Jurisprudencia

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aprecia fraude de ley, falta de causa legal e incumplimiento de los requisitos procedimentales en el expediente de regulación de empleo de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

El despido colectivo que afectó a toda la plantilla -16 trabajadores- se inició por extinción de la personalidad jurídica de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, según la sentencia, cuando dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido. En este caso, señala también que no se entregó ningún documento contable sobre la situación económica y financiera de la Agencia, sólo una Memoria Explicativa, y que las causas concretas que justifican el despido colectivo no pueden ser sustituidas por la mera invocación a la mala situación de la economía en general, a la reducción del gasto en el sector público y al ahorro que supone la extinción.

• TJUE. Derecho de residencia permanente.
• TC. Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de reforma del mercado laboral. Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Período de prueba de un año.
• TS. Reclamación de cantidad. Trabajadores a tiempo parcial. Realización de horas extraordinarias.
• TS. Administraciones públicas. Despido colectivo de interinos por vacante.
• TS. Alto cargos. Desistimiento del empresario. Derecho a indemnización de siete días de salario por año de servicio pese al pacto en contrario establecido en el contrato.
• TS. Despido tácito. Inexistencia. Trabajadora en excedencia voluntaria con derecho a reserva de puesto de trabajo por un año en virtud de convenio colectivo que solicita, hallándose en dicha situación, su inclusión en un ERE, que no es atendida por la empresa, existiendo en esta todavía, aunque por un tiempo y residualmente, un trabajo de la categoría de aquella.
• TS. Despido colectivo. Impugnación por parte de un sindicato al designar la empresa de manera genérica a toda la plantilla como potencialmente afectada.
• TS. Despido colectivo. Vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.
• TS. Prestación por riesgo durante el embarazo. Naturaleza jurídica a efectos de la responsabilidad subsidiaria del pago de la prestación.
• TS. RETA. Prestación por maternidad.
• AN. Despido colectivo. Nulidad por insuficiencia de información en el periodo de consultas.
• TSJ. Accidente de trabajo. Trabajadores autónomos.
• TSJ. Días de asuntos propios. Reconocimiento por la empresa en número inferior a los trabajadores fijos discontinuos.
• TSJ. Pensión de viudedad. Parejas de hecho. Acreditación de los ingresos habidos durante el año natural anterior al fallecimiento.
• TSJ. Funcionarios interinos. Desempleo parcial.
• TSJ. Proceso laboral. Abstención y recusación. Falta de imparcialidad en el juzgador. JS. Sucesión de empresa. Externalización. Modificación sustancial de condiciones de trabajo operada en virtud de acuerdo triangular (cedente-cesionario-representantes de los trabajadores) alcanzado con carácter previo a la subrogación, el cual incluía además de recortes en las condiciones laborales (salariales, de jornada y previsión social), la sustitución del Convenio Colectivo aplicable.

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La excedencia voluntaria se configura como un derecho del trabajador a suspender el contrato de trabajo, sin causa justificada, durante un periodo comprendido entre los 4 meses y los 5 años. El único requisito que debe cumplir es tener una antigüedad de al menos 1 año en la empresa o, en el supuesto de solicitar una nueva excedencia, que hayan transcurrido más de 4 años desde la anterior.

Para el Tribunal Supremo (TS), en su sentencia de 1 de julio, la cuantía de la pensión de orfandad no debe incrementarse con el porcentaje corresponde a la pensión por viudedad (orfandad absoluta) en aquellos casos, como el enjuiciado, en que en la fecha del hecho causante de la pensión los progenitores estaban divorciados, sin que se hubiese establecido pensión compensatoria, y sin que, por otro lado, conste que la madre superviviente hubiese solicitado la pensión de viudedad.

1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia de 17 de julio de 2014 (asunto C-173/13) ha declarado que el artículo 141 del TCE (actualmente art. 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea – TFUE-), relativo al principio de igualdad de retribución entre trabajadoras y trabajadores ha de interpretarse de forma que solo puede excepcionarse su aplicación si la norma o medida está justificada por factores ajenos a toda discriminación por razón de sexo, con un objetivo de política social, y siempre que las mismas sean adecuadas para garantizar el objetivo perseguido y se aplique de forma coherente y proporcionada.

Bajo estas premisas declara como discriminatorio y contrario a las normas comunitarias una disposición del sistema de Seguridad Social de Francia que otorga a los funcionarios, con aplicación en la pensión de jubilación, una bonificación de cuatro trimestres por hijo (tiempo que se considera como cotizado), siempre que como consecuencia de su cuidado se haya interrumpido la actividad por un periodo no inferior a dos meses, al entender que dicha regulación, aparentemente neutra, beneficia mayoritariamente a las funcionarias, frente a los funcionarios.

• TJUE. Libre circulación de trabajadores. Concepto de trabajador.
• TC. Pensión de viudedad. Parejas de hecho homosexuales.
• TS. Convenios colectivos. Plus de vestuario. Trabajadores a tiempo parcial.
• TS. Tutela de derechos fundamentales. ETB. Huelga general de 14 de noviembre de 2012. Sustitución de trabajadores huelguistas.
• TS. Supermercados Champion. Despido nulo. Vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal. Utilización por la empresa de cámaras de vídeo-vigilancia para sancionar a una trabajadora por el incumplimiento de sus obligaciones laborales.
• TS. Despido colectivo. Procedencia. Criterios de selección de los trabajadores afectados.
• TS. Despido colectivo. Trabajadores que entre la fecha de notificación de la carta de despido –donde la empresa no pone a su disposición la indemnización legal– y la de la efectividad del mismo (dos semanas) tienen concedida licencia retribuida de exoneración de prestación de servicios.
• TS. Subsidio para mayores de 52 años. Obligación del beneficiario de solicitar y comunicar la baja en la prestación cuando se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción.
• AN. Despido colectivo. Acción ejercitada por la propia empresa para que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva. Legitimación pasiva.
• TSJ. Pacto de no competencia poscontractual. Empresa que reconoce en el acto de conciliación la improcedencia del despido del trabajador, mejorando la indemnización para el caso de que durante un máximo de seis meses se mantenga ininterrumpidamente en situación legal de desempleo.
• TSJ. Trama de los ERE irregulares en Andalucía. Mercasevilla. Reclamación por los herederos de un trabajador de la diferencia pendiente de percibir de la indemnización establecida en el acuerdo aprobado en el ERE de 2007.
• TSJ. Despido colectivo. Falta de puesta a disposición de la indemnización debida.
• TSJ. FOGASA. Falta de resolución expresa. Silencio positivo. Solicitud de pago de prestaciones por dos trabajadores en virtud de sendas certificaciones globales emitidas por el administrador concursal, donde no se desglosaban ni conceptos ni períodos adeudados.
• TSJ. RETA. Incapacidad permanente total (IPT). Incompatibilidad del complemento de pensión de incapacidad permanente total del 20 % con el mantenimiento de la titularidad del negocio.
• JS. Reducción de jornada por cuidado de hijo. Concreción horaria diaria.
• AP. Gran invalidez. Inembargabilidad del complemento para ayuda por tercera persona.

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por amplia mayoría el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Navarra contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, cuenta con el voto particular de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Luis Ignacio Ortega y Adela Asua, esta última, Vicepresidenta del Tribunal.

Un juzgado de Éibar, en Guipúzcoa, ha negado el subsidio por desempleo a dos terroristas excarcelados por no cumplir los requisitos que establece la Ley General Penitenciaria, es decir, una “declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito”

• SJS de Éibar de 8/7/2014.

Autor: Comunicación Poder Judicial