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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (Programa PREPARA).

CONTRATO PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN

Entre las medidas contenidas en este Real Decreto Ley destaca el nuevo contrato para el aprendizaje y la formación que pretende mejorar las oportunidades de empleo y formación de los jóvenes en situación de desempleo.

Este contrato tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa, con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Está inspirado en el sistema alemán de formación dual, adaptado a las necesidades y características de nuestro mercado de trabajo y nuestro sistema de formación para el empleo y supone la derogación del actual contrato para la formación, que apenas constituye el 1 por 100 del total de los contratos que se realizan.

La Comisión Europea ha comunicado que considera apropiada la medida tomada por España en relación con la reactivación del periodo transitorio en el acceso al mercado laboral para los trabajadores rumanos. La Comisión, que destaca la excepcionalidad de acciones de este tipo, considera especialmente importante el hecho de que la medida no tenga impacto en los trabajadores rumanos que ya forman parte del mercado de trabajo español.

La Comisión acepta el plazo de revisión de la moratoria planteado por el Gobierno para finales de 2012, e introduce la posibilidad de solicitar que pueda avanzarse según evolucione la situación del mercado de trabajo en España.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha señalado que la decisión de la Comisión confirma que "se trata de una medida adecuada a la normativa comunitaria y a la coyuntura actual del mercado de trabajo español".

Tanto el Ministerio como los sindicatos se han mostrado favorables a  colaborar para que el SNS, en el marco de la Ley General de Sanidad de 1986 y de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, siga siendo excelente, equitativo y sostenible en el futuro.

La base dicha colaboración se sustenta sobre dos principios:

1. Que los ahorros procedentes del establecimiento de medidas de eficiencia de la gestión y de eventuales ingresos adicionales ejecutadas por decisiones del Gobierno de España tengan como objetivo político su destino finalista  para los servicios públicos de salud
2. Que sea el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad el que lidere la ejecución de las medidas adoptadas, garantizando la permanencia de los derechos adquiridos y el actual nivel de acceso al Sistema.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del viernes día 22 de julio, y a propuesta del vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y ministro de Política Territorial y Administración Pública, un Real Decreto para la ampliación de medios traspasados a la Generalitat de Cataluña sobre traspaso de las funciones y servicios en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo se ha publicado en el BOE mediante el Real Decreto 1099/2011, de 22 de julio.

Con anterioridad a los servicios ya traspasados por el Real Decreto 206/2010, se convocaron procesos selectivos para diversas plazas del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, entre las cuales varias plazas están afectadas por los servicios que ya se traspasaron. Asimismo, en virtud de sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña, que afectan a las retribuciones de personal previas a la efectividad del traspaso, procede ampliar los medios económicos para adecuar las valoraciones del coste efectivo del mismo.

El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF han firmado el pasado día 27 de julio, el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo para prevenir estas conductas en la Administración General de Estado y en los organismos dependientes y afrontarlas de manera efectiva en el caso de que se produzcan.

El objetivo de este plan, que cumple uno de los compromisos adoptados por la Secretaría de Estado para la Función Pública en materia de igualdad, es garantizar a los empleados públicos un entorno de trabajo donde se respete plenamente su dignidad a través, en primer lugar, de medidas de prevención (información, formación y Sensibilización), así como actuaciones de protección y asistencia a las víctimas y de carácter sancionador para los autores del acoso.

La estrategia pretende cubrir una necesidad real: las dificultades que aún persisten para que las personas con discapacidad accedan a algunos ámbitos y espacios relacionados con la cultura. Se calcula que algo más de un 29 por ciento de personas con discapacidad, según la Encuesta Edad, tienen dificultades en acceder a determinadas actividades culturales o de ocio.

Entre las novedades del plan cabe citar la auditoría de los espacios y servicios culturales del Ministerio de Cultura bajo criterios de accesibilidad, la promoción del  cine subtitulado y del teatro accesible, proporcionar en los museos estatales guías multimedia, la adopción de programas de lectura adaptada para personas con discapacidad intelectual, incentivos económicos o la creación de un órgano de seguimiento de todas estas iniciativas, el Foro de la Cultura Inclusiva.

Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 8.321,21 millones de euros en los primeros seis meses de 2011, frente a 9.913,69 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de información contable de la Seguridad Social.

En términos del PIB, el superávit obtenido por la Seguridad Social a finales de junio representa el 0,76%.

Los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe aproximado de 1.100 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a esta fecha.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha subrayado que "es un acuerdo largo tiempo esperado y de gran alcance, que afecta a las personas con menor nivel de protección en el ámbito de la relación laboral y de los derechos sociales".

La norma responde al mandato del Parlamento -contenido en la reciente Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social (pendiente de publicación en el BOE)- que instaba al Gobierno a modificar la relación laboral especial del empleo en el hogar familiar, con efectos de 1 de enero de 2012.

Además, coincide con el objetivo de integración del Régimen Especial de  Empleados de Hogar en el Régimen General previsto en la Ley General de la Seguridad Social, y culmina un proceso iniciado por el Gobierno y los interlocutores sociales en el Acuerdo de Medidas en Materia de Seguridad Social, firmado en junio de 2006, que tuvo continuidad en el Acuerdo Social y Económico, suscrito en febrero de 2011, por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.