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El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y la Economía de los Cuidados en el que se invertirán un total de 808 millones de euros entre 2022 y 2026.

En esta iniciativa, que cuenta con aportaciones de los fondos Next Generation, participan un total de 13 ministerios con el objetivo de impulsar políticas palanca que permitan la expansión de la Economía Social, además de la transformación de la Economía de los Cuidados, ámbitos en los que se puede generar empleo de calidad y estable, así como un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible, que combate la despoblación rural y fomenta la igualdad de género.

Faltan profesionales para determinadas profesiones, pero el paro en nuestro país, a pesar de reducirse, se mantiene en tasas elevadas. En marzo de este año la tasa de paro en España era del 13,4%, mientras que en el cuarto trimestre de 2021 teníamos 109.191 empleos sin cubrir, lo que supone un incremento del 43,6% con respecto al mismo periodo de 2020.

Una de las ponencias del Foro Económico Mundial de este año versó sobre la necesidad de acelerar la reconversión profesional, ya que los mercados laborales se encuentran en una transformación constante y muchos son los trabajos que desaparecerán en los próximos años. Sin embargo, esta destrucción de puestos de trabajo no necesariamente tiene que ser negativa, ya que de las cenizas de los trabajos que desaparecerán eclosionarán nuevos empleos, principalmente relacionados con la digitalización, la tecnología y la transformación verde.

La OIT ha publicado la 9ª edición del informe que ofrece una visión global de cómo los países están afrontando una recuperación desigual del empleo, que se ha visto mermada por el impacto de acontecimientos como las recientes medidas de contención en China y la agresión rusa contra Ucrania. También analiza el endurecimiento de los mercados laborales y el reto del aumento de la inflación.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que permite modificar el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

De esta manera, se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, trasponiendo el contenido de la Directiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE actualizando su anexo III, para añadir los nuevos agentes de la directiva junto con su correspondiente valor límite.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2022 compuesta por un total de 44.787 plazas, cifra que supone el mayor refuerzo de la plantilla de la Administración General del Estado en toda su historia.

En esta oferta se suman las plazas de la OEP ordinaria y los puestos de la oferta de estabilización. Con esta última, la Administración General del Estado cumple con la ley para la reducción de la temporalidad, promovida por el Ejecutivo y aprobada a finales del año 2021 por el Congreso de los Diputados y que a su vez es un compromiso adquirido con la Comisión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Si la mayor parte de los empleados de una empresa trabajan en «modo supervivencia», la empresa no contará con recursos humanos preparados para innovar y adaptarse a los cambios, por lo que languidecerá hasta su extinción.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de mayo de 2022.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030. La estrategia está concebida como una hoja de ruta ambiciosa y posibilista, para que el Estado español, a través de sus administraciones y poderes públicos, contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias. Con esta estrategia España sigue la estela de la Unión Europea, que acaba de adoptar un marco similar para el periodo 2021-2030. Estas dos herramientas convertirán la inclusión en una política comunitaria y también en una política de estado.