Jurisprudencia

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el comité de empresa de Barcelona y por los delegados de personal de Girona, Tarragona, Lleida y Madrid de Catalunya Radio Servei de Radiodifusió de la Generalitat S.A. contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 28 de junio de 2013 , que rechazó la demanda de conflicto colectivo presentada contra la empresa por mantener desde el 1 de enero de 2013 la reducción salarial que se aplicó a todos los trabajadores bajo la denominación R.A.V. (Reducción Acuerdo de Viabilidad)

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2015 (RCUD 49/2014) cuyo comentario, de la mano de D. José Antonio PANIZO ROBLES, se reproduce a continuación, viene a reiterar los criterios del Alto Tribunal en sentencias precedentes en el sentido de que los pensionistas de jubilación anticipada que en la fecha de inicio del expediente de reconocimiento de la situación de incapacidad permanente no han cumplido la edad ordinaria de jubilación, tienen derecho a que se les reconozca pensión de incapacidad permanente si reúnen los requisitos exigidos.

La Sala de lo Social del TSJ del País Vasco ha confirmado la condena al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y le obliga a abonar la prestación que suspendió a un demandante de empleo por no renovar su tarjeta

El demandante venía percibiendo prestación por desempleo, sin renovar en un determinado momento su tarjeta de demandante de empleo, y acudiendo a ello tardíamente con presentación de justificante médico, tras lo cual el SEPE inició expediente sancionador que finalizó con la sanción de suspensión de la prestación por un mes.

TJUE. Aplicación e interpretación de los Tratados y del Derecho comunitario. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Período de prueba de un año.
TJUE. Transmisión de empresa. Procedimiento concursal. Cedente que es objeto de un procedimiento de insolvencia. Garantía de que el cesionario no asumirá las deudas de Seguridad Social de la empresa cedida.
TC. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos artículos de la Ley 3/2012.
TS. FOGASA. Responsabilidad directa en empresas de menos de 25 trabajadores.
TS. Despido objetivo. Finiquito. Entrega de carta de despido y puesta a la firma de documento preelaborado por la empresa de forma simultánea, donde se recoge el compromiso del trabajador de no efectuar reclamación por ningún concepto.
TS. Despido colectivo. Nulidad por ausencia en el procedimiento del verdadero empresario.
TS. Jubilación anticipada parcial. Consejeros y administradores de sociedades mercantiles capitalistas. Requisito de seis años de antigüedad.
TS. Incapacidad temporal. Alta médica emitida por el INSS una vez agotada la duración máxima de 12 meses de percepción del subsidio.
TS. Incapacidad temporal. Determinación de la contingencia. Trabajador que durante la prestación de servicios (particularmente estresante) comienza a sentirse mal, circunstancia que comenta a sus compañeros, pese a lo cual continúa con el trabajo, sufriendo una hemorragia cerebral una vez concluido su horario, fuera de la empresa.
TS. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Atraco a gasolinera.
TS. Recurso de suplicación. Obligatoriedad de consignar el importe total de la condena por empresa en concurso de acreedores, a efectos de la admisibilidad del recurso, frente a resolución condenatoria (auto dictado en ejecución, en incidente de no readmisión de procedimiento por despido) de aquella suma. Procedencia.
AN. Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A. Decisión empresarial ordenando que las comunicaciones ATC entre los pilotos y los controladores de tránsito aéreo se realicen por aquellos, en todo caso, en inglés.
AN. ADIF. Concursos de traslado y demás procedimientos de movilidad voluntaria. Trabajadores indefinidos no fijos y personal fijo de pleno derecho.

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha publicado la sentencia en el asunto Pruteanu vs. Rumanía (en francés) por el que considera que las grabaciones de conversaciones, aún con autorización judicial, entre abogado y cliente vulneran el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

El demandante es un abogado de nacionalidad rumana, que alega interceptación de las comunicaciones en su teléfono y su falta de capacidad para luchar contra lo injusto de la medida y pedir que las grabaciones fueran destruidas. Tras numerosos requerimientos en todas las instancias, y agotando la vía nacional, el demandante decidió acudir al TEDH alegando la violación del artículo 8 CEDH (derecho a la vida privada y familiar) por el que considera que las grabaciones de conversaciones, aún con autorización judicial, entre abogado y cliente vulneran el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

La Sala de lo Social del TSJ de Aragón ha anulado por falta de legitimización pasiva  el despido colectivo que afectaba a 183 de los 264 trabajadores del Real Zaragoza, declarando su derecho a sus puestos de trabajo.

En septiembre de 2014, el club de fútbol comunicó a los representantes de los trabajadores la intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo conjunto que afectaría potencialmente, en un principio, a 210 de los 264 empleados del Real Zaragoza y a 13 de los 28 de su Fundación.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha denegado el recurso de un hombre contra la empresa que le despidió por celebrar la Eurocopa estando de baja por depresión.

El demandante trabajaba como conductor para una empresa de transportes desde 2007, pero en junio de 2012 inició una situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común con diagnóstico de "crisis de ansiedad". La sentencia recoge como hechos probados la declaración de un detective privado según la cual, se desplazó en julio de 2012 conduciendo su vehículo con su hijo al puerto de Cartagena, donde permaneció con unos amigos en la Feria Gastronómica, bebiendo bebidas alcohólicas y "conversando y riendo continuamente".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2014 (rcud. 2599/2013), comentada en las líneas siguientes por D. José Antonio PANIZO ROBLES, establece la competencia de la jurisdicción social para controlar la regularidad de la actuación de la Administración de la Seguridad Social cuando, fuera de los procedimientos de apremio administrativo –recaudación–, realiza retenciones sobre pensiones reconocidas que, por vulnerar las reglas de inembargabilidad absoluta o relativa de las pensiones, pueden suponer que el beneficiario perciba una cantidad inferior al mínimo establecido como garantía de subsistencia. Esta competencia, sin embargo, no se extiende a valorar las órdenes de embargo de los Organismos ejecutores.