Jurisprudencia

TJUE. Derecho de entrada y residencia. Integración cívica. Condiciones para la obtención del estatuto de residente de larga duración.
TS. ERE. Sociedad mercantil pública. Actualización, a partir de 2012, de las rentas garantizadas a los trabajadores (desde los 55 a los 65 años de edad) que pasaron a ser prejubilados, cuando desde el inicio del programa tales rentas han venido siendo incrementadas con arreglo al IPC real anual. Aplicación de la prohibición de realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo y contratos de seguros colectivos en virtud de la LPGE para el año 2013 que implique incremento de la masa salarial. Improcedencia.
TS. Extinción de la relación laboral. Causas objetivas. Contenido mínimo de la carta de despido.
TS. Despido improcedente. Alta dirección. Ingreso efectivamente efectuado por el empresario en la Agencia Tributaria en concepto de IRPF después de que el trabajador percibiera la indemnización en bruto establecida en la sentencia firme de despido, consignada por la empleadora en el juzgado como requisito de recurribilidad.
TS. Despido colectivo. Causas económicas y organizativas. Empresa que centra el 98% de su actividad en la adjudicación de servicios que realiza la Televisión pública canaria. Comunicación por esta de su decisión de negociar el acuerdo de adjudicación con el fin de obtener una rebaja del 20% del precio de los servicios. Inicio del periodo de consultas partiendo del escenario hipotético de que en la renegociación del acuerdo con la empresa cliente se logre efectivamente una rebaja del precio.
TS. Despido colectivo. Grupo de empresas patológico por confusión de plantillas, unidad de dirección e infraestructuras comunes.
TS. Delegados sindicales. Crédito horario reconocido en el artículo 68 e) del ET –15 horas–.
TS. La protección por desempleo. Aplicación de la normativa anterior al RDL 11/2013. Salida del territorio nacional por un periodo superior a 15 días e inferior a 90 sin comunicarlo al SPEE.
AN. Despido colectivo. Santa Bárbara Sistemas, SA. Impugnación pretendiendo que se declare nulo o, subsidiariamente, no ajustado a derecho.
TSJ. Despido disciplinario. Improcedencia. Ofensas físicas. Enfermedad mental.
TSJ. Despido colectivo. Zardoya-Otis. Empresa que contando con 3.100 empleados cesa a 12 trabajadores en un centro donde prestan servicio 77 personas. Superación de los umbrales numéricos del artículo 51.1 del ET. Determinación del marco de referencia en el que las extinciones computables han de ser contabilizadas, si la empresa en su conjunto o el concreto centro de trabajo.
TSJ. Accidente de trabajo y acoso moral. Cuantificación del importe de la indemnización por daños y perjuicios en relación con el daño moral.

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La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha avalado la Disposición Adicional 16ª de la Ley 27/2011, conocida como la ‘enmienda Telefónica’, por la cual, las empresas de más de 500 empleados con beneficios deben realizar aportaciones al Tesoro Público por las prestaciones contributivas por desempleo y cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de los despidos de trabajadores de más de 50 años por causas no imputables a éstos.

Sin embargo, no pueden quedar excluidos, durante dicho período, de la percepción de prestaciones dirigidas a facilitar el acceso al mercado de trabajo sin darles la posibilidad de demostrar la existencia de un vínculo real con el mercado de trabajo del Estado miembro de acogida

El  presente  asunto  se  inscribe  en  una  serie  de  asuntos  alemanes  en  los  que  se  pregunta  al Tribunal  de  Justicia  sobre  si  el  hecho  de  excluir  a  determinados  ciudadanos  de  la  Unión  de  la percepción  de  prestaciones  sociales  previstas  en  la  legislación  nacional  es  compatible  con  el Derecho de la Unión y, más concretamente, con el principio de igualdad.

No obstante, las modalidades de aplicación de tal obligación no deben poner en peligro la consecución de los objetivos de la Directiva relativa a los residentes de larga duración

Una Directiva de la Unión  prevé que los Estados miembros concederán el estatuto de residente de   larga   duración   a   los   nacionales   de   terceros   países   que   hayan   residido   legal   e ininterrumpidamente  en  su  territorio  durante  los  cinco  años  inmediatamente  anteriores  a  la presentación de la solicitud correspondiente.

P y S son nacionales de países terceros que, desde el 14 de noviembre de 2008 y el 8 de junio de 2007,  respectivamente,  se  encuentran  en  posesión  de  permisos  de  residencia  de  residente  de larga duración en los Países Bajos, permisos que se les otorgaron con fundamento en la Directiva.

Con  arreglo  al  Derecho  neerlandés,  tienen  la  obligación  de  superar  un  examen  de  integración sociocultural  o  cívica  dentro  de  un  plazo  determinado,  con  el  fin  de  acreditar  la  adquisición  de habilidades verbales y escritas en lengua neerlandesa, así como un conocimiento suficiente de la sociedad holandesa, obligación cuyo incumplimiento se sanciona con una multa. Si el examen no se  aprueba  dentro  del  mencionado  plazo,  se  fijará  un  nuevo  plazo,  incrementándose  en  cada ocasión el importe de la multa.

P y S interpusieron sendos recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones que les obligaban a superar el mencionado examen. El Centrale Raad van Beroep (Tribunal central de lo contencioso-administrativo),  ante  el  que  se  interpuso  recurso  de  apelación,  manifestó  dudas  en cuanto a la conformidad de la obligación de integración cívica con lo dispuesto en la Directiva. En particular,  pide  al  Tribunal  de  Justicia  que  dilucide  si  los  Estados  miembros,  una  vez  que  han concedido el estatuto de residente de larga duración, tienen la facultad de imponer medidas de integración  en  forma  de  examen  de  integración  sociocultural  o  cívica  cuyo  incumplimiento  se sanciona mediante un sistema de multas.

En la sentencia del día de hoy, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva no se opone a que se imponga una obligación de superar un examen de integración sociocultural o cívica, pero siempre que las modalidades de aplicación de tal obligación no pongan en peligro la consecución de los objetivos de la Directiva.

TJUE. Prestación por maternidad. Período mínimo de cotización exigible.
TC. Utilización del criterio de la edad superior a 55 años como factor determinante para la selección de los trabajadores afectados por un despido colectivo.
TS. Convenios colectivos. Sector de empresas de seguridad. Sucesión de contratas. Trabajador a tiempo completo de una empresa contratista que cumplimenta su jornada mediante la prestación del servicio de vigilancia en dos centros de trabajo distintos (70%-30%), siendo únicamente uno de ellos (70%) objeto de nueva adjudicación.
TS. Enfermedad profesional –asbestosis–. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Transmisión en caso de sucesión de empresa.
TS. Banca privada. Préstamos a empleados en condiciones beneficiosas. Plazo de prescripción para la acción de la empresa que pretende la amortización anticipada del préstamo en el momento del cese del trabajador.
TS. Despido colectivo. Empresa sin representantes legales de los trabajadores. Periodo de consultas.
TS. Despido objetivo. Causas económicas. Colegio que pese a sufrir pérdidas durante los cuatro últimos ejercicios debido a la disminución del alumnado, dispone de un importante fondo de reserva voluntaria nutrido por diversos conceptos: beneficios anteriores, prima de emisión de capital o actualización de balances.
TS. La protección por desempleo. Subsidio para mayores de 52 años.
AN. Ultraactividad. Convenios colectivos denunciados que han perdido su vigencia sin que exista otro de ámbito superior que resulte de aplicación. Negativa de la empresa a actualizar las retribuciones salariales de los trabajadores, incluido el complemento de antigüedad.
AN. III Convenio Colectivo de Pilotos de Air Europa Líneas Aéreas, SAU. Finalización de la ultraactividad del convenio sin que se haya alcanzado un resultado negocial satisfactorio y sin que exista otro de ámbito superior aplicable.
TSJ. Permisos retribuidos. Nacimiento de dos hijos.
TSJ. Pacto extraestatutario. Obligación de asegurar las incapacidades permanentes absolutas de los trabajadores. Situación objeto de cobertura que sobreviene una vez superado el período de vigencia del pacto.
TSJ. Invalidez no contributiva. Determinación de los miembros que forman parte de la unidad económica de convivencia.

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Confirma la validez de la transcripción de los diálogos mantenidos por una menor con un amigo a través de una red social, a quien contó los abusos sexuales por parte del novio de su madre

En una sentencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo puntualiza que la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada  con "todas las cautelas", debido a que "la posibilidad de una manipulación forma parte de la realidad de las cosas". En ese sentido, afirma que “el anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo”.

Anula parte del artículo 35.3 del Reglamento por considerar contrario a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas justificativas de despido colectivo

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado parte del artículo 35.3 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de 2012, por considerar contrario a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas justificativas de despido colectivo cuando la empresa es una entidad (pública o privada) de las contempladas en el artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Estado (administración del Estado y de las comunidades autónomas, entidades que integran la administración local, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, universidades públicas, diputaciones forales y juntas generales del País Vasco, y diversas entidades de derecho público).

Si hasta ahora el Tribunal Supremo venía avalando que, en los casos de sucesión de empresas, la legislación socio-laboral obligaba a la responsabilidad solidaria de la empresa sucesora respecto de prestaciones de Seguridad Social de la que había sido declarada responsable la empresa sucedida, pero sin que esa responsabilidad se extendiese a la derivada del recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo, la Sentencia de 23 de marzo de 2015 –rcud. 2057/2014– que se comenta por D. José Antonio PANIZO ROBLES en el documento adjunto cambia de criterio estableciendo que:

• En supuestos de  sucesión de empresas, se produce la transmisión de la responsabilidad de la empresa sucedida por incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo, aunque ese incumplimiento se hubiese producido antes de la fecha de sucesión de la empresa y concretada en la imposición de un recargo de las cuantías de las prestaciones de Seguridad Social a que hubiese lugar.

• La transmisión de la responsabilidad no solo opera respecto de las prestaciones causadas en el momento de producirse la fusión, sino también respecto de las que estén pendientes de reconocer y de las que se estén generando, con independencia de que la fecha de su reconocimiento sea posterior a la fecha de la sucesión.
  • Por último, la transmisión de la responsabilidad del recargo opera no solo en los casos de fusión por absorción, sino que se extiende a los casos de fusión por constitución, a los casos de escisión, a todos los fenómenos de transformación y, en general, en cualquier supuesto de cesión global de activos y pasivos desde la empresa sucedida a la sucesora.