Noticias

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para reforzar, entre otras cosas la lucha contra el fraude en la Seguridad Social y en el ámbito laboral, el gobierno pretende  atacar el trabajo no declarado y en situación irregular, así como combatir el fraude a la Seguridad Social, que además de mermar los ingresos públicos, socava los cimientos del estado del bienestar y afecta a la competitividad de las empresas que cumplen con la normativa, por la competencia desleal que las empresas incumplidoras les generan.

Según declaraciones realizadas el 20 de abril de 2017, por la ministra de Empleo y Seguridad, Fátima Báñez, con el Plan de lucha contra el fraude laboral, se han conseguido los siguientes resultados:

• El afloramiento desde 2012 de unos 430.773 empleos.

El Congreso de los Diputados debate y vota este martes en Pleno extraordinario los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero, conocido como el techo de gasto, para los Presupuestos de 2018. 

El Pleno empezará a las 15 horas con el debate del acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad y el techo de gasto, paso previo a la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que debe recibir el visto bueno tanto del Congreso como del Senado. 

El acuerdo del Gobierno, aprobado en el último Consejo de Ministros, reconsidera la distribución del objetivo de déficit para 2018 y 2019 y aumenta una décima el objetivo de las comunidades autónomas. Así, lo ha situado en el -0,4 por 100 del PIB en 2018 y el -0,1 por 100 del PIB en 2019. A su vez, disminuye una décima el déficit de la Seguridad Social en cada uno de esos años, de forma que pasará al -1,1 por 100 del PIB en 2018 y -0,9 por 100 en 2019.

La Dirección General de Empleo ha procedido al depósito, registro y envío para su publicación en el BOE del acuerdo que en el día de ayer suscribieron ANESCO, CETM, UGT, CCOO y CIG, por virtud del cual la empresa de estiba que decida abandonar la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios -SAGEP- tendrá que subrogarse en la posición del anterior empleador respecto de los trabajadores de la misma.

Ante la nueva ordenación del sector de la estiba, Gobierno, sindicatos y patronal han dado dos importantes pasos en aras a garantizar un nuevo marco en el que la aplicación de los principios del Derecho de la UE inspiradores de la libertad de competencia se lleve a efecto sin menoscabo de los derechos laborales básicos de los trabajadores y, sobre todo, sin merma del empleo en el sector.

• Se suman a las ya aprobadas en marzo, lo que representa una Oferta de Empleo Público para 2017 con más de 28.200 plazas, la mayor desde 2008
  
• La Oferta ordinaria aprobada hoy es de 16.000 plazas, mientras que la extraordinaria representa cerca de 4.300 plazas
  
• En la Oferta extraordinaria se incorporan efectivos para el control del gasto público, la lucha contra el fraude fiscal y laboral y de la Seguridad Social, en el Servicio Público de Empleo, en el colectivo de examinadores de tráfico y en las oficinas de expedición de DNI y pasaporte
  
• En la Agencia Tributaria se ofertarán 2.150 plazas para 2017 y 2018

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de oferta de empleo público de la Administración General del Estado para 2017, con cerca de 16.000 plazas (10.300 de nuevo ingreso y más de 5.600 de promoción interna), así como un Real Decreto Ley de Oferta Extraordinaria, que incorpora cerca de 4.300 plazas adicionales para luchar contra el fraude fiscal y laboral, y mejorar la prestación de determinados servicios públicos a los ciudadanos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, y el resto de sindicatos representativos han acordado con el Ministerio de Hacienda una Oferta de Empleo Público para 2017, que permitirá, por primera vez en décadas, crear empleo neto e incorporar personal por encima de las jubilaciones previstas para este año.

En total, cerca de 15.000 personas podrán acceder a un puesto fijo, reforzando además los servicios que reciben los ciudadanos en diferentes ámbitos de la administración y la lucha contra el fraude.

En concreto, se contempla una oferta de empleo ordinaria de 10.606 plazas (2.600 para afrontar el empleo interino en la Justicia y unas 8.000 para cubrir las bajas por jubilación) y una extraordinaria de 4.246 plazas para reforzar la Agencia Tributaria (2.150), la Seguridad Social (1.000), los servicios de empleo (400), las oficinas del DNI (150) o la DGT (70).

En el encuentro, al que han asistido el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, el representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, el portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Ignacio González, y la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, se han evaluado las medidas adoptadas en materia de Justicia digital y la implantación de las nuevas tecnologías en los tribunales de Justicia, entre las que destaca el desarrollo del sistema de gestión procesal común y del expediente judicial electrónico.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de junio de 2017.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos Provinciales

Puedes consultar los convenios colectivos publicadas desde diciembre de 2013 en este link

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral

• Regula el cheque formación para desempleados para que las Comunidades Autónomas puedan ponerlo en marcha.
  
• Impulsa una formación profesional para el empleo que mejore la empleabilidad de los desempleados y las capacidades de los trabajadores, y responda a las necesidades del sistema productivo
  
• Permite mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados al Sistema de Formación

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la Ley del 9 de septiembre de 2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.