La UE elabora planes para garantizar unas pensiones de jubilación adecuadas
Uno de cada cuatro europeos dispone de una pensión como principal fuente de ingresos. En el futuro, los pensionistas aumentarán a un ritmo mayor que los trabajadores, lo que plantea un importante reto a la hora de garantizar unas pensiones públicas adecuadas, sostenibles y seguras.
Ante una situación de crisis económica que pesa cada vez más sobre los presupuestos nacionales, la UE estudia la forma de colaborar con los gobiernos para mantener unas pensiones dignas.
Basándose en los resultados de una consulta sobre los sistemas de pensiones europeos y en su propio Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012, la Comisión ha dado a conocer un Libro Blanco sobre pensiones sostenibles que persigue objetivos como mejorar el equilibrio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de jubilación, garantizar que las personas que se trasladan a otro país conserven sus derechos de pensión o favorecer el ahorro con vistas a la jubilación.
Destacan las siguientes propuestas:
- adaptar los lugares de trabajo y las prácticas del mercado laboral para mejorar las oportunidades de los trabajadores de más edad
- animar a empresarios y trabajadores a que constituyan planes privados de jubilación e instar a los gobiernos a que los incentiven, por ejemplo mediante deducciones fiscales
- mejorar la protección de los planes de pensiones complementarias para quienes hayan trabajado en varios países de la UE
- adecuar la edad de jubilación a la esperanza de vida, limitar el acceso a la jubilación anticipada y reducir las diferencias de pensión entre hombres y mujeres.
Los sistemas de pensiones son de competencia esencialmente nacional, pero también constituyen un asunto de creciente interés común. En consonancia con la estrategia de crecimiento y empleo de la UE, la Comisión seguirá supervisando y apoyando de cerca las reformas de las pensiones.
La UE también puede aportar valor añadido mediante legislación, financiación y coordinación política. Ejemplos de esto serían la aprobación de normas para combatir la discriminación (por motivos de género y edad, en particular), la prestación de ayudas financieras para que los trabajadores de más edad permanezcan en el mercado laboral o la adopción de recomendaciones específicas para orientar a los gobiernos nacionales.
En 2011, la Comisión formuló recomendaciones a 16 países de la UE; otros cinco se comprometieron a hacer reformas.
COMISIÓN EUROPEA.