridad laboral de los trabajadores "uberizados"».

Con arreglo a los Tratados, la UE puede emprender acciones legales para facilitar a los europeos el ejercicio de actividades por cuenta propia. Por consiguiente, la Comisión ha considerado que la iniciativa es legalmente admisible y ha decidido inscribirla en el registro. En esta fase del proceso, la Comisión aún no ha analizado el fondo de la iniciativa, sino solo su admisibilidad jurídica.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Retorno a España, con el objetivo de fomentar el retorno de españoles a nuestro país en las mejores condiciones y facilitar su proceso de vuelta.

Bajo el lema "Un país para volver", el Plan de Retorno permitirá desarrollar un total de 50 medidas encaminadas a facilitar la vuelta de los emigrantes españoles y que nuestro país se convierta en un lugar atractivo para desarrollar un proyecto de vida personal y profesional.

El presupuesto total del Plan de Retorno a España, en el que están implicados 10 ministerios, asciende a 24.209.400 euros, de los que 12.389.400 euros serán en 2019 y 11.820.000 euros en 2020.

La población española residente en el extranjero, según datos a 1 de enero de 2019, asciende a 2.545.729 personas, de las que 1.553.539 residen en América y 900.159 en Europa. La población española en el exterior ha aumentado en 1 millón de personas desde 2009 hasta ahora.

El Consejo de Ministros ha aprobado las Instrucciones para autorizar el derecho a residir y trabajar de los nacionales del Reino Unido residentes en nuestro país antes del Brexit en caso de un Brexit sin acuerdo.

Aunque la fecha inicialmente prevista para la retirada del Reino Unido era el 29 de marzo, el Consejo Europeo y el Reino Unido acordaron ayer prorrogar dicha fecha hasta el 22 de mayo (si el Parlamento británico ratifica la próxima semana el Acuerdo de Retirada pactado en noviembre de 2018 por la Unión Europea y el Gobierno británico) o hasta el 12 de abril (si el Acuerdo de Retirada no es ratificado por el Parlamento británico, en cuyo caso Reino Unido deberá indicar qué pasos pretende dar).

Estas Instrucciones desarrollan el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, de medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que desarrolla la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que a su vez cambia la Ley 54/2007 de Adopción Internacional.

El reglamento establece que corresponde a la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, iniciar, suspender o paralizar la tramitación de las adopciones con cada país de origen de los menores.

Para estos trámites se contará con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la información de los organismos acreditados y la consulta previa a la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, en la que están representadas las comunidades autónomas.