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Mariano Rajoy ha iniciado su intervención en el debate sobre el estado de la nación recordando la cifra de 5.965.400 parados para "reafirmar el primer y más esencial objetivo que el Gobierno tiene para toda la legislatura: darle la vuelta a esta situación".

El presidente ha reconocido que en este año el Ejecutivo ha tomado decisiones importantes que han permitido que se perciban sensibles mejoras. De hecho, ha adelantado que "el déficit público del pasado año 2012 ha estado por debajo del 7% del PIB. Hemos conseguido reducir el llamado déficit estructural primario en tres puntos y medio del PIB, que es un ajuste sin precedentes en la historia de nuestra economía".

No obstante, para el presidente esto "no es suficiente". Según ha asegurado, "la realidad económica y social de nuestro país es terriblemente dura y, sobre esa base, hemos de cimentar nuestras actuaciones".

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se reunió el pasado 12 de febrero con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y le hizo entrega de un escrito en el que formulaba recomendaciones para modificar aspectos sustanciales de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como Ley de Tasas Judiciales.

La Defensora recomendó reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos. Asimismo, propuso la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Por último, recomendó devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.

Mensaje del Director General de la OIT

La recuperación económica mundial está en un equilibrio inestable. Para inclinar la balanza a favor del crecimiento y el desarrollo sostenibles es necesario hacer frente a la injusticia social. Las palabras que mejor transmiten mi mensaje son las que figuran en la Constitución de 1919 de la OIT: “La paz permanente sólo puede basarse en la justicia social”.

Hoy existe una sensación generalizada de profunda injusticia en la que se está pidiendo a los más débiles que hagan los mayores sacrificios. La justicia social tiene un carácter multidimensional; sin embargo, al igual que a finales del siglo XIX, el mundo del trabajo es hoy el núcleo del descontento y debe formar parte integrante de la solución, configurando un orden mundial diferente y más justo para el futuro.

El modelo de globalización impulsada por las finanzas que dio lugar al colapso financiero de 2008 ha dejado a su paso un desempleo masivo, subempleo y reducciones de los salarios y las prestaciones sociales en muchos países. Esto ha creado un panorama mundial desolador:

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, cuya firma fue autorizada por el Consejo de Ministros el 27 de mayo de 2011.

Con este Convenio se pretende garantizar el mantenimiento de los derechos de seguridad social de los trabajadores que se desplazan entre ambos países. Se trata de facilitar la libre circulación de los trabajadores, contribuyendo a afianzar los lazos de amistad mutuos entre los dos Estados.

El Convenio incluye en su ámbito material de aplicación las siguientes prestaciones de carácter contributivo: incapacidad permanente, jubilación y supervivencia, y prestaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

• Se clarifican por primera vez las competencias municipales por ley, eliminando duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
• Se establece un período transitorio de cinco años para el cambio de titularidad de las competencias de sanidad y educación, que serán exclusivas de las Comunidades Autónomas.
• Las mancomunidades y entidades locales menores que no presenten cuentas en el plazo de tres meses se disolverán.
• Se favorece la iniciativa económica al limitar el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica.
• El impacto de las medidas supondrá un ahorro neto total de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015.
• El sueldo de los miembros de las corporaciones locales se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado según la población del municipio y limitado al de Secretario de Estado.
• Se reduce el número de personal eventual y de cargos públicos con dedicación exclusiva en función de la población del municipio.

La Seguridad Social pone a su disposición sus líneas telefónicas a través de las cuales podrá recibir información y realizar diferentes trámites sin necesidad de desplazamientos y con el compromiso de: No dejarle sin respuesta, facilitar la información y datos solicitados en plazos mínimos y confidencialidad.

• Línea 901 16 65 65 de Pensiones y otras prestaciones (INSS)
• Línea 901 50 20 50 de Afiliación, Inscripción, Recaudación, Aplazamientos, RED (TGSS)

Para mantener la confidencialidad de sus datos todos los informes o documentos relativos a ellos enviarán únicamente a su nombre y al domicilio que conste en nuestros ficheros.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explicó en la Cámara Baja que la prórroga del plan PREPARA -un programa de seis meses de duración dirigido a recualificar y mejorar la empleabilidad de aquellas personas que han agotado su prestación por desempleo- ha sido una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno a la vista de que la crisis económica estaba teniendo efectos sociales muy intensos, que requerían un esfuerzo colectivo y una especial sensibilidad hacia las personas más vulnerables.

Consulte aquí el Real Decreto-Ley 1/2013

Báñez afirmó en su intervención que el Gobierno "quiere dar más certidumbre a miles de españoles que se encuentran en situación de mayor dificultad".

Contribuir a reducir el nivel de desempleo a través de actuaciones que se dirigen fundamentalmente a las personas jóvenes para facilitar su acceso y permanencia en el mercado de trabajo es la motivación principal de las 100 medidas que incluye la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

Un documento que se ha elaborado en línea con las recomendaciones que sobre esta materia ha formulado la Unión Europea, entre las que se encuentra la reciente "Garantía Juvenil", y que es el fruto de un proceso de diálogo y participación del que han formado parte representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la CEOE y CEPYME y de los sindicatos UGT y CCOO.

El resultado ha sido la propuesta de un total de 100 medidas que, en función de su desarrollo e impacto en el tiempo, se distribuyen en dos grupos.

Por un lado, se contemplan 15 medidas de choque cuyos resultados se esperan a corto plazo y con las que se pretende, por tanto, dar una respuesta con efectos inmediatos a la situación de las personas jóvenes en el mercado de trabajo.