El Real Decreto-Ley 16/2021, de 3 de agosto (publicado y en vigor el 4 de agosto), prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 algunas de las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, que expiraban el 9 de agosto. En concreto, las afectadas son las siguientes:
En el BOE de hoy se ha publicado el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021.
Al final de la norma se encuentra la distribución de las plazas dividida en los anexos como sigue:
La Orden PCM/755/2021, de 16 de julio (BOE de 17 de julio),prorroga la eficacia de las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, limitando los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles desde las 00:00 horas del día 20 de julio de 2021 (hora peninsular) – momento en que expira la Orden PCM 692/2021, de 30 de junio– hasta las 00:00 horas del día 3 de agosto de 2021 (hora peninsular).
El Real Decreto 507/2021, de 10 de julio (BOE y entrada en vigor el 12 de julio), reestructura los departamentos ministeriales modificando los artículos 1, 5 y 13 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero. Función pública deja de acompañar como hasta ahora al Ministerio de Política Territorial para pasar a formar parte del nuevo Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Por su parte, el Real Decreto 508/2021, de 10 de julio (también publicado y en vigor el 12 de julio), reorganiza las vicepresidencias del Gobierno reduciéndolas de cuatro a tres y derogando el Real Decreto 3/2020, de 12 de enero.
En la relación de ceses y nombramientos que se contienen en el BOE del 12 de julio, y a cuya consulta remitimos, destacamos el cese de doña Yolanda Díaz Pérez, Ministra de Trabajo y Economía Social, como Vicepresidenta Tercera del Gobierno y su nombramiento como Vicepresidenta Segunda.
La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, publicada en el BOE de hoy (10 de julio) y con entrada en vigor el 11 de julio (con la excepción que se indicará), es el resultado del paso por el Parlamento del Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre. Los cambios, relacionados a continuación, son puntuales y la concreción de algunos de ellos, sumados a los que tantas dudas siguen planteando en la práctica, continuarán encomendándose al buen hacer de la negociación colectiva y a la intervención, en caso de conflicto, de jueces y tribunales.
En el BOE de hoy se ha publicado Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de garantizar que las Administraciones Públicas inicien una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura de la temporalidad en el empleo público, a fin de situar la tasa de cobertura temporal por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.
Para iniciar el resumen de la norma es necesario reseñar la importante incidencia que la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, tiene en el ordenamiento jurídico español y, por tanto, en la evolución de la jurisprudencia y , por tanto, en esta norma que analizamos en la que se destaca , en su preámbulo, la preeminencia de la contratación indefinida como «forma más común de relación laboral». La cláusula 5.ª del Acuerdo Marco prevé la adopción de medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de nombramientos temporales, si bien esta cláusula no tiene efecto directo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha insistido en que la determinación del abuso corresponde a los jueces nacionales y que la aplicación de las soluciones efectivas y disuasorias dependen del Derecho nacional, instando a las autoridades nacionales a adoptar medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar un eventual uso abusivo de la temporalidad. ( Para facilitar su estudio adjuntamos al final del artículo jurisprudencia y artículos relevantes en la materia).
En el BOE del 3 de julio se publica la Orden ISM/707/2021, de 24 de junio, por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas de Seguridad Social previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en las comunidades autónomas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil como consecuencia de la borrasca «Filomena».
