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El pasado 5 de enero se dio noticia en esta página de la publicación del Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que, a partir del próximo 1 de abril, se suprime la obligación de los facultativos médicos de entregar a los trabajadores una copia en papel de sus partes médicos de baja, confirmación y alta con destino a la empresa y, por tanto, la desaparición de la obligación que hasta ese momento les atañe de entregarla a la empresa en un plazo determinado. Desde entonces, será la administración quien directa y puntualmente comunique a la empresa la expedición de los partes, incumbiendo a la empresa la transmisión a aquella de los datos adicionales que sean necesarios para gestionar la prestación por incapacidad temporal (IT) y la compensación, en su caso, de lo abonado en pago delegado.

Como consecuencia de este cambio, la Orden ISM/2/2023, de 11 de enero (BOE de 13 de enero), con entrada en vigor el mismo 1 de abril, modifica el articulado y los modelos de partes médicos contenidos en la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, para adaptarlos a la nueva regulación.

En el BOE del 11 de enero, se ha publicado el Real Decreto-Ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

La primera norma de extraordinaria y urgente necesidad del año que acabamos de iniciar dice acometer una «reforma estructural» y prevé una demora de su entrada en vigor hasta el 1 de septiembre de 2023, vacatio legis que «resulta necesaria para posibilitar, junto con el conocimiento material de la norma, la adopción de las medidas de gestión imprescindibles para su aplicación, además de constituir una exigencia básica del principio de seguridad jurídica».

Sin perjuicio de ir ofreciendo un resumen de todo su contenido, atenderemos, en esta primera «entrega», a las modificaciones contenidas en este real decreto-ley cuya entrada en vigor es inmediata para, próximamente, dar cuenta de aquellas que lo harán el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de septiembre de este año.

En el BOE del 5 de enero se ha publicado el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Los cambios introducidos, con el fin de agilizar trámites y eliminar obligaciones burocráticas, entrarán en vigor el 1 de abril de 2023 y se aplicarán tanto a los procesos de incapacidad temporal (IT) nuevos, como a los que en ese momento se encuentren en curso y no hayan superado los 365 días de duración.

Conforme a la Resolución de 3 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Seguridad, desde el 4 de enero (fecha de su publicación en el BOE) hasta las 24:00 horas del 15 de febrero de 2023, se denegará la entrada, por motivos de salud pública, a toda persona nacional de un tercer país llegada a cualquier aeropuerto de España, en vuelos directos desde aeropuertos situados en China que, previa comprobación por las autoridades sanitarias, no cumpla con los requisitos documentales establecidos en el apartado tercero de la Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada a España a los pasajeros procedentes de la República Popular China.

Conforme a las previsiones constitucionales, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (LPGE 2023) y, con ellos, el propio contenido normativo que les da soporte.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal y, dentro de ellos, los correspondientes a los organismos que gestionan la Seguridad Social.

La Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, publicada en el BOE del 30 de diciembre y con efectos a partir del día siguiente,  amplía las medidas adoptadas en la Resolución de 15 de abril de 2020, que también se aplicaron durante 2021 y 2022, a las acciones formativas que se programen durante 2023, con cargo al crédito de formación del que disponen las empresas durante dicho ejercicio. Asimismo, mantiene la extensión de estas medidas a los permisos individuales de formación que se soliciten durante el ejercicio 2023.

La Orden ISM/1302/2022, de 27 de diciembre (BOE de 29 de diciembre), regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2023.

En el marco de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (art. 39), y de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (título VIII), reformado por el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, se aprueba la orden que fija los cauces destinados a cubrir las vacantes en las que, en atención al resultado del análisis de la situación nacional de empleo, se requiere la contratación de trabajadores extranjeros en origen.

En el BOE de 29 de diciembre de 2022, se ha publicado el Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, que modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (Reglamento del IRPF).

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 ha incrementado, con efectos desde 1 de enero de 2023, la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo en los siguientes importes: