Primera sentencia contra el fraude a la Seguridad Social tras la reforma del Código Penal
La Audiencia Provincial de Granada ha dictado la primera sentencia que aplica y condena a los autores de un delito de fraude de prestaciones al Sistema de la Seguridad Social tras la reforma del Código Penal, dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
El procedimiento tuvo su origen en la “Operación nota”, desarrollada por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal contra cincuenta acusados. Siete de ellos han sido condenados como organizadores o promotores de la trama. La sentencia condena además a 41 personas por delito de fraude de prestaciones al participar en la trama como supuestos trabajadores.
Los acusados tramitaron numerosas altas de trabajadores en empresas ficticias, a cambio de una cantidad determinada de dinero que en cada caso entregaba el supuesto trabajador.
La Audiencia Provincial de Granada condena a los siete promotores a pagar una indemnización de 952.574,60 euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cantidad que corresponde a las prestaciones y subsidios indebidamente percibidos entre 2006 y 2011. Los otros 41 condenados deberán responder solidariamente con los organizadores de la trama por las cantidades individuales por ellos percibidas.
Asimismo, la sentencia acuerda oficiar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para que declare nulos los periodos cotizados fraudulentamente en las empresas ficticias a los efectos derivados de su afiliación al Sistema de Seguridad Social.
Los condenados deberán indemnizar al Servicio Público de Empleo Estatal con una cantidad cercana al millón de euros, correspondiente a las prestaciones y subsidios indebidamente percibidos entre 2006 y 2011
Detalles de la trama
La Audiencia Provincial considera probado que la trama se sirvió de un toxicómano y una persona dedicada a la recogida de chatarra, a las que, sin su conocimiento, procedieron a dar de alta como empresarios individuales en el sector de la construcción. Las sociedades creadas no tenían actividad real y carecían de domicilios sociales o fiscales reales, centros de trabajo, ni medios materiales para prestar servicios.
Los acusados tramitaron numerosas altas de trabajadores en dichas empresas, a cambio de una cantidad determinada de dinero que en cada caso entregaba el supuesto trabajador. Estos trabajadores se mantenían de alta en el Sistema durante el tiempo suficiente para poder acceder a prestaciones y subsidios de desempleo, y sin abonar nunca las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.
Posteriormente, simulaban el cese de las relaciones laborales presentando ante el SEPE la documentación necesaria para la obtención de las prestaciones y subsidios de desempleo, para lo que contaban con participación de los supuestos trabajadores.
REVISTA ACTIVA.-SEGURIDAD SOCIAL.