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La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía ha elaborado un Protocolo de actuación en las denominadas expulsiones exprés  que recoge una serie de actuaciones mínimas que el abogado de Turno de Oficio de Extranjería debe llevar a cabo cuando asista a una persona extranjera para su repatriación.

La Subcomisión ha elaborado este protocolo ante la constatación del incremento de las llamadas expusiones expréss que ejecuta la policía durante las 72 horas que una persona puede estar detenida y que “en muchos casos puede suponer una minoración de las garantías legales” y conculcar derechos fundamentales del afectado, entre ellos el derecho de defensa, a la intimidad o a la familia.

El incremento de este tipo de expulsiones- realizadas a veces mediante engaños- ha sido denunciada recientemente por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en su informe CIE y expulsiones exprés.

Según los datos publicados por la Administración de la Seguridad Social, 1.925.635 son los autónomos que disfrutaban a 1 de mayo de pensión. Tan sólo 47 más que en abril. Los jubilados autónomos no llegan al 21% del total de jubilados (20’57), mientras que en abril de 2008 representaban el 22%. “Este dato significa que se puede estar produciendo una cierta ralentización en la jubilación de autónomos que retrasan voluntariamente este paso, en gran parte por la situación de crisis y necesidad de mantener la actividad económica ante la escasez de las pensiones medias del colectivo”, explica el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna.

La respuesta es sencilla. Si es usted trabajador por cuenta propia, cotizar a la Seguridad Social le permite acceder a las prestaciones del sistema: desde la jubilación, hasta las prestaciones por enfermedad común o profesional; pasando, por supuesto, por las prestaciones de maternidad o paternidad. También es la premisa necesaria para tener derecho al cese de actividad de los autónomos.

Si es usted trabajador por cuenta propia, darse de alta como autónomo es el requisito imprescindible para acceder a las prestaciones que cubre el sistema de Seguridad Social: incapacidad temporal, permanente, maternidad, paternidad, viudedad, cese de actividad y, por supuesto, jubilación.

El 19 de mayo de 2015, el Consejo aumentó los pagos anticipados a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ) en casi 1000 millones de euros para 2015. En lugar de unos 67 millones de euros, los Estados miembros recibirán cerca de 1000 millones de euros como pagos anticipados este año. El Reglamento adoptado suprime el principal obstáculo en la aplicación de la IEJ al aliviar la carga financiera correspondiente en los presupuestos de los Estados miembros y permitirles desplegar sin tardanza medidas contra el desempleo juvenil. La adopción del Reglamento es consecutiva al acuerdo alcanzado en el Consejo el 21 de abril y a su aprobación por el Parlamento Europeo el 29 de abril.  

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado que "no hay mayor desigualdad que no tener las mismas oportunidades de trabajar", y por ello, es el empleo "la llave" para la integración, el progreso y la seguridad en el futuro. "La integración no está reñida con la productividad, y las personas con discapacidad poseen muchas capacidades complementarias y enriquecedoras para todos", ha añadido.

Así se ha expresado Camarero durante la intervención de clausura del acto de entrega de los premios de la Fundación Randstad​, que este año cumplen su X edición. La empresa Calidad Pascual​, la entidad Down Galicia​, Efe Radio​ (el área radiofónica de la agencia de información) y Juan José Bilbao han sido los galardonados en 2015.

La secretaria de Estado ha aprovechado la ocasión para valorar la importancia de que administraciones, empresas, organizaciones sociales y medios de comunicación busquen, conjuntamente, la integración laboral de las personas con discapacidad en concreto, y de ciudadanos en riesgo de exclusión en general. La unión de políticas públicas, responsabilidad social corporativa y tejido asociativo puede construir una herramienta eficaz contra la discriminación laboral de diferentes colectivos y grupos de población.

Este saldo positivo de 3.783,36 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 41.899,28 millones de euros, que aumentan el 0,77%, y unas obligaciones reconocidas de 38.115,92 millones de euros, que crecen el 2,15% en relación al mismo periodo del año anterior.

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 8.217,8 millones de euros el pasado 1 de mayo. El crecimiento interanual del gasto fue del 3%.

La pensión media de jubilación alcanzó los 1.019,7 euros, un 2,1% más  respecto del mismo periodo del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 885,66 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 1,8%.

El CGPJ publica el informe “La Justicia dato a dato” correspondiente a 2014. El número de asuntos ingresados aumentó un 0,2 %, al pasar de 8.636.016 a 8.653.160, y la tasa de litigiosidad sube un 1 %. La duración media de los procedimientos se redujo tanto en primera y segunda instancia como en el Tribunal Supremo. La cifra de quejas y reclamaciones presentadas por los usuarios de la Administración de Justicia bajó un 16 %.

El número de asuntos en trámite en los Juzgados y Tribunales españoles a final de 2014 se redujo en un 4,5 % respecto al año anterior, al pasar de 2.680.933 a 2.562.153, según el informe “La Justicia dato a dato” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

La reducción del número de asuntos pendientes se produjo pese al ligero incremento, del 0,2 %, en la cifra de nuevos asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales, que pasaron de 8.636.016 en 2013 a 8.653.160 el año pasado.

Algo más de siete de cada diez nuevos asuntos –el 71,3%- correspondieron al orden penal, el 21,3 % al civil, el 4,9 % al social y el 2,4 % al contencioso-administrativo.