Legislación

La Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, publicada en el BOE del 30 de diciembre y con efectos a partir del día siguiente,  amplía las medidas adoptadas en la Resolución de 15 de abril de 2020, que también se aplicaron durante 2021 y 2022, a las acciones formativas que se programen durante 2023, con cargo al crédito de formación del que disponen las empresas durante dicho ejercicio. Asimismo, mantiene la extensión de estas medidas a los permisos individuales de formación que se soliciten durante el ejercicio 2023.

La Orden ISM/1302/2022, de 27 de diciembre (BOE de 29 de diciembre), regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2023.

En el marco de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (art. 39), y de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (título VIII), reformado por el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, se aprueba la orden que fija los cauces destinados a cubrir las vacantes en las que, en atención al resultado del análisis de la situación nacional de empleo, se requiere la contratación de trabajadores extranjeros en origen.

En el BOE de 29 de diciembre de 2022, se ha publicado el Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, que modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (Reglamento del IRPF).

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 ha incrementado, con efectos desde 1 de enero de 2023, la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo en los siguientes importes:

El Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre (BOE y entrada en vigor el 28 de diciembre), de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, recoge diferentes medidas (vid. medidas fiscales en fiscal-impuestos.com y otras medidas en civil-mercantil.com), destacándose, por lo que afecta a nuestro ámbito –vid. Panizo Robles en su estudio en abierto–, las siguientes:

En el BOE del 28 de diciembre se publica el Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023, con efectos económicos desde el día 1 de enero de 2023.

De acuerdo con lo previsto en el título IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, este real decreto establece una revalorización general de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del Estado, del 8,5 por ciento.

La Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas (BOE de 24 de diciembre), modifica en su disposición final duodécima, el campo de aplicación del sistema especial de trabajadores por cuenta agrarios volviendo a la redacción originaria (art. 324 LGGS), que había sido modificado por los RDL 15/2020, de 21 de abril y 19/2020, de 26 de mayo.

La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso (BOE de 23 de diciembre), modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con varios apartados sobre diferentes materias, la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

La Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de startups, se ha publicado en el BOE del 22 de diciembre y entra en vigor el 23 de diciembre.

Esta ley incorpora un conjunto de medidas fiscales, mercantiles, civiles y, por lo que a nuestro ámbito importa, laborales, reduciendo los obstáculos a la creación y crecimiento de estas empresas emergentes, en particular los atinentes a las cargas sociales y fiscales, las exigencias del derecho mercantil y los trámites burocráticos; promoviendo la inversión en innovación, impulsando los instrumentos públicos para ello y reforzando la colaboración público-privada. Por otra parte, busca favorecer el establecimiento en España de emprendedores y trabajadores de este tipo de empresas, así como de los «nómadas digitales», esto es, de los trabajadores a distancia de todo tipo de sectores y empresas.