Jurisprudencia

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por Liberbank y el Banco de Castilla la Mancha contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el acuerdo alcanzado por la empresa y los sindicatos CCOO y UGT, el 25 de junio de 2013, sobre medidas de flexibilidad interna y obligó a reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a su aplicación.

La Sala concluye en su sentencia que la regla general es la jubilación a los 65 años y la excepción, la prolongación en el servicio hasta los 70 años. Dicha prolongación en el servicio se produce por razones de interés general y en función de las necesidades de la organización articuladas en un plan de ordenación de recursos humanos siendo necesaria la autorización por el servicio de salud correspondiente.

TJUE. Contratos de trabajo de duración determinada. Igualdad de trato y no discriminación. Personal eventual. Negativa a conceder trienios.
TC. Jubilación e incapacidad permanente. Reglas de integración con la base mínima. Trabajadores contratados a tiempo parcial. Discriminación indirecta por razón de sexo.
TS. Prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la salud. Tragsa. Empresa que establece la obligatoriedad de someterse a reconocimientos médicos a los trabajadores que prestan una labor de prevención y extinción de incendios.
TS. Encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto de Salud Carlos III. Suscripción de contrato por obra o servicio determinado en el que consta como causa la vigilancia epidemiológica de la infección por VIH. Alegada insuficiencia presupuestaria y/o de reorganización del departamento ministerial encomendante titular de la competencia objeto de la encomienda que genera que el organismo administrativo encomendado extinga los contratos de trabajo con anterioridad a la finalización del periodo pactado. Despido improcedente.
TS. Despido objetivo declarado improcedente por defectos de forma. Trabajador que antes de ser cesado vio suspendido su contrato durante cuatro meses en virtud de ERE. Reconocimiento de la prestación por desempleo aunque con descuento de los días consumidos durante la suspensión autorizada de la relación laboral.
TS. La protección por desempleo. Determinación del porcentaje de parcialidad aplicable a las cuantías mínima y máxima de la prestación contributiva cuando la última relación laboral fue a tiempo parcial, existiendo otra anterior a tiempo completo.
TS. Gran invalidez. Cálculo del complemento destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda.
TS. Viudedad. Acreditación del requisito de existencia de pareja de hecho a los efectos de reconocimiento de la pensión cuando el hecho causante acontece tras la entrada en vigor de la Ley 40/2007.
AN. Conflicto colectivo. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Entidad bancaria cuyo Convenio de empresa fija un único grupo profesional y amplía las facultades empresariales en orden a la gestión de los recursos humanos en materia de plantillas, movilidad y puestos de trabajo.
TSJ. Patrimonio Nacional. Imposición por la empresa a las guías de la obligación de vestir uniforme compuesto de falda corta, blusa y calzado de tacón alto, cuando los trabajadores masculinos disponen de calzado plano, sus camisas no se transparentan y usan pantalones.
TSJ. Ultraactividad y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
TSJ. Jubilación. Responsabilidad empresarial por infracotización.

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad; la impugnación afecta a tres preceptos (arts. 8, 27 y 28) que modifican el régimen de permisos y vacaciones de los funcionarios públicos, los horarios comerciales y de apertura en domingos y festivos y el sistema de promoción de ventas mediante rebajas, saldos o liquidaciones.

Siguiendo con el contenido de otras colaboraciones en esta Sección, don José Antonio PANIZO ROBLES comenta en el documento adjunto algunas sentencias, dictadas recientemente por la Sala 4ª (de lo Social) del Tribunal Supremo, con incidencia en el ámbito de diferentes prestaciones de Seguridad Social como son la determinación del complemento de gran invalidez, la aplicación del cuadro de enfermedades profesionales en algunas actividades por cuenta propia o con relación al acceso a la pensión de viudedad en los supuestos de convivencia de hecho.

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 11 de mayo de 2015, reconoce el derecho de un ciudadano a solicitar el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita en un recurso en segunda instancia, a pesar de que no solicitó la Justicia Gratuita al iniciar el procedimiento judicial.

El Alto Tribunal interpreta el art. 8.2 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita. En este artículo se regula un supuesto especial, como es el que un ciudadano se vea obligado a solicitar el beneficio de justicia gratuita para actuar en segunda instancia de un proceso no habiéndolo necesitado en primera.

No obstante, no debe imposibilitarse o dificultarse excesivamente el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar.

Una Directiva de la Unión establece los requisitos para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar del que disponen los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros.

Iniciamos el artículo con una sentencia¹ que nos ha parecido curiosa por cuanto analiza, en sede judicial, una práctica conocida como “solicitar los papeles del paro” por parte del trabajador a la empresa. En el caso analizado la trabajadora presenta su dimisión en la empresa pero solicitando al empleador que le prepare la documentación necesaria con objeto de lucrar la prestación por desempleo, siendo denegada por el empresario (notario), que se niega a realizar tal irregularidad por constituir un ilícito fraudulento². Ante ello la trabajadora obtiene una baja médica con objeto de no ir a trabajar, procediendo el empresario a despedirla disciplinariamente. La Sala, que admite esta práctica como asidua, considera la conducta de la trabajadora como maliciosa muy grave, por lo que procede a declarar la procedencia del despido.