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La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han firmado un segundo convenio con el fin de identificar y eliminar los obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora.

Los datos se han presentado  en Córdoba donde ha tenido lugar la primera de las Jornadas que en virtud de este convenio deben servir para continuar con un trabajo realizado y que sólo con las propuestas que presentó ATA, gracias a estos encuentros en el año pasado, van a suponer un ahorro de 900 millones de euros para autónomos y empresas.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales publica mensualmente una revista denominada “60 y más” con la que informa de las actividades del Gobierno que afecten a las personas mayores,  reportajes, opinión, actualidad y  cultura.

Aquí puede acceder al número 332 correspondiente al mes de junio

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO)

Nos acercamos a éste y otros conceptos para conocer cómo funciona el sistema de pensiones en España y cómo está condicionado por factores demográficos. El envejecimiento de la población está detrás de los ajustes encaminados a su sostenibilidad.

El sistema público de pensiones en España es un sistema contributivo, obligatorio y de reparto. Esto significa que la principal fuente de financiación del sistema son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social que pagan anualmente las empresas y los trabajadores en activo.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor. ​

​La normativa que modifica el sistema vigente ha sido consecuencia de un largo y exhaustivo trabajo de diálogo y consenso con las organizaciones sociales dedicadas a dicho ámbito y con los grupos parlamentarios, así como con las Comunidades Autónomas y con expertos universitarios. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, así lo ha reconocido en el pleno de la Cámara Baja.​

La presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol, ha asegurado que, de manera inminente, el Gobierno devolverá la tarjeta sanitaria a las 20.000 personas inmigrantes que la perdieron a raíz de la normativa estatal de 2012. Así lo ha anunciado durante la visita de esta mañana al Centro de Salud de sa Pobla, dónde ha ido acompañada por la consejera de Salud, Patricia Gómez.

“Estamos trabajando intensamente para devolver el derecho de asistencia sanitaria que el Gobierno español retiró de manera absolutamente cruel e ineficiente a unas 20.000 personas de la comunidad autónoma”, ha subrayado la presidenta Armengol.

El BOE de hoy publica la Resolución de 30 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas de aptitud para el acceso a la profesión de Gestor Administrativo. Dichas pruebas se celebrarán en Madrid, aunque aquellas personas que acrediten su residencia en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y Canarias podrán realizarla en esas Comunidades. Las personas que deseen presentarse deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de los demás signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o de un país que conceda reciprocidad de títulos y derechos.

La Ley de Reutilización de la Información del Sector Público contiene en la Disposición Final Tercera una reforma de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que establece que los saldos de las cuentas consideradas legalmente como abandonadas se dediquen a la financiación de programas de formación dirigidos a personas con discapacidad.

Hasta ahora los saldos de estas cuentas abandonadas -aquellas en las que sus titulares no hayan realizado ninguna gestión durante un plazo de 20 años- se ingresaban en el Tesoro Público, constituyendo un ingreso más de la Administración General del Estado sin finalidad concreta. 

La Comisión de Economía y Competitividad del Senado ha aprobado este martes ampliar la edad máxima de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil de los 25 a los 29 años, con carácter extraordinario y hasta que la tasa de paro entre ambas edades se sitúe por debajo del 20%.

Esta medida surge del acuerdo unánime que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y los consejeros de Empleo de todas las Comunidades autónomas alcanzaron en la LX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el pasado 13 de abril.