Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 31 de agosto de 2017.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado una Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias, actualizada a julio de 2017, cuyo objetivo es informar , a las personas que tienen responsabilidades familiares, sobre los beneficios que tienen a su disposición de la Administración General del Estado.
El Consejo de Ministros ha aprobado los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas -todas, excepto País Vasco y Navarra-, y el INGESA para el control de la incapacidad temporal en el período 2017-2020. Asimismo, se fijan los créditos destinados a financiar dichos acuerdos.
Los dieciséis convenios a los que el Ejecutivo ha dado hoy luz verde persiguen mejorar la colaboración y coordinación entre los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social para el control eficaz de esta prestación sin generar molestias innecesarias a los trabajadores.
Las reformas de los últimos años han introducido importantes variaciones en la prestación de jubilación que se están aplicando de forma progresiva. Vemos en qué punto estamos y cuáles son los requisitos generales que se exigen a un trabajador del régimen general para acceder a la prestación de jubilación.
Hagamos un repaso por la prestación por jubilación y en qué punto estamos en la aplicación de las reformas de los últimos años.
En general, la edad para poder acceder a la pensión de jubilación depende del propio interesado y de las cotizaciones que haya acumulado a lo largo de su vida laboral. En todo caso, cuando se termine de implementar la reforma, tendrá que haber cumplido los 67 años, en general, o bien tener los 65 y acreditar 38 años y medio cotizados.
En concreto, en 2017 la edad de jubilación exigida es 65 años si se han cotizado 36 años y tres meses o más, y 65 años y 5 meses si la cotización ha sido de menos de 36 años y tres meses (ver tabla).
La Comisión de Igualdad ha aprobado, con 29 votos a favor y 7 abstenciones, el informe elaborado por la subcomisión del Pacto de Estado en materia de violencia de género, cuya creación fue aprobada en noviembre de 2016 y que ha mantenido 43 sesiones, en las que los diputados han escuchado las propuestas, testimonios y experiencia 66 y expertas en violencia contra las mujeres.
El informe elaborado por la subcomisión resume las aportaciones de los comparecientes y recoge las medidas y recomendaciones acordadas por los grupos parlamentarios, de acuerdo con los siguientes ejes de actuación: sensibilización y prevención; mejora de la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, asistencia y protección de las menores; impulso de la formación de los distintos agentes; el seguimiento estadístico; las recomendaciones a las administraciones públicas y otras instituciones; la visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres; el compromiso económico y el seguimiento del pacto.
Parecen conceptos similares, pero apenas tienen nada en común y van asociadas a prestaciones de la Seguridad Social diferentes. El embarazo de riesgo se refiere a una situación clínica del propio embarazo y el riesgo durante el embarazo tiene que ver con una situación en la que existe un riesgo específico asociado al puesto de trabajo. Eso sí, en ambos casos, se ve afectada su situación laboral.
El embarazo de riesgo es una situación clínica del propio embarazo. En ella la mujer presenta algún problema médico que supone un riesgo para la madre y/o para el feto, pero que no está relacionado con el trabajo que pudiera estar desempeñando la mujer.
El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado una actualización de su guía de contratos a junio de 2017.
La guía se puede descargar en este link.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía. El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Junta y al Parlamento de Andalucía, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. El Pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de la norma impugnada, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del art. 161.2 de la Constitución. Dicho precepto establece lo siguiente: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”. La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.
