Real Decreto 316/2025: revalorización de pensiones y ajustes legales sin modificaciones de fondo
El Real Decreto 316/2025, de 15 de abril (BOE de 16 de abril), con efectos económicos desde el 1 de enero de 2025, supone un ajuste necesario en la normativa sobre la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y su revalorización para el ejercicio 2025. Su aprobación viene motivada por la necesidad de adaptar el marco legal tras la no convalidación del anterior Real Decreto-ley 9/2024 y del subsiguiente Real Decreto 35/2025 (que ahora se deroga expresamente) ofreciendo así una nueva base jurídica que se apoya en el Real Decreto-ley 1/2025.
Este nuevo real decreto mantiene los parámetros esenciales ya previstos. Se establece que la cuantía máxima inicial de las pensiones públicas causadas en 2025 no podrá superar los 3.267,60 euros mensuales o los 45.746,40 euros anuales, incluyendo las pagas extraordinarias. Esta limitación afecta tanto a las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social como a las pensiones de Clases Pasivas del Estado, con las excepciones ya conocidas para las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas.
En materia de revalorización, el real decreto confirma un incremento general del 2,8 por ciento en el importe de las pensiones, que afecta tanto a las pensiones ordinarias como a las cuantías mínimas y a otras prestaciones de carácter social. Asimismo, se reafirman los criterios para el reconocimiento de los complementos por mínimos, de acuerdo con los límites de ingresos establecidos para 2025.
Además, se mantiene la regulación de la concurrencia de pensiones, reiterando los mecanismos para la limitación conjunta de las prestaciones públicas en los supuestos en que una persona perciba más de una pensión financiada con fondos públicos.
En definitiva, el Real Decreto 316/2025 no introduce cambios materiales significativos respecto al Real Decreto 35/2025, pero sí proporciona el necesario soporte jurídico para garantizar la validez de las medidas en materia de pensiones públicas durante 2025. Con ello, se asegura la estabilidad normativa en un contexto de prórroga presupuestaria y de aplicación de medidas urgentes destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables.