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El empleo agrario recibirá este año 216.104.251,54 euros, según el acuerdo llevado a cabo en la Comisión de seguimiento de AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios), para desarrollar el Programa de Fomento de Empleo Agrario.

En la reunión mantenida entre las organizaciones ASAJA, COAG, CCOO Y UGT y la directora General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se acordó por consenso el presupuesto para este año que queda distribuido como sigue entre las Comunidades Autónomas: 

• Ofrecerá datos sobre la actividad asistencial, las patologías atendidas, su complejidad y los costes que suponen.
• También mejorará los análisis sobre calidad y seguridad de los pacientes, generará las estadísticas del sector hospitalario y será la fuente de datos más importante para la investigación epidemiológica y de servicios sanitarios especializados.
• Las Comunidades Autónomas podrán conocer las cifras de pacientes que se desplazan entre territorios.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula el nuevo Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada. Este nuevo instrumento se establece, de este modo, como sistema de información oficial sobre el funcionamiento de la atención especializada en toda España, en hospitales y centros ambulatorios de atención especializada, públicos y privados.

El Gobierno de Aragón, a través del INAEM, ha seleccionado las siete agencias de colocación encargadas de prestar los servicios para la integración de desempleados en el mercado laboral. Para ello destina 657.125 €, cuyo fin es que los demandantes de empleo inscritos en las oficinas del INAEM puedan acceder a un puesto de trabajo. Esta actuación estará vigente hasta el 29 de diciembre de 2015.

El director gerente del INAEM, Jorge Escario, ha explicado los pormenores del programa de colaboración y ha detallado como se financia esta actuación, siendo Aragón una de las primeras comunidades autónomas que pone en funcionamiento esta iniciativa.

El Gobierno de Extremadura publicará próximamente una línea de ayudas para fomentar la contratación de especialistas que puedan realizar un diagnóstico e integrar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las empresas.

Estas ayudas, según ha anunciado la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, Mª Ángeles Muñoz, en la inauguración del II Curso de Formación de Auditores en RSE, tendrán distintas modalidades en función de que la contratación sea realizada directamente por la empresa, o bien contratando el servicio a través de asesorías que cuenten con personal formado.

Muñoz, que ha explicado que la redacción de la convocatoria se está ultimando,  ha argumentado esta decisión del Gobex en la necesidad de “coadyudar a que nuestras empresas busquen la excelencia” asumiendo en sus planes de trabajo acciones que generen valor empresarial y competitivo, más allá del obligatorio cumplimiento estricto de las responsabilidades y obligaciones legales vigentes en aspectos salariales y contractuales.

La consejera ha invitado a demandar la incorporación de la RSE en el sector empresarial, en el tercer sector y en la propia ciudadanía; su impulso como motor necesario de futuro para la transformación económica y social y el desarrollo de la RSE  en  modelos de gestión y a las políticas que se desarrollan por parte de las administraciones públicas de Extremadura.

Este Programa, desarrollado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), aumenta sus plazas hasta 938.000 por temporada, susceptibles de ser ampliadas, lo que supone 41.334 más que en la temporada actual.

El presupuesto del Imserso para financiar este programa también aumenta un 5% (3,1 millones de euros). Se estima que el programa, en el que participan más de 300 establecimientos hoteleros de toda España, generará una riqueza superior a los 331 millones de euros por temporada (casi 14 millones de euros más que en temporadas anteriores) y 91.800 empleos, lo que supone 3.000 puestos de trabajo más que en la temporada actual.

El presidente regional, Ignacio González, ha presentado el nuevo paquete de ayudas para impulsar el empleo con el que se sufragarán los gastos de quienes quieran lanzar un negocio como autónomo y de aquellos autónomos que necesiten contratar empleados. La Comunidad publicará en el BOCAM la nueva convocatoria por la que se abonará a los autónomos hasta 5.000 euros por cada contrato a desempleados durante 2015.

Se concederán 2.500 euros por contratos temporales de, al menos, seis meses, y 4.000 si son indefinidos; cantidades que se incrementarán hasta 3.500 y 5.000 euros si el trabajador autónomo contrata mujeres, mayores de 45 años o parados de larga duración, con un incremento del 10% en contratos a víctimas de violencia de género. El límite de ayudas por solicitante es de tres contratos. Además, los autónomos que creen nuevos negocios en 2015 recibirán 2.500 euros para gastos de constitución de los mismos. En caso de que se trate de una mujer, desempleado mayor de 45 años o parado de larga duración, la subvención será de 2.800 euros.

El Gobierno de España celebra la decisión anunciada hoy por la Comisión Europea de ampliar la prefinanciación presupuestaria para la Iniciativa de Empleo Joven. Esta medida supone que España recibirá, con carácter inmediato, 283 millones de los 943 millones que le corresponden por esa línea y que se complementan con otros 943 millones procedentes del Fondo Social Europeo.

Desde que el Consejo Europeo aprobó la Iniciativa de Empleo Juvenil en febrero de 2013, España ha venido reivindicando la necesidad de contar con un nivel de prefinanciación superior al 1% inicialmente previsto. El presidente Rajoy insistió en ello en los Consejos Europeos de junio y diciembre de 2013, así como en las Cumbres de Empleo celebradas en Berlín (2013), París (2013) y Milán (2014). También trasladó esa demanda al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y a su antecesor, Jose Manuel Durao Barroso, así como a los líderes de Francia, Italia, Irlanda y Alemania, en las distintas entrevistas que ha mantenido con ellos durante estos años.

El Fondo Social de Viviendas (FSV) se ha prorrogado por un año más, hasta el 17 de enero de 2016, según han acordado los firmantes del acuerdo para su creación. El FSV se puso en marcha hace dos años con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras para dar asistencia a las familias vulnerables por la crisis mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). Hasta la fecha se han acogido 1.465 familias.  

El FSV se puso en marcha el 17 de enero de 2013 mediante acuerdo entre los Ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fomento, las principales entidades de crédito del país y sus asociaciones, la FEMP​​ y la plataforma del tercer sector. El convenio expiraba a los dos años de su firma, es decir, el 17 de enero pasado. El FSV es una de las medidas, junto al Código de Buenas Prácticas y la moratoria para desahucios, que el Gobierno ha puesto en marcha y de las que en conjunto se han beneficiado unas 30.000 familias.