Jurisprudencia

El Pleno del Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar del Decreto-ley 3/2015, de 24 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, que regula el acceso universal a la atención sanitaria en dicha Comunidad Autónoma. Esta decisión implica que la norma, que quedó automáticamente suspendida como consecuencia de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, podrá aplicarse hasta que el Tribunal dicte la correspondiente sentencia.

Para determinar si debe mantener o levantar la medida cautelar de suspensión de una norma impugnada, el Tribunal sopesa, de un lado, el posible perjuicio a los intereses en juego, tanto públicos como privados; y, de otro, si esos eventuales perjuicios son de imposible o difícil reparación. Dicho análisis se realiza, en cualquier caso, sin entrar en valoraciones de fondo sobre la constitucionalidad de la norma, que el Tribunal sólo puede realizar en la sentencia que resuelva el recurso.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria  ha condenado a una empresa a abonar un recargo del 40% sobre la pensión de viudedad de una mujer cuyo esposo falleció a causa de una grave enfermedad pulmonar provocada por el contacto directo con amianto, material con el que trabajó durante seis años.

El tribunal confirma así la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander, que impuso el recargo al constatar que la empresa no había adoptado las medidas de seguridad vigentes cuando el trabajador tuvo contacto el amianto, en los años setenta.

Puede imponerse una obligación de residencia a los beneficiarios de protección subsidiaria si tienen que hacer frente a mayores dificultades de integración que los otros no ciudadanos de la UE que residan legalmente en el Estado miembro que les haya concedido dicha protección

Según una Directiva de la Unión¹, los Estados miembros deben permitir que las personas a las que han concedido el estatuto de beneficiarios de protección subsidiaria² circulen libremente por su territorio en las mismas condiciones que rigen para otros no ciudadanos de la UE que residan legalmente en ellos.

TJUE. Libre circulación de personas. Prestaciones en metálico no contributivas. Exclusión de los nacionales de un Estado miembro durante los tres primeros meses de residencia en el Estado miembro de acogida.
TS. Comunidad de Madrid. Trabajadores fijos discontinuos en las campañas de incendios forestales. Acuerdo de la comisión paritaria del convenio colectivo en el que se establece, ante la ausencia de criterio convencional, que procederá en primer lugar el llamamiento para la contratación de aquellos trabajadores de anteriores campañas que hayan obtenido fallos judiciales de reconocimiento de relación indefinida (no fija) de trabajos periódicos.
TS. Uralita, S.A. Indemnización de daños y perjuicios por fallecimiento de trabajador derivado de enfermedad profesional (silicosis). Reclamación por sus herederos. Prescripción de la acción (un año). Dies a quo.
TS. Despido por causas objetivas. Trabajador con la categoría de comercial. Contenido de la carta de cese.
TS. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Dies a quo para el cómputo de la prescripción del derecho.
TS. Ejecución de sentencia. Intereses de demora en recargo de prestaciones por el periodo de tramitación de los recursos de suplicación y casación.
AN. Cierre de centros de trabajo. Posibilidad de los trabajadores de optar entre novar el contrato a contrato a domicilio y continuar la prestación de servicios mediante teletrabajo o trasladarse voluntariamente al centro de trabajo de Madrid. Efectos sobre el mandato representativo de los representantes de los trabajadores.
TSJ. Sucesión de contratas. Distribución de la jornada del trabajador en un 70 % en una contrata, la que es objeto de sucesión, y un 30 % en otra, desempeñando siempre las mismas funciones de encargado.
TSJ. Descuelgue de las previsiones relativas a la reducción de jornada contempladas en convenio colectivo.
TSJ. Accidente in itinere. Trabajadora que sufre una caída al intentar alcanzar un autobús cuando acudía al trabajo tras la realización de una prueba radiológica por motivo de enfermedad común, ocurriendo los hechos durante su jornada laboral, con autorización de la empresa.
TSJ. Accidente in itinere. Trabajador al que su empresario le propone, el día en que ocurrió el accidente, que le acompañara a un coto de caza con el fin de recoger las piezas que fueran abatiendo los partícipes en la cacería, siendo, a su vez, imprescindible ese desplazamiento para volver luego a su domicilio.
TSJ. Mejora voluntaria prevista en sucesivos convenios colectivos con diferente alcance. Entidad aseguradora responsable. Trabajador al que se le reconoce una situación de lesiones permanentes no invalidantes en virtud de un primer convenio colectivo que no da origen a ningún tipo de mejora pero que, posteriormente, accede a una situación de incapacidad permanente total, ya bajo la vigencia de un nuevo convenio colectivo, el cual sí reconoce una mejora voluntaria para esa situación.
TSJ. Reintegro de gastos médicos. Urgencia vital. Asistencia sanitaria fuera del Sistema Nacional de Salud. Reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración Pública en el orden contencioso y de reintegro en el orden social.
TSJ. Movilidad funcional dentro del grupo profesional. Estimación en instancia de la excepción de inadecuación de procedimiento por haberse impugnado la decisión empresarial mediante el procedimiento declarativo ordinario en lugar del especial previsto en el artículo 138 de la LRJS.

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El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha rechazado dejar sin subsidio de paro a una mujer, como pretendía el INEM, por rescatar el importe de un plan de pensiones. Los magistrados advierten de que no cabe considerar renta o ingreso computable el importe total del plan de pensiones rescatado (en este caso, 16.125 euros), sino que deberá considerarse como ingreso, en su caso, la plusvalía o ganancia que ha generado dicho Plan. “Al no constar si han existido tales beneficios, plusvalías o rentas ni, en su caso, el importe de los mismos, la actora no ha cometido la infracción que el SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal) le imputa, a saber, no comunicar la obtención de las rentas y percibir prestación por desempleo indebidamente”, sancionado en el artículo 25.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha incrementado la indemnización que tiene que pagar una compañía de seguros a una joven que quedó parapléjica tras sufrir un accidente de tráfico al incluir además una cantidad en concepto de ayuda a  terceras personas -293.545,03 euros-  y otra por el de daños morales a familiares -110.079,38 euros-.

La sentencia  corrige a la Audiencia Provincial de Almería, que reconoció a la víctima una indemnización de 606.035,45 euros por las secuelas sufridas pero no apreció la situación de gran invalidez al considerar que no precisaba la ayuda permanente de otra persona y que podía conseguir realizar actividades de forma independiente si el medio estaba acondicionado, como demostraba el hecho de haber obtenido el permiso de conducir de vehículos adaptados.

Le impone un año y cinco meses de cárcel por estafa y falsedad por elaborar informes médicos falsos para lograr la incapacidad y percibir 65.000 euros

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un exempleado del Elche Club de Fútbol a un año y cinco meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad.

Los hechos sucedieron en julio de 2009 cuando el condenado presentó en la Seguridad Social de Alicante informes médicos falsos y confeccionados por él mismo, para pedir la incapacidad temporal a consecuencia del padecimiento de un supuesto cáncer de colón en su estadio inicial.

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a dos empleados de un banco de Palencia a un año de prisión a cada uno por apropiarse de la parte del premio perteneciente a la limpiadora de la entidad bancaria con la que jugaban todos los viernes un cupón de la ONCE que resultó premiado cuando ella estaba de vacaciones. Los dos condenados tendrán que pagar de forma conjunta y solidaria una indemnización de 33.333 euros, la tercera parte de los 100.000 euros del premio, a la mujer como copropietaria del billete.

Según los hechos probados, los dos empleados del banco, junto a la limpiadora, compraban entre los tres un cupón para el sorteo del “cuponazo” que se celebra los viernes. De los tres euros que costaba el cupón, cada uno pagaba un euro, y si alguno estaba de vacaciones, los otros pagaban el importe y después el ausente pagaba su parte. De forma verbal, acordaron que si algún día tocaba el billete se repartirían el premio en proporción a su participación.