Jurisprudencia

En efecto, así lo ha estimado la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ante la denuncia de la trabajadora afectada. En dicha carta se procedía a su despido y, seguidamente, se reconocía la improcedencia del mismo, incluyendo a su vez un ofrecimiento de indemnización equivalente a cuarenta y cinco días de salario por año de servicio y cuya cuantía ascendía a poco más de  2400 €.

A pesar de que en un primer momento pudiéramos pensar que se trata de un error intrascendente, lo cierto es que, según fundamenta la AGPD en su resolución sancionadora, se trata de una transgresión del deber de secreto contemplado en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LO 15/1999), el cual “tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están en contacto con los datos almacenados en ficheros, se realicen filtraciones de los datos no consentidos por los titulares de los mismos”.

La excusa de proceder a la compensación correspondiente en el momento de la liquidación, caso de extinción de la relación laboral, ya no es válida.

Se analiza un supuesto de sucesión de contratas de limpieza en el que la empresa entrante, en virtud de su potestad discrecional, cambia la forma de devengo de las pagas de navidad y verano de 1/6 a 1/12.

Señala el Supremo que el cambio de la forma de pago y devengo de dichas pagas supone para los trabajadores un perjuicio actual en la medida en que perciben menor cuantía, sin que resulte razonable la alegación de la empresa de que a la larga no sufren menoscabo alguno al ser compensados en el momento de la liquidación de la relación laboral, incluso con la percepción de una mayor cuantía.

En un marco temporal de apenas un mes se han dictado por el Tribunal Supremo tres sentencias relativas al finiquito que muestran, a las claras, la discrepancia existente en su seno en torno al alcance que debe otorgarse a dichos documentos, poniendo de manifiesto la necesidad de que, de una vez por todas, las tesis contrapuestas “se unifiquen”, a través de una deseable sentencia en Sala General, en beneficio de una seguridad jurídica cuyo mandato, de momento, no se cumple.

Las sentencias en cuestión son:

1. STS de 19 de octubre de 2010 (rec. núm. 270/2010). Ponente: Segoviano Astaburuaga
2. STS de 11 de noviembre de 2010 (rec. núm. 1163/2010). Ponente: Segoviano Astaburuaga
3. STS de 16 de noviembre de 2010 (rec. núm. 3602/2009). Ponente: Martínez Garrido

Así lo indica el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid, en Sentencia de 24 de enero de 2011, al no cumplirse en dichas jornadas los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Transportes

El origen del conflicto estaba en la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid de detraer de las percepciones salariales establecidas en el convenio con vigencia para los años 2009-2012 la cantidad del 5 por 100, según proyecto de real decreto enviado a la Asamblea de Madrid.

Como consecuencia de los paros registrados en esas fechas, miles de ciudadanos se vieron impedidos o dificultados para efectuar sus desplazamientos en la Comunidad, estimándose en más de 5 millones de euros las pérdidas por ingresos directos.

Se analiza el caso de un trabajador que tras solicitar la extinción del contrato por falta de abono de tres mensualidades más una paga extra, así como por retrasos en el pago de salarios durante más de un año, ve cómo la empresa, con posterioridad a la fecha de la presentación de la papeleta de conciliación, ha abonado las retribuciones pendientes.

Señala el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León/Valladolid, en sentencia de 6 de octubre de 2010, que para que prospere la causa resolutoria a instancia del empleado basada en la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado, la concurrencia del requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial ha de valorarse en el acto del juicio, ya que es en este momento cuando se concretan las alegaciones de Derecho, los hechos y la prueba practicada y no en fases previas de demanda o en una inexistente audiencia previa.

Las plusvalías o ganancias patrimoniales derivadas de la venta solo se imputan, a efectos de carencia de rentas, al mes en que se producen, de tal forma que suponen únicamente la suspensión del derecho al cobro de la prestación respecto de ese periodo (STS de 28 de octubre de 2010, rec. núm. 706/2010).

Los hechos son los siguientes: en agosto de 2008 el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) notificó a la beneficiaria del subsidio la extinción de dicha prestación, declarando el cobro indebido correspondiente al periodo de 1 de enero de 2007 a 30 de mayo de 2008. Dicha circunstancia trae causa de la declaración del IRPF, donde la actora se imputó una ganancia patrimonial de 7.500 euros, fruto de la venta de un activo financiero en diciembre de 2006, el cual fue reinvertido nuevamente en el mismo mes.

El debate sobre cuál debe ser el salario regulador de las consecuencias de la declaración de improcedencia o nulidad de una destitución es un tema de controversia adecuado al proceso de despido, ya que si el trabajador que ha sido cesado no pudiera reivindicar la aplicación en el mismo del salario que estima le corresponde, podría ver calculadas las indemnizaciones en una cantidad inferior, y cuando tratara de reclamar el cómputo de ese salario en otro proceso, pidiendo las diferencias en la indemnización y los salarios de tramitación, se encontraría con que la sentencia por despido ha producido el efecto negativo de cosa juzgada.

Con apoyo en tal doctrina se trata de determinar si un convenio colectivo que entre en vigor con efectos retroactivos anteriores a la fecha del despido debe ser tenido en cuenta por el juzgador, al tenerse conocimiento del mismo antes de la sentencia.

Grupo profesional único previsto en el convenio de empresa: una estrategia de consuno para la reestructuración empresarial mediante la jubilación parcial

Procede la presente sentencia a ofrecernos una guía interpretativa de las normas relativas a la jubilación parcial, entrando a analizar no solamente los preceptos con base en los cuales ha de dictar sentencia, sino también aquellos otros que entiende necesitan ser aclarados de cara a su correcta aplicación.

De gran valor interpretativo son también los tres votos particulares que la acompañan, pues no dejan de ser interpretaciones cualificadas que eventualmente podrán ser tenidas en cuenta en futuros procesos como verdaderas ratio decidendi.

El presente litigio es deliberado formalmente por la Sala en Pleno con la finalidad de fijar un criterio único de futuro para asuntos similares.