Legislación

La contratación pública como instrumento para implementar políticas sociales: la Ley 9/2017

Trabajador con discapacidad

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre), en vigor –salvo excepciones– el 9 de marzo de 2018, partiendo de la trasposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, diseña un sistema legal de contratación pública del que se da cuenta en http://www.civil-mercantil.com/, cuyas implicaciones fiscales se abordan en fiscal-impuestos.com, y que, por lo que aquí más interesa:

  • Incorpora en los contratos públicos, de manera transversal y preceptiva, criterios sociales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato. La inclusión en los contratos públicos de consideraciones de tipo social podrá hacerse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución, si bien su introducción está supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar. En particular, en el caso de las condiciones especiales de ejecución (art. 201), la ley impone la obligación al órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo social, relativas al empleo o mediambiental que se listan en el artículo 202.

Análisis de las medidas contenidas en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

Análisis de las medidas contenidas en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, publicada en el BOE del 25 de octubre y con entrada en vigor el 26 del mismo mes, con las excepciones que se indicarán, introduce medidas que repercuten destacadamente en el ámbito de la Seguridad Social, dirigiéndose, como apunta don José Antonio PANIZO ROBLES en el trabajo «en abierto» que se pone aquí a disposición del lector, a adecuar las obligaciones con la Seguridad Social a las circunstancias de la actividad, reduciendo las cargas administrativas existentes en este ámbito, incrementando los incentivos en la cotización y, por último, mejorando ciertos aspectos de la acción protectora.

Pero la Ley que se presenta afecta, aunque en menor medida, a otros ámbitos que incumben a los trabajadores autónomos como el de los derechos colectivos, la formación profesional para el empleo o el fiscal (del que se da debida cuenta en el comentario que también ofrecemos en abierto en la página web fiscal-impuestos).

Publicadas las normas para aplicar la moratoria de cuotas a la Seguridad Social por sequía

Sequia

La Orden ESS/1006/2017, de 19 de octubre, publicada y en vigor el 21 de octubre, contiene las normas para la aplicación de la moratoria de hasta un año sin interés en el pago de cuotas a la Seguridad Social previstas en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio, para empresas y trabajadores por cuenta propia (incluidos los socios trabajadores de las cooperativas encuadrados como trabajadores por cuenta propia en el correspondiente régimen de la Seguridad Social), titulares de explotaciones agrarias en toda España afectadas por la sequía.

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