Legislación

Novedades legislativas en el ámbito sociolaboral al comienzo de 2018 (Disposiciones publicadas en el último BOE de 2017)

El BOE del 30 de diciembre de 2017 publica un conjunto de disposiciones que, con mayor o menor alcance, inciden en el área sociolaboral. En su mayoría fueron anunciadas, y de ellas se dio cuenta en la sección «Noticias» de esta página, tras su aprobación por el último Consejo de Ministros de 2017, pero el listado es más amplio. En este momento, y sin perjuicio de una próxima referencia individualizada, se hace una breve mención a las que directamente afectan a nuestro ámbito y se ofrece un análisis de las cuestiones más relevantes para la Seguridad Social a cargo de don José Antonio PANIZO ROBLES que puede consultarse pulsando aquí.

La contratación pública como instrumento para implementar políticas sociales: la Ley 9/2017

Trabajador con discapacidad

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre), en vigor –salvo excepciones– el 9 de marzo de 2018, partiendo de la trasposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, diseña un sistema legal de contratación pública del que se da cuenta en http://www.civil-mercantil.com/, cuyas implicaciones fiscales se abordan en fiscal-impuestos.com, y que, por lo que aquí más interesa:

  • Incorpora en los contratos públicos, de manera transversal y preceptiva, criterios sociales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato. La inclusión en los contratos públicos de consideraciones de tipo social podrá hacerse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución, si bien su introducción está supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar. En particular, en el caso de las condiciones especiales de ejecución (art. 201), la ley impone la obligación al órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo social, relativas al empleo o mediambiental que se listan en el artículo 202.

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