Jurisprudencia

TS. Bankia, S.A. Despido colectivo. Requisitos de la notificación del cese a los trabajadores individuales.
TS. Despido objetivo. Causas económicas. Despido que no se comunica por escrito a los representantes de los trabajadores, procediendo la empresa a la entrega de las cartas de cese en presencia de un miembro del comité de empresa que suscribe las mismas.
TS. Conflicto colectivo. Grupo Coca-Cola. Impugnación de las medidas de flexibilidad interna (movilidad geográfica, modificación sustancial e inaplicación de convenio), ofrecidas como alternativa voluntaria al despido, de los trabajadores que las aceptaron.
TS. Personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Plazo de prescripción de las faltas disciplinarias.
TS. Procedimiento concursal. Créditos de la TGSS contra la masa. Concurso del concurso.
TSJ. Teletrabajo. Concepto de hora extraordinaria cuando el trabajador realiza una parte del trabajo en su domicilio en la modalidad de trabajo a distancia haciendo uso de medios informáticos.
TSJ. Extinción de la relación laboral. Empresa con dos centros de trabajo, uno con 20 trabajadores y otro con 164. Despidos individuales efectuados en el primer centro que no llegan a 20 en un periodo de 90 días. Ámbito que debe servir a la calificación de despido colectivo cuando la empleadora lleva a cabo varias extinciones en un determinado periodo de tiempo: si la empresa en su conjunto y/o el centro de trabajo.
TSJ. Despido disciplinario. Contenido de la comunicación escrita de despido. Repartidor que alega un conocimiento insuficiente de los hechos imputados al no incluirse en la carta la identificación de los clientes con respecto a los cuales entiende la empresa se han cometido las irregularidades que desencadenaron el despido.
TSJ. Modificación del convenio: requisitos y límites. Acuerdo de la comisión paritaria de convenio colectivo de empresa no publicado en boletín oficial.
TSJ. La protección por desempleo. Trabajadora extranjera que comienza a prestar servicios por cuenta ajena sin permiso de residencia y trabajo, obteniéndolo antes de la extinción de la relación laboral. Solicitud de la prestación con una duración correspondiente a todo el periodo trabajado. Improcedencia.
TSJ. Incapacidad permanente total. Futbolista con lesiones graves en el pie izquierdo (tarsalgia crónica). Denegación de la pensión en vía administrativa al tener el deportista 34 años y hallarse próximo a la finalización de su contrato deportivo.
TSJ. Jubilación no contributiva. Reducción de la unidad económica de convivencia por ingreso en prisión de uno de sus miembros.

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El juzgado de lo Social número 1 de Castellón  ha confirmado la sanción impuesta por la Universitat Jaume I (UJI) a un profesor al que expedientó y sancionó por acosar sexualmente a una alumna.

La Universidad suspendió tres meses de empleo y sueldo al docente, al que consideró responsable de una falta muy grave.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 6 de Bilbao  ha acordado suspender el cierre cautelar de la discoteca Budha por superar el aforo permitido para permitir la continuación de la actividad empresarial, el mantenimiento de quince puestos de trabajo y los pagos a proveedores y a la Hacienda pública.

La reciente sentencia núm. 394/2015 del Juzgado de lo Social núm. 28 de Madrid ha declarado la existencia de relación laboral entre la empresa Imaginarium y trabajadoras contratadas en modalidad de becarias. Todo ello como consecuencia de una previa actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, en la que se constató cómo las interesadas realizaban las tareas de asesorar y atender a los clientes, explicar las características de los productos y su precio y, en su caso, finalizar la venta, aunque sin realizar operaciones de caja. También realizaban tareas de limpieza y ordenación de la tienda.

Dos derechos fundamentales del trabajador se ven concernidos cuando el empresario decide instalar, con independencia del modo (silente o conocido) y la finalidad (disciplinaria o de seguridad), un medio de captación y grabación de imágenes en el centro de trabajo: por un lado, el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y, por otro, el derecho a la protección de datos (art. 18.4 CE).

Con la reciente STC de 3 de marzo de 2016, recurso de amparo 7222-2013 (BOE de 8 de abril de 2016), lleva a cabo el Alto Tribunal una modificación en la interpretación del artículo 18.4 de la CE, concretamente en el aspecto relativo al «alcance de la información a facilitar a los trabajadores sobre la finalidad del uso de la videovigilancia en la empresa», es decir, si basta con informar al trabajador de forma general acerca de la existencia de esa captación y grabación de imágenes o, por el contrario, debe existir una información previa específica, en la que se haga mención detallada de la existencia y fines de la misma.

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TC. Derecho a la intimidad y a la protección de datos. Instalación de cámaras de vídeo-vigilancia en la empresa sin consentimiento ni conocimiento por parte de los trabajadores con la finalidad de llevar a cabo una función de control, ante la existencia de claros indicios de irregularidades cometidas en el desempeño de la relación laboral.
TS. Extinción de la relación laboral. Empleado de banca que es despedido por transgresión de la buena fe al ser imputado en la causa abierta en la Audiencia Nacional conocida como operación Emperador contra el blanqueo de capitales. Solicitud por el trabajador de la nulidad del despido por vulneración del derecho al honor y a la propia imagen.
TS. Prevención de riesgos laborales. Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
TS. Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo en virtud de póliza de seguros colectiva. Reclamación de indemnización de daños y perjuicios. Prescripción de la acción.
TS. Consideraciones sobre el accidente de trabajo. Infarto de miocardio que presenta síntomas en días anteriores sin impedir al operario acudir al trabajo.
TS. La protección por desempleo. Beneficiario del subsidio para mayores de 52 años que rescata tres planes de ahorro por los que obtiene un rendimiento de 15.433 euros, circunstancia que no comunica al SPEE.
TS. Ejecución definitiva. Sentencia firme de despido improcedente con opción empresarial por la readmisión. Interpretación del artículo 278 de la LRJS.
TSJ. Reducción de jornada de común acuerdo a trabajador que ya prestaba servicios a tiempo parcial. Abono por error del salario en la cuantía percibida antes de la reducción de jornada durante un año y cinco meses. Reclamación de cantidad efectuada por la empleadora. Improcedencia.
TSJ. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Empresa que extingue el contrato por no superación del periodo de prueba de un año a los 11 meses de formalizarlo. Extinción ajustada a derecho.
TSJ. Sucesión de Contratas. Adjudicaciones sucesivas, por una Administración Foral, de contratos de servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras de la red de interés preferente y básica, en determinadas comarcas. Subcontratación por la primera adjudicataria de la ejecución de algunos de los trabajos encomendados. Negativa de la segunda adjudicataria a subrogarse en el contrato de un trabajador de la subcontratista.
TSJ. Sector de transporte por carretera. Despido objetivo. Grupo de empresas patológico. Elección de trabajadores con los salarios más elevados que, al mismo tiempo, coinciden en ser los de mayor edad y antigüedad. Subrogación de una empresa a otra respecto de trabajadores con menor salario que vienen a sustituir a los posteriormente despedidos.
TSJ. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Responsabilidad civil de empresa de servicios de prevención por daños derivados de la deficiente o incorrecta prestación de la actividad contratada de vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.
TSJ. Incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo. Incompatibilidad con una incapacidad permanente absoluta reconocida posteriormente derivada de enfermedad común. Derecho de opción.

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que rechazó la demanda interpuesta por los sindicatos contra las medidas de flexibilidad interna -movilidad geográfica, modificación sustancial e inaplicación de convenio- ofrecidas por Coca Cola a los trabajadores como alternativa voluntaria al despido colectivo de 2014.

Desde la fecha del establecimiento del RETA, los profesionales que para el ejercicio de su actividad requerían su colegiación, han venido teniendo una situación peculiar respecto de su encuadramiento en el mismo, pasando desde una fase de prohibición a otra de incorporación voluntaria, pero colectiva para todos los profesionales de la misma actividad, y a una última de encuadramiento individual y obligatorio, salvo que el Colegio Profesional mantuviese una Mutualidad de Previsión Social que hubiese resultado, en su momento, de incorporación obligatoria, en cuyo caso el interesado mantenía la opción entre afiliarse y/o darse de alta en el RETA o seguir incorporado a la Mutualidad correspondiente que, a efectos del sistema de la Seguridad Social, pasaba a configurarse como una Mutualidad alternativa.

En el caso de que, en el último supuesto señalado, el interesado optase por afiliarse y/o darse de alta en el RETA, pero manteniendo su incorporación en la Mutualidad, surgía la duda de si, una vez cesada la actividad y reconocida la pensión de jubilación en dicho Régimen Especial, cabía la percepción de dicha pensión y el ejercicio profesional, con el mantenimiento de pertenencia a la Mutualidad colegial, dada la naturaleza de Mutualidad alternativa y complementaria.

Esta problemática es resuelta, de forma negativa, en la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (STS), de 2 de marzo de 2016 (rec. núm. 1857/2014), comentada a continuación por D. José Antonio PANIZO ROBLES, para la que, una vez efectuada la opción de afiliación y/o alta en el RETA, por parte de un profesional colegiado (en el supuesto enjuiciado, un abogado), la baja en dicho Régimen Especial no procede cuando se mantiene la actividad profesional en función de la cual se produjo el encuadramiento en el RETA, con independencia de que, simultáneamente el interesado también estuviese encuadrado en la Mutualidad alternativa, sin que, en consecuencia, pueda compatibilizarse la pensión de jubilación de Seguridad Social con la realización de la actividad por cuenta propia.

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