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Con esta norma, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su contenido fue pactado con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el acuerdo social tripartito firmado el 1 de julio de 2021.

La nueva norma fija un marco estable de revalorización de las pensiones. De acuerdo con él, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En 2022, la subida será del 2,5% para las pensiones contributivas. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada. Con este nuevo mecanismo se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y se corrige definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación estaba suspendida desde 2018.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, una norma que sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo. Este proyecto normativo tiene como objetivo la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables, en definitiva, que refuercen el tejido productivo.

El nuevo texto incorpora las aportaciones recogidas en la fase de audiencia e información pública y cuenta con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y el dictamen del Consejo de Estado.

Este proyecto de Ley constituye una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico.

• Supondrá una inversión de más de 21,1 millones de euros
  
• Desde diciembre de 2010 a diciembre de 2020 se han perdido 2.089 efectivos estructurales en el Servicio Público de Empleo Estatal
  
• Este incremento se suma a los 250 efectivos que ya se están incorporando, otros cien a cargo del MRR y es independiente también de la convocatoria de 2022 que aportará más personal al organismo. En total, 1.276 personas se suman a la plantilla
  
• El incremento de plantilla permitirá dar respuestas estructurales para que el SEPE pueda ejercer sus funciones como pilar básico del estado del bienestar

Ya se vislumbra un nuevo año con sus apasionantes retos para los profesionales de los recursos humanos. Unos retos que afrontarán con la fortaleza necesaria, para guiar durante este 2022 a las personas que integran las organizaciones.

El director de recursos humanos o Chief Human Resources Officer (CHRO) será una pieza clave para garantizar el éxito de las empresas en un contexto de un entorno muy turbulento, que está afectando a la salud mental de muchos trabajadores y cambiando paradigmas sobre el vínculo entre la empresa y el trabajador.

Los directivos de Recursos Humanos ocupan un lugar destacado dentro del organigrama de las empresas, ya que son los responsables de captar y retener el talento dentro de las organizaciones. En la terminología anglosajona estos directivos se englobarían en el C-Level.

Dentro del C-Level se encuentran los directivos con el máximo nivel de responsabilidad de las diferentes áreas funcionales de una organización, así como el CEO o director general, motivo por el cual, muchos de estos directivos suelen formar parte de los consejos de administración.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas.

El Acuerdo da cumplimiento a la exigencia del Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue ratificado por España el 12 de diciembre de 2017 y entró en vigor el 20 de septiembre de 2018 y que exige a los estados que lo suscriban desarrollar un plan de acción nacional para lograr la erradicación del trabajo forzoso. Una exigencia a la que España no había

El Plan de Acción está centrado, ante todo, en la protección de las víctimas por lo que resulta esencial la tipificación del delito de trabajo forzoso y en la adopción de medidas dirigidas a conocer mejor su perfil, con el fin de protegerlas y de mejorar las políticas de prevención y de detección.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups, con la que España se posiciona a la vanguardia de Europa en apoyo al ecosistema de empresas innovadoras de base tecnológica, atracción de inversión y talento.

Con este Proyecto de Ley el Gobierno adapta el marco aplicable a las especificidades de las startups, en el ámbito administrativo, fiscal, civil y mercantil, con el fin de apoyarlas a lo largo de su ciclo de vida, en particular, en sus primeras etapas. Para ello, impulsa la creación y crecimiento de las empresas emergentes innovadoras de base digital y alto crecimiento y refuerza las medidas para atraer talento e inversores internacionales, respondiendo a la singularidad de este tipo de empresas y a las principales demandas del sector.

La Ley de Startups es uno de los hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Proyecto de Ley permite a España alinearse con los países más atractivos del entorno europeo para la atracción de inversión, emprendimiento y talento. Asimismo, responde a los estándares recientemente suscritos de la declaración EU Startups Nations Standard: conjunto de prácticas diseñadas para fomentar el espíritu empresarial en la Unión Europea y fomentar la creación de nuevas empresas innovadoras generando las condiciones para favorecer su escalabilidad.

Pese a su consideración por el Derecho como un colectivo prioritario en las políticas de empleo, desde hace décadas, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 44 puntos inferior que la de las personas sin discapacidad, la tasa de paro es casi 10 puntos mayor y la del empleo casi 3 veces menor que la aquellas. De nuevo, la cruda realidad se da de bruces con la solemnidad de las normas en la cumbre. Tanto la Constitución española como la Carta Social Europea revisada (recién ratificada por España, junto con su protocolo de reclamaciones colectivas) proclaman lo contrario, que deben ser iguales en derechos y oportunidades en todas las esferas de la vida, también en el trabajo. Sin escapar de este exceso de simbolismo en este ámbito, el Día internacional de las personas con discapacidad es un buen momento para reflexionar sobre esta injusta fractura social.