Legislación

La crisis sanitaria que estamos padeciendo como consecuencia del COVID-19 está teniendo un impacto directo en la economía y en la sociedad, en las cadenas productivas y en el día a día de los ciudadanos, así como en los mercados financieros. Las medidas adoptadas hasta el momento, siendo trasversales, y teniendo como denominador común la protección del empleo, la ayuda a los más vulnerables y el mantenimiento del tejido productivo, se amplían y complementan con las contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo–en adelante, RDL– (BOE de 1 de abril y corrección de errores BOE de 9 de abril).

El RDLey 12/2020, de 31 de marzo (BOE de 1 de abril de 2020), con entrada en vigor al día siguiente de su publicación, pone de manifiesto que las medidas económicas y sociales adoptadas a raíz de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 están provocando un especial impacto en determinados colectivos de personas especialmente vulnerables, entre ellos, las mujeres víctimas de violencia de género, que se encuentran en una posición de especial vulnerabilidad ante el aislamiento domiciliario, originando con ello una situación de mayor riesgo al verse forzadas a convivir con su agresor.

Señala que en el marco de una situación de excepcionalidad como la existente y mediando la declaración del estado de alarma, a través del RD 463/2020, se hace necesario garantizar un adecuado funcionamiento de los servicios de protección y asistencia integral de las víctimas.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció un conjunto de actividades comerciales para las cuales se permitía su continuidad durante la duración del estado de alarma, entre las que se encontraban las relativas a los centros sanitarios. Posteriormente, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, declaró de carácter esencial, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, con independencia de su titularidad o forma de gestión, que determinara el Ministerio de Sanidad.

Con la publicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, el Gobierno ha dado un paso más en su lucha por la contención de la enfermedad estableciendo una relación de actividades esenciales, tanto del sector público como del sector privado, para las que se permite continuar su actividad durante el período comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. A cuyo efecto, establece la continuidad de la actividad de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, habilitando al Ministro de Sanidad a modificar o especificar las actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en el citado real decreto-ley.

En el BOE de hoy se ha publicado la Orden TMA/306/2020 por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020.

El pasado miércoles 25 de marzo se publicó en el BOE la Orden TMA/277/2020 por la cual se declaraban servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptaban algunas disposiciones complementarias al respecto.

La Orden SND/307/2020, 30 de marzo (BOE de 30 de marzo), en vigor el mismo día de su publicación y de aplicación durante la vigencia del permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por un lado, especifica que están fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 10/2020 los trabajadores por cuenta propia y las actividades de representación sindical y patronal, y, por otro, establece el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo de aquellos que deben acudir a sus puestos.

A través de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, en vigor el 15 de marzo, se adoptaron para un periodo inicial de 3 meses una serie de medidas en materia de recursos humanos, a desarrollar por las comunidades autónomas (CCAA) en su territorio, con el objetivo de garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas por el coronavirus. Esta orden, que ha sido objeto de interpretación (en concreto su apdo. noveno) por la Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, para señalar que las autoridades sanitarias de las CCAA pueden habilitar los establecimientos de alojamiento turístico para uso sanitario, se ve afectada de nuevo por la Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, publicada en el BOE de 30 de marzo (y con efectos el mismo día de su publicación), para dar respuesta a la creciente demanda asistencial provocada por el COVID-19.