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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se califican como Centros de Referencia Nacional a la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, en el área profesional Agroturismo de la familia profesional Hostelería y turismo, y al Centro Nacional de Formación Ocupacional de Don Benito (Badajoz), en el área profesional Agricultura de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.

Se trata de los dos primeros centros que se califican de todos los que forman la red nacional formado por cincuenta centros -al menos, uno por cada Comunidad Autónoma-. Estos centros dan cobertura a todas las familias profesionales en las que se estructura el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, abarcando a todos los sectores productivos.

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social superó los 8.000 millones de euros (8.002.726) el pasado 1 de junio. El crecimiento interanual del gasto fue del 3,2%.

La pensión media de jubilación alcanzó los 999,41 euros, un 2% más  respecto al mismo periodo del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 870,75 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 1,7%.

El número de pensiones contributivas registró en junio un total de 9.190.583, lo que equivale a un incremento interanual del 1,5 %. Más de la mitad de estas prestaciones son por jubilación, 5.550.828; 2.346.805 corresponden a viudedad; 929.463 a incapacidad permanente; 325.137 a orfandad y 38.350 a favor de familiares.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró en el Congreso de los Diputados que la nueva gestión de las bajas laborales "ahorrará tiempo a los trabajadores" con el nuevo sistema de emisión de partes de baja, y constituirá una simplificación burocrática para los Servicios Públicos de Salud.

"El objetivo de la nueva regulación es avanzar en la mejora de la gestión y seguimiento de los procesos de Incapacidad temporal" afirmó Báñez quien añadió que simplificará al máximo los trámites para las partes involucradas y modernizará la gestión de la Incapacidad Temporal. 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció  durante su intervención en el Pleno del Congreso, que el Gobierno aprobará en julio un Real Decreto-Ley que regulará el acceso y las bases del sistema de garantía juvenil en España.

El próximo mes de julio, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pondrá también en marcha el Portal de Garantía Juvenil accesible a jóvenes y empresas que incluirá el registro telemático de inscripción de los jóvenes al sistema de Garantía Juvenil.

Además, el portal contará con información general del sistema, un área personal que incluye módulos formativos básicos (e-learning) para los jóvenes registrados y acceso al portal de empleo del Ministerio.

Se han publicado en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los datos de déficit del Estado del mes de mayo, así como el déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social correspondiente al mes de abril, en términos de contabilidad nacional.

En mayo, el déficit del Estado ha sido de 25.748 millones de euros, lo que equivale al 2,47% del PIB, un 1,4% menos que en el mismo periodo de 2013.

Por su parte, el déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social correspondiente al primer cuatrimestre, que ha sido de 12.084 millones de euros, lo que supone una reducción de un 17,7% respecto al mismo periodo de 2013.

Las cuentas de la Seguridad Social arrojan un saldo positivo de 5.453,52 millones de euros a 31 de mayo de 2014, frente a los 7.779,34 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.

Este resultado es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 52.446,31 millones de euros, que descienden un 1%, y unas obligaciones reconocidas de 46.992,79 millones de euros, que crecen un 3,98% en relación a 2013.  Los gastos pendientes de imputación presupuestaria a esta fecha alcanzan un importe aproximado de 350 millones de euros.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, recuerda que la reforma fiscal beneficiará especialmente a las familias numerosas y a aquellas con personas con discapacidad a cargo.

Si queremos una sociedad inclusiva y conseguir nuevos avances sociales es necesario trabajar con las familias, que han tenido que realizar "grandes esfuerzos" durante los años de crisis, especialmente las familias numerosas y aquellas con personas con discapacidad. Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en su intervención en la apertura de la Asamblea Anual del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La ministra ha asegurado que "este Gobierno ha hecho una apuesta por estas familias en la reforma fiscal".

De este modo, la reforma no sólo supone "menos impuestos para todos", al reducir los tipos, mantener la progresividad, aumentar los mínimos familiares en el IRPF y ampliar hasta los 12.000 euros el salario por debajo del cual ya no se paga, sino que "como muestra de la sensibilidad y compromiso", añade a las ayudas ya existentes tres nuevas categorías en las que las personas con discapacidad están especialmente consideradas: las familias numerosas, las familias que tienen a su cargo algún hijo con discapacidad y las familias en las que hay personas mayores con discapacidad. Todas ellas recibirán, al menos, 100 euros al mes durante todo el año, que podrán cobrar de forma anticipada (1.200 euros anuales) que, además, es una ayuda acumulable.

Según un último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sólo 27% de la población mundial se beneficia del acceso a una seguridad social integral.

La crisis económica y financiera global muestra la importancia de la seguridad social como derecho humano y como necesidad económica y social. La protección social estimula el crecimiento inclusivo al mejorar la salud de la población, incrementa su productividad, reduce la pobreza y erradica el trabajo infantil y las desigualdades.