Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 11 de diciembre de 2014, ha declarado que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben de respeto y defensa respecto de la libre prestación de servicios al aprobar las disposiciones contenidas en el art. 46 c) RDLeg. 1/2002 (TR Ley Planes y Fondos de Pensiones) y en el art. 86.1 RDLeg. 6/2004 (TR Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados), según las cuales los fondos de pensiones domiciliados en Estados miembros distintos del Reino de España y que ofrezcan en él planes de pensiones de empleo, así como las entidades aseguradoras que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, están obligados a nombrar un representante fiscal con residencia en este Estado miembro.

 La Directiva 2008/115 establece las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Tras residir  legalmente en Francia con el fin de cursar estudios, el  Sr. Khaled Boudjlida  pasó  a estar  a  finales  de  2012  en  situación  irregular  al  no  haber  solicitado  la  renovación  de  su  último permiso de residencia. Tras solicitar su alta como autónomo a principios del 2013, el Sr. Boudjlida fue convocado por la policía para prestar declaración sobre su solicitud, las circunstancias de su llegada  a  Francia,  las  condiciones  de  su  residencia  como  estudiante,  su  situación  familiar  y  su posible  salida  del  territorio  francés.  Ese mismo día,  el  préfet  des  Pyrénées-Atlantiques  (Jefe  de Policía  del  Departamento  de  los  Pirineos  Atlánticos)  adoptó  una  resolución  mediante  la  que conminó  al  Sr. Boudjlida  a  abandonar  el  territorio  francés  y  le  concedió  un  plazo  voluntario  de 30 días para retornar a Argelia. El Sr. Boudjlida impugnó esta resolución ante la justicia francesa.

La Audiencia Nacional declaró el derecho de todos los trabajadores de una empresa -con independencia de cuándo fueron contratados- a disfrutar de un periodo de descanso de 30 minutos, un derecho reconocido en su convenio colectivo

La Sala Social del Tribunal Supremo ha considerado discriminatorio el convenio colectivo de la compañía de distribución Logista (de 1.089 trabajadores) que excluyó a los nuevos empleados de la empresa del periodo remunerado de 30 minutos de descanso para el bocadillo, que se mantenía para el resto de trabajadores, alegando razones económicas.

TS. Relaciones laborales especiales. Alta dirección. Caracteres.
TS. ERTE de reducción de jornada y salarios que finaliza con acuerdo en el que se establece un periodo de cumplimiento de un año. Despido colectivo efectuado por la empleadora antes de la finalización de dicho periodo por concurrir nuevas circunstancias económicas y/o agravación de las anteriores.
TS. Despido disciplinario. Uso irregular del crédito horario.
TS. Jubilación parcial y contrato de relevo. Trabajadora que recibe notificación de la empresa comunicándole la conversión del contrato en indefinido, procediendo después a su cese por terminación del contrato de relevo.
TS. Consideraciones sobre el accidente de trabajo. Actividad laboral en el mar.
TS. Aplicación paulatina del límite de edad a efectos de las pensiones de orfandad. Huérfano que, cursando estudios, cumple 22 años durante el transcurso del curso escolar, el 7 de agosto de 2011, después de la entrada en vigor de la Ley 27/2011.
AN. Salario. Swissport Spain, S.L. Inclusión en la retribución de las vacaciones del promedio de la totalidad de emolumentos que corresponden a la jornada ordinaria.
AN. Despido colectivo. Atento Teleservicios, S.A.U. Periodo de consultas.
TSJ. Vacaciones. Inicio en sábado, domingo o festivo.
TSJ. Permiso por fallecimiento de familiares. Aborto.
TSJ. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Cambio de convenio colectivo en función de la actividad principal de la empresa.
TSJ. Indemnización por daños y perjuicios. Renfe Operadora. Desconvocatoria corporativa de huelga intermitente por sindicato, de manera sorpresiva, dos horas antes del comienzo de la misma, ocasionando perjuicios graves a la empleadora.
TSJ. Despido disciplinario por disonancia ideológica. Trabajador de partido político que durante el periodo de suspensión del contrato por excedencia forzosa realiza declaraciones públicas contrarias a la actividad e ideología de aquel.
TSJ. Incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo. Trastorno psíquico. Indemnización derivada de responsabilidad civil por daños y perjuicios.
TSJ. Prestación de maternidad por adopción. Pareja homosexual.

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Aprovechando la reciente STS de 17 de junio de 2014 (rec. núm. 1315/2013) que dedica un apartado a clarificar cual es la postura actual del Tribunal respecto de este asunto, nos parece interesante hacer un breve recordatorio de esta materia  con la pretensión tanto de fijar tradicionales términos conceptuales como nuevos entendimientos interpretativo-aplicativos, de tal forma que al final de esta exposición tal vez lleguemos a la conclusión de que las cosas no han cambiado tanto, como pudiera parecer, a favor del trabajador.

El Tribunal Supremo ha anulado las sentencias del TSJ de Andalucía que declararon ajustados a derecho los ERE llevados a cabo en el ayuntamiento de Estepona (Málaga) y en la UGT de Andalucía, respectivamente.

La Sala de lo Social del Supremo ordena al TSJ andaluz repetir los juicios relativos a ambos ERE, por no practicar determinadas pruebas documentales o periciales, que ahora deberán llevar a cabo en el juicio antes de que se dicten las nuevas sentencias por el propio TSJ andaluz.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado la nulidad del despido colectivo puesto en marcha por Transportes Buytrago y obliga a readmitir a los trabajadores afectados en las mismas condiciones anteriores al despido, así como al abono de los salarios de tramitación, desde el pasado 29 de abril hasta que sean readmitidos.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó el pasado 12 de junio una, extensa  y muy fundamentada sentencia, siendo ponente el Magistrado Lopez Parada (SAN 108/2014) por la que declaró la nulidad del despido colectivo realizado por la empresa Coca Cola Iberia Partners (CCIP) y las diferentes embotelladoras de la marca repartidas por la península.