El Pacto de Toledo recibe el informe para reformar la jubilación anticipada

Tomás Burgos ha comparecido en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que estudia y decide sobre la evolución y sostenimiento del sistema de pensiones desde 1996, para presentar un informe sobre la situación de las llamadas salidas prematuras de la vida laboral -es decir, la jubilación anticipada y la parcial-, y de la necesidad de su reforma. El informe indica además la necesidad de promover la compatibilidad entre ser pensionista y seguir trabajando, una vez alcanzada la edad legal de jubilación.

El responsable de la Seguridad Social invocó en su intervención la obligación de que para que el sistema sea sostenible debe cumplirse la fórmula de que "a mayor esperanza de vida, mayor necesidad de equilibrar la proporción entre el periodo de vida activa y el periodo de vida con percepción de una prestación". Para ello, debe aumentar la edad efectiva de jubilación de los ciudadanos, que en España fue de 63,87 años en 2011.

Afirmó que hay que acompasar la edad real de jubilación con la nueva edad legal de jubilación en España. A partir de 2013, al entrar en vigor el periodo transitorio de la última reforma de las pensiones, la edad de jubilación irá aumentando un mes por año (y dos meses por año a partir de 2018) desde los 65 actuales hasta los 67. En cambio, entre 2005 y 2011 la edad real media a la que se jubilan los españoles no ha crecido más de 15 días por año.

Según Tomás Burgos, la actual normativa incentiva ese abandono prematuro de la vida laboral con una inadecuada regulación de la jubilación anticipada y la parcial. Y las novedades que introduce la ley de reforma de las pensiones aprobada en 2011 por el anterior Gobierno no serán suficientes para reconducir esta tendencia cuando entren en vigor el 1 de enero de 2013.

Precisamente es ahora, aseveró, antes de que entren en vigor las modificaciones previstas por esta ley, cuando se debe abordar una reforma más adecuada y profunda de estas modalidades de jubilación.

En cuanto a la jubilación anticipada, a partir de enero de 2013 están previstas dos edades mínimas: a los 61 años, siempre que el trabajador deje de trabajar por un cierre empresarial y que haya cotizado a la Seguridad Social un mínimo de 33 años; y a los 63, voluntaria en todo caso. En ambos casos existen unos porcentajes reductores del importe íntegro de la pensión en función del tiempo que queda para alcanzar la edad legal de jubilación.

La intención es actuar sobre los tres parámetros que conforman esta pensión: la edad mínima para acceder a ella, el periodo de tiempo cotizado mínimo que se exige y los coeficientes reductores. La edad mínima debe aumentar al ritmo que lo haga la edad legal. Los coeficientes reductores también se deben revisar. Puso como ejemplo que una persona que se jubile anticipadamente con 38 años cotizados en 2027 tendrá una reducción del importe íntegro de un 30%, y en cambio otra que sólo tenga cotizados seis meses más (38 años y medio) tendrá una reducción considerablemente menor del 26%. En conclusión, se trata de tener un "sistema más equitativo que además ahorre recursos".

Jubilación parcial

Tal como está configurada actualmente, la jubilación parcial es una "fórmula que privilegia al jubilado y que hace recaer el peso económico de su jubilación en la Seguridad Social". Es de hecho un "incentivo negativo para continuar trabajando".

Burgos aboga porque se aumente la jornada mínima laboral que debe cumplir el jubilado parcial -ahora en una franja entre el 25 y el 75% de la jornada, aunque la gran mayoría opta por la jornada mínima-. De forma que sea verdaderamente un trabajo a tiempo parcial, próximo al 50% de la jornada completa. También se debería acompasar la edad mínima para acceder a la jubilación flexible -61 años en la actualidad- con el aumento paulatino de la edad legal de jubilación que ahora va a entrar en vigor.

Compatibilidad entre pensión y trabajo

Por último, el secretario de Estado apostó por dar la vuelta al actual paradigma de nuestro sistema, que establece como incompatible el percibo de una pensión con ingresos por rentas de trabajo. En línea con lo que se hace en países como Alemania, Luxemburgo, Austria o Francia, la regla general debe ser la compatibilidad. De forma que mientras se trabaja más allá de la edad legal de jubilación se percibe un porcentaje de la pensión, y cuando se deja de trabajar se recupera íntegramente. Esta posibilidad permitiría a la Seguridad Social, según alguno de los cálculos que presentó, ahorrar hasta 900 millones de euros en tres años.

En conclusión, finalizó Tomás Burgos, "una de las señas de identidad de nuestro sistema será en el futuro la prolongación de la vida laboral y el envejecimiento activo". "No hay otra alternativa", remachó, por lo que es mejor ir juntos de la mano por este camino, dijo como invitación al acuerdo al resto de las formaciones políticas.

REVISTA ACTIVA.-SEGURIDAD SOCIAL