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El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo bajó en noviembre en 14.688 personas, cifra que supone el mejor dato registrado en este mes en toda la serie histórica y deja la cifra total de paro registrado en 4.512.116 personas.

Se trata de la segunda caída del paro en este mes tras la anotada en noviembre del pasado año, cuando se registraron  2.475 parados menos. En los últimos seis años el paro había tenido un incremento medio superior a las 64.000 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 51.308 personas, la mayor reducción en un mes de noviembre de toda la serie histórica, y la segunda mayor de cualquier mes.

Respecto a  noviembre  de  2013,  el   paro   se  ha  reducido   en    296.792  personas  (-6,17%), lo que supone la mayor caída interanual en este mes desde 1998.

La afiliación media a la Seguridad alcanza  los  16.695.752  ocupados en el último mes,  lo  que  supone  un  incremento de 402.209 personas respecto al año pasado.

En la serie desestacionalizada, el mes de noviembre registra el mayor incremento mensual (95.040 personas) desde agosto de 2005 (118.354).

Tanto en cómputo mensual como anual, el mes pasado fue el mejor noviembre desde el 2007. Respecto al octubre, la afiliación sumó 5.232 ocupados (0,03%), y en el cálculo interanual aumentó en 402.209 trabajadores (2,47%). El crecimiento de la ocupación, en tasa anual, alcanza a todas las provincias.

Para Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, “este resultado acredita el decisivo impulso de la actividad en los últimos meses; supone un cambio drástico en positivo respecto a noviembres anteriores, y aporta datos de gran fortaleza en evolución interanual, recuperando niveles de crecimiento de afiliación similares a los años anteriores a la crisis”.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se ha comprometido con el movimiento asociativo que trabaja la discapacidad en nuestra región a elaborar una Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad que, por un lado, aporte "mayor visibilidad y seguridad jurídica" a estas personas y, por otro lado, permita modificar de una sola vez toda la normativa autonómica y adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Para conseguirlo, el Gobierno cántabro tendrá por delante un "trabajo arduo", puesto que se verá en la necesidad de modificar, al menos, 21 leyes sectoriales relativas a educación, empleo, sanidad, protección social, ocio y cultura, fiscalidad o estadística.

El período medio de pago en la Administración Central y la Seguridad Social se situó en 14 días en el mes de octubre, de acuerdo con la nueva metodología establecida en el  Real Decreto 635/ 2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla el cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, que se viene aplicando desde la publicación referida a septiembre.

En comparación con el mes anterior, se reduce el período medio de pago de la Administración Central y la Seguridad Social, ya que en dicho mes ascendió a 16,6 días.

Se parte del Registro Contable de facturas, en vigor desde enero de 2014, proporcionando información de todas las entidades de la Administración Central y de la Seguridad Social.

Hablando de pensiones y de Seguridad Social, la palabra incapacidad adquiere un significado propio de suma importancia. En general, se trata de no tener capacidad para trabajar, y claro, el reconocimiento oficial o legal de que no se tiene. Pero se puede estar incapacitado de muchas maneras, y con muy distintos efectos.

Incapacidad es no ser capaz de desempeñar un trabajo, y que esa imposibilidad se reconozca por quien corresponda en cada caso.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el texto de la reforma fiscal que fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 20 de noviembre, tras ser enriquecida con la aportación de los grupos parlamentarios. La reforma fiscal entrará en vigor el próximo mes de enero y tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad empresarial.

La reforma fiscal está estructurada en tres proyectos de ley, relativos a la reforma del IRPF y el  Impuesto sobre la Renta de no Residentes, reforma del Impuesto sobre Sociedades, y modificación del IVA, del Régimen Económico Fiscal de Canarias y de la Ley por la que se Establecen determinadas Medidas en materia de Fiscalidad Medioambiental.

El texto incluye una rebaja de la carga fiscal para 20 millones de contribuyentes, se simplifican y modernizan los principales tributos para hacerlos más justos y equitativos a la vez que se favorece el ahorro, la inversión y se incentiva la lucha contra el fraude. El Gobierno pondrá, así, en manos de los contribuyentes 9.000 millones de euros en dos años, que harán posible un crecimiento adicional del PIB del 0,55%.

Para un análisis pormenorizado y seguimiento (primera aproximación, cuadros comparativos y posteriores estudios particularizados) de las medidas adoptadas en los impuestos de mayor repercusión, consulte la informción contenida en www.fiscal-impuestos. com

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ultima un mapa de la discriminación en España para saber qué piensa la ciudadanía al respecto y cuál es la opinión de las víctimas, además de para conocer qué prácticas amparan esta lacra a fin de actuar contra ella, según ha explicado la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 1000 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la financiación de inversiones de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y empresas de mediana capitalización en España.

El préstamo del BEI proporcionará a estas empresas financiación a largo plazo para sus proyectos de inversión y líneas de crédito en condiciones favorables. Los recursos se destinarán a financiar proyectos de inversión en España con un coste máximo de 25 millones de euros, en el caso de las pymes, y con un coste máximo de 50 millones de euros si se trata de empresas de capitalización media.