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El Consejo de Ministros ha acordado declarar el próximo año 2013 como Año Español de las Enfermedades Raras. El objetivo de esta iniciativa es visibilizar estas patologías y acercarlas a los ciudadanos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de siete mil enfermedades raras, que afectan al 7 por 100 de la población mundial. En España se estima que hay tres millones de personas afectadas. Una enfermedad es considerada "rara" por existir menos de un caso por cada dos mil habitantes, además de por presentar síntomas y orígenes variados, en ocasiones desconocidos, que además necesitan del diseño de tratamientos farmacológicos específicos.

En inglés, el término «retirement age» (edad de jubilación) designa la edad legal a la que un trabajador debe obligatoriamente retirarse del mercado laboral. El término «pensionable age» hace referencia a la edad legal a partir de la cual un trabajador es elegible para percibir una pensión de vejez. Ambos términos se han empleado comúnmente como sinónimos y designan una edad de alrededor de 65 años en el caso de los hombres.

No obstante, en un número creciente de países se observa cada vez más una diferenciación entre ambos conceptos. Las edades de elegibilidad para la pensión van en aumento y se están desligando de la necesidad de retirarse total o parcialmente de la actividad económica. La presión financiera sobre los regímenes de pensiones (debido a las restricciones fiscales a corto plazo y a las tendencias demográficas a largo plazo) propicia dichos cambios legales y genera un control cada vez más estricto sobre el modo de financiación y de entrega de las prestaciones de vejez.

La Comisión presenta sus planes para 2013, centrados en la vuelta al crecimiento y la generación de empleo en la UE.

Además de las propuestas ya en marcha, durante este año y la primera parte de 2014 la Comisión presentará unas 50 iniciativas más.

La máxima prioridad para la UE sigue siendo la misma: salir de la crisis económica y retomar la senda del crecimiento sostenible. El paquete combina iniciativas de estímulo, reformas del sistema financiero y medidas para avanzar hacia una unión más estrecha.

La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ha participado en el seminario “Formación Profesional dual: la experiencia suiza” que se ha celebrado en Madrid y en el que han intervenido altos cargos y miembros de las universidades, de los sindicatos y trabajadores de ambos países.

Gomendio ha puesto la FP dual alemana y suiza como ejemplo a seguir en nuestro país, ya que “dan mayor protagonismo a las empresas en la formación de los futuros profesionales, de manera que una parte importante del período formativo de la FP tiene lugar no en las aulas de un instituto, sino en una empresa”.

Las once enmiendas de devolución de las cuentas públicas han sido rechazadas por 179 votos, a favor ha habido 148 votos y se ha registrado una abstención. Durante los dos días que ha durado el debate, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha pedido a los grupos que retiren sus enmiendas porque "es el momento de la unidad" para luchar contra la crisis económica.

Los presupuestos generales de 2013 continuarán así su trámite parlamentario en el Congreso con la presentación de enmiendas parciales, cuyo plazo concluye el próximo 26 de octubre. La ponencia elaborará su informe antes del día 31 y, a continuación, la Comisión de Presupuestos se reunirá para analizar y votar las enmiendas. El 8 de noviembre presentará su dictamen, que será elevado a Pleno del 13 al 15 de noviembre.

A 1 de octubre la nómina mensual de pensiones ascendió a 7.466,95 millones de euros, un incremento de 22,84 millones respecto al 1 de septiembre y de 315,59 millones sobre la nómina de octubre de 2011. Es decir, en términos porcentuales, un 4,4% de variación anual.

España se acerca a los nueve millones de pensionistas. En octubre ha superado los 8.950.000- 8.957.176 frente a 8.942.282 el pasado 1 de septiembre-.Superará esa barrera en pocos meses con la actual evolución.

La nómina mensual de pensiones contributivas asciende a 7.466,95 millones de euros a 1 de octubre de 2012, un incremento de 22,84 millones respecto al 1 de septiembre y de 315,59 millones sobre la nómina de octubre de 2011. Es decir, en términos porcentuales, un 4,4% de variación anual.

• Se reforzará la Ley para ofrecer más garantías de seguridad y evitar la entrada de fármacos falsificados.
• El objetivo es pasar de una farmacovigilancia reactiva a una proactiva, para anticiparse a posibles problemas causados por los medicamentos.
• La norma impedirá que los medicamentos falsificados puedan entrar en la cadena de suministro legal.
• Los profesionales y ciudadanos podrán comunicar sospechas de reacciones adversas a través de un formulario electrónico.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley de 2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Se trata del marco legal que regula, entre otras materias, la evaluación, autorización, registro, fabricación, almacenamiento, distribución y farmacovigilancia de los medicamentos, que hacen posible garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los mismos. El objetivo principal es ofrecer nuevas garantías de calidad de los fármacos y mejorar la transparencia y comunicación en las decisiones que tienen relación con la seguridad de los medicamentos.

La coincidencia el día 15 de octubre de 2012 del momento de inicio de la aplicación y efectos de las medidas previstas, en relación con la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado, por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y de la conclusión del plazo de tres meses concedido por aquella norma a cada Administración Pública para su desarrollo, se traduce en la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos  en la que se fijan tanto los criterios comunes de gestión procedimental que posibilitarán un tratamiento homogéneo ante situaciones equivalentes como el criterio de actuación en los casos en que el Real Decreto-ley citado otorga a cada Administración Pública un margen de decisión al respecto.