Legislación Estatal

La Orden INT/420/2021, de 29 de abril (BO de 30 de abril), modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, sobre criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la UE y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para:

• Prorrogar sus efectos hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2021.

• Excluir de la obligación de someterse a cuarentena a determinadas personas.

El Consejo de Ministros adoptó en su reunión del 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. A este acuerdo se le da publicidad en el BOE del 30 de abril a través de la Resolución de 29 de abril de 2021 de la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El plan deberá ser evaluado por parte de la Comisión Europea en un plazo máximo de dos meses.

El Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril (en adelante, RDL), publicado en el BOE del 28 de abril, incorpora al derecho español, entre otras, la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.

La Orden PCM/378/2021, de 22 de abril (BOE de 23 de abril), publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2021, por el que se prorroga el de 2 de febrero de 2021, que establece medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, limitando los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

A tal efecto, se mantienen las restricciones desde las 00:00 horas del día 27 de abril de 2021 (hora peninsular) –momento en que expira la Orden PCM 324/2021, de 7 de abril–  hasta las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2021 (hora peninsular).

La Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril (BOE de 23 de abril), deroga el artículo del Código Penal que castiga con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses a quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionaran a otras personas a iniciar o continuar la huelga.

La derogación del precepto afectado, artículo 315.3 del Código Penal, enmarcado en el título relativo a los delitos contra los derechos de las personas trabajadoras, entra en vigor el 24 de abril.

Tras su aprobación en Consejo de Ministros del 20 de abril, se publica en el BOE del 21 de abril el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19.