Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de abril de 2021.
La Orden INT/420/2021, de 29 de abril (BO de 30 de abril), modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, sobre criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la UE y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para:
El Consejo de Ministros adoptó en su reunión del 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. A este acuerdo se le da publicidad en el BOE del 30 de abril a través de la Resolución de 29 de abril de 2021 de la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El plan deberá ser evaluado por parte de la Comisión Europea en un plazo máximo de dos meses.
El Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril (en adelante, RDL), publicado en el BOE del 28 de abril, incorpora al derecho español, entre otras, la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.
La Orden PCM/378/2021, de 22 de abril (BOE de 23 de abril), publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2021, por el que se prorroga el de 2 de febrero de 2021, que establece medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, limitando los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
A tal efecto, se mantienen las restricciones desde las 00:00 horas del día 27 de abril de 2021 (hora peninsular) –momento en que expira la Orden PCM 324/2021, de 7 de abril– hasta las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2021 (hora peninsular).
La Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril (BOE de 23 de abril), deroga el artículo del Código Penal que castiga con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses a quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionaran a otras personas a iniciar o continuar la huelga.
La derogación del precepto afectado, artículo 315.3 del Código Penal, enmarcado en el título relativo a los delitos contra los derechos de las personas trabajadoras, entra en vigor el 24 de abril.
