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• La pensión media de jubilación se sitúa en 910,11 euros, lo que representa un incremento del 3,6 % interanual

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social, según la estadística hecha pública hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, superó el pasado 1 de marzo los 7.000 millones de euros (7.023.965), lo que supone un 5% más que en el mismo mes de 2010.

La pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad Social alcanzó este mes la cuantía de 910,11 euros, lo que supone un 3,6% de incremento con respecto al mismo mes del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 801,05 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,3 %.

En marzo, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.768.427 pensiones, lo que representa un crecimiento interanual del 1,6%. Más de la mitad de las pensiones son por jubilación, 5.220.256; 2.303.448 son por viudedad; 935.335 por incapacidad permanente; 271.727 por orfandad y 37.661 a favor de familiares.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha anunciado que pasado el dictamen del Consejo Económico y Social "esperamos aprobar el Proyecto de Ley de reforma de las pensiones en el Consejo de Ministros del viernes" y ha añadido que en el texto "ya se contempla la creación de la Agencia Única de la Seguridad Social".

El titular del Departamento ha realizado estas declaraciones durante el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. José Luis de Ossorno (Melilla, 1955) como nuevo secretario general técnico del Departamento y José Antonio Panizo (Segovia, 1950) como director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Valeriano Gómez ha manifestado que "en un par de semanas" podría aprobarse el Proyecto de Ley de reforma de la Inspección de Trabajo.

Las reformas en materia laboral

La reforma de la Ley Concursal también pretende mejorar la posición de los trabajadores en los concursos e incorporar las modificaciones de la reciente reforma laboral aprobada por la Ley de 17 de septiembre de 2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Se garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores afectados por la situación de una empresa en crisis, adaptando la Ley Concursal para que la declaración del concurso tenga en este sentido el menor impacto posible y reiterando el principio esencial de que las cuestiones laborales sometidas al proceso concursal deben tener en cuenta los principios inspiradores de la rama social del Derecho.

De este modo, se resuelven las dudas interpretativas suscitadas en orden a la participación de los representantes de los trabajadores, del FOGASA y las relativas a los procedimientos y recursos en materia laboral.

• Ver Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha afirmado, durante su asistencia a las jornadas "Reflexiones sobre los cambios de la normativa de prevención de riesgos laborales y las previsibles consecuencias", que el índice de incidencia de la siniestralidad laboral bajó un 8,9% en nuestro país en el último año, mientras que la población ocupada con sus riesgos profesionales cubiertos lo hizo en un 1,6%.

Rodríguez, que estuvo acompañada en la clausura de estas jornadas por la directora de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Concepción Pascual, ha asegurado que esta rebaja de los accidentes laborales se debe "a la conciencia de combate y de corresponsabilidad de todos: Gobierno, sindicatos, empresarios y sociedad en su conjunto", así como a las medidas puestas en marcha en este ámbito.

El descenso de los índices de siniestralidad laboral "no permiten hacer un discurso complaciente en este tema, porque mientras haya un trabajador que pierda su vida o la salud en el trabajo hay motivos de sobra para seguir luchando, porque como sociedad debemos aspirar a un horizonte de siniestralidad laboral cero", ha subrayado.

En el Boletín Oficial del Estado de ayer miércoles se publicó la Resolución de 23 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.

La Resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones para el programa de colaboración en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración del Estado, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, con el fin de procurar una experiencia profesional a dichos trabajadores que les sitúe en mejor posición para su inserción en el mercado de trabajo. Los órganos que establece la resolución, como posibles beneficiarios de dichas subvenciones son los siguientes:

• Órganos de la Administración General del Estado, en los términos recogidos en el artículo 13.h).2.º de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
• Órganos de la Administración General del Estado en Ceuta y Melilla.

Valeriano Gómez afirmó que el Gobierno tiene la convicción de que se llegará a un gran acuerdo sobre negociación colectiva

"El Grupo de Expertos que hoy se ha constituido tiene como misión responder a cuestiones derivadas del encargo que en la reforma laboral hacía el Gobierno para desarrollar un fondo de capitalización. Este fondo sería el último gran compromiso derivado de la reforma laboral que faltaría por cumplir". Con estas palabras el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, informaba sobre el objetivo que el grupo de expertos, integrado por seis representantes del Gobierno y de los interlocutores sociales, deben llevar a cabo.

Este grupo de trabajo viene recogido en el Acuerdo Social y Económico como desarrollo de la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha expresado su satisfacción por la aprobación de esta Ley, pionera en Europa

El Congreso de los Diputados aprobó ayer miércoles, por unanimidad, la Ley de Economía Social. Un compromiso adoptado por el Gobierno de España al inicio de la presente legislatura, reafirmado por el presidente del Gobierno el 18 de febrero de 2010, y que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha elaborado de acuerdo con los representantes de la economía social.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, que ha acompañado a los representantes de las organizaciones del sector durante la sesión, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de una Ley "que reconoce, valora y fomenta la Economía Social"

Rodríguez ha destacado que las empresas de Economía Social "cuentan con valores personales y sociales por encima de cualquier valor pero también tienen una eficiencia económica muy importante", como lo demuestra que el pasado año facturaron más de 116.000 millones de euros.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará en su sesión del próximo jueves, 17 de marzo, la Ley de Economía Social, tras el debate de las enmiendas incluidas en el texto durante su tramitación en el Senado.

Será en el marco de la sesión que dará comienzo el martes, 15 de marzo, a las 16.00 horas. El Pleno debatirá, en primer lugar, la toma en consideración de dos proposiciones de ley. Una de ellas fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y es relativa a la modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con objeto de regular el teletrabajo. La segunda es una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar.